La redención del Poder Judicial peruano
Luis XIV
En 1667, Luis XIV emitió la Ordonnance Civile (el llamado “Code Louis”) donde prohibió a los Parlamentos –Poder Judicial francés del Ancien Régime y funcionarios reales– interpretar la ley y dispuso castigar con la nulidad cualquier tipo de desviación formal. Varios siglos después, en 2004, Hugo Chávez dispuso aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo venezolano, pasando a tener de 20 a 32 miembros, logrando una mayoría oficialista. Hace algunos días, Ollanta Humala, en el marco de un proceso competencial, le pidió al Tribunal Constitucional que suspenda dos resoluciones en ejecución de una sentencia que ordenaban entregar dinero para el sueldo de los jueces, y lo hizo a pesar que la Constitución le obliga expresamente a cumplir con las decisiones judiciales.
Salvadas las diferencias entre los años y tipos de regímenes, ¿en qué se parecen estos tres hechos? Muy simple: en un perenne intento del Ejecutivo de controlar al Judicial. Además de tener un intenso trasfondo histórico, esta confrontación siempre implicó, en realidad, un perverso y abyecto propósito de concentración del poder político y de dejar a los gobernados sin posibilidad de oposición y lucha.
Ello ha sido y sigue siendo así porque un Judicial independiente y eficiente, además de ofrecer la máxima protección a los ciudadanos, resulta ser el mayor estorbo para cualquier gobierno que pretenda imponer su voluntad. De ahí que éste anhele un Judicial manso, débil, mermado, indolente ante los abusos contra la población. Y una forma clásica de hacerlo no sólo es pulverizándolo de una forma tan vulgar como lo hizo Fujimori en 1992, sino también impidiendo su correcto desempeño utilizando un arma poderosísima: el presupuesto. Hoy en día es claro que el control económico llega a ser más eficiente que el político; inclusive lo condiciona.
Dicen que la pita se rompe por el lado más débil, y el Judicial peruano siempre lo ha sido. No obstante, esta es una oportunidad para cambiar la historia; llegó el momento que el Poder Judicial peruano libre una cruenta batalla por su redención. Y es que el sueldo que los jueces merecen como los funcionarios públicos más importantes del país también concierne a todos, porque si nuestro Judicial no es independiente ni funciona bien, la esperanza de construir un país mejor no tiene cómo surgir.
A fojas cero 