Jóvenes peruanos: ¡indignaos!

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Foto: Paolo Aguilar, EFE

Foto: Paolo Aguilar, EFE

Artículo publicado el 6 de agosto en Consulta Previa.

Hace algunas semanas los peruanos fuimos testigos de unas protestas callejeras en Brasil sin parangón. Los brasileños salieron a las calles día tras día, entre otras cosas, reclamando servicios públicos de primera calidad, condenando la galopante corrupción que es moneda corriente en ese país y quejándose airadamente por los desmedidos gastos del gobierno por causa de la Copa del Mundo. El aumento de veinte centavos del pasaje del transporte público fue apenas fue la gota que derramó el vaso ¿El resultado? Dilma Rousseff bajó las revoluciones, dijo que había que escuchar la voz del pueblo, convocó reuniones con los líderes de la protesta, prometió que los ingresos del petróleo se dirigirían exclusivamente a la educación, y hasta llegó a proponer un ultra-populista referéndum con vista a modificar la Constitución para así lograr una reforma política (léase: que el pueblo le quite algunos privilegios a los políticos).

En nuestro país tuvo que ocurrir una repugnante repartija de varios de los cargos más importantes de nuestro sistema jurídico para que, de una vez por todas y con una convocatoria en tiempo récord, miles de peruanos tomen las calles del Cercado de Lima gritando, de forma unísona: “¡basta!”. Pero no sólo ello. Rápidamente pudo advertirse que la repartija, al igual que los veinte centavos en Brasil, fue la gota que derramó el vaso: los peruanos protestaron por la forma de hacer política, por la sinvergüencería y desfachatez de los congresistas, por las promesas incumplidas del Presidente. Con gran energía, los indignados peruanos alzaron su voz. ¿El resultado? Los autores del latrocinio dieron marcha atrás y deshicieron todo lo hecho. Por su parte, los autores intelectuales (léase, Ollanta Humala y su esposa) se lavaron alegremente las manos.

Ya no se trató de una huelga de un gremio de trabajadores, de esas a las que estamos tan acostumbrados. Tampoco fue un olvidado pueblo de la sierra o selva cuyas tierras estaban siendo injustamente expropiadas. Ahora ­fueron jóvenes –en su mayoría de clase media– que, al congregarse para decirle “no a la repartija”, a la vez que expresaron su repudio a los tejes y manejes de los congresistas, también defendieron la institucionalidad del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, órganos cuyo rol en la preservación del sistema democrático es más que importante. Así, se recriminó a los miembros de la clase política, recordándoles que ellos tan sólo detentan temporalmente el poder, pero que de ninguna manera les pertenece. Ellos son representantes, cumplen un encargo y están en la obligación de ejercitarlo correctamente.

Pero también fue un claro mensaje para los jóvenes del ayer, esos que casi ni se inmutaron cuando, en 1992, fue aniquilado, una vez más en nuestra historia, el orden constitucional. Allí casi todos aplaudieron: al fin y al cabo, la inflación y el terrorismo así lo ameritaba, se pensó; de ahí que la permuta de seguridad y mano dura por una nueva dictadura se vio como un buen negocio.

Y nada distinto ocurrió en 1998, cuando tres jueces del TC, por proteger la Constitución contra una ley abiertamente inconstitucional (la famosa ley de interpretación auténtica que autorizaba un tercer mandato de Fujimori), fueron sometidos a un cobarde proceso de acusación constitucional –promovido y perpetrado por muchos de los que, aún hoy, hacen leyes en nuestro país– y, finalmente, fueron echados. Por eso es que, al reclamar candidatos idóneos para el TC, los jóvenes de hoy también le dan un mensaje fulminante al fujimorismo al defender al mismo órgano que fue vilmente mermado.

Y, finalmente, el mensaje también llegó a Palacio de Gobierno, donde la pareja presidencial no sólo se preocupa por trabajar por el país, sino también maquina juegos y ardides políticos para, quizá, no ser importunados en su labor y en sus futuros planes. Y qué mejor que controlar el TC y la Defensoría, precisamente los órganos que más obstáculos les podría colocar. Pero ahora están advertidos porque los jóvenes indignados están atentos a cualquier maniobra, y ya demostraron que en cuestión de pocas horas pueden organizar una tumultuosa protesta, sin que los gases lacrimógenos sean suficientes para acallar el sentir popular.

No queda más que alentar, por tanto, a aquellos que vieron, curiosos, la valiente defensa de nuestra democracia por televisión: ¡indignaos!

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Una gran lección de decencia

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Francisco Eguiguren

Francisco Eguiguren (foto: La Mula)

Artículo publicado el 23 de julio en Consulta Previa.

Cuando todos pensábamos que la inmoralidad con que fueron escogidos los miembros del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo ya no tenía vuelta atrás. Muchos de los candidatos ya elegidos –comenzando por Francisco Eguiguren y seguido por Ernesto Blume, dos juristas con pergaminos para integrar el TC– propinaron a nuestros congresistas una ejemplar lección de decencia y ética. Además de decir “mis principios morales no me permiten integrar este Colegiado”, también dijeron “señores del Congreso, hagan bien su trabajo de una vez por todas”.

Esta actitud fue secundada por otros candidatos elegidos que tuvieron que subirse al barco para no quemarse ante la opinión pública. Sea como fuere, felizmente aún tenemos personas capaces de renunciar al poder y a la necesidad de congraciarse con el partido, a diferencia de nuestros “Padres de la Patria”, para quienes la institucionalidad del país está lejos, muy lejos de ser una prioridad.

Pero si la bien llamada “repartija” fue un escándalo de proporciones gigantescas, la indignación es aún mayor cuando se verifica que los autores (directos e intelectuales) de esta vergüenza se lavaron las manos sin mayores problemas, comenzando por el Presidente de la República. Sería ingenuo pensar que Ollanta Humala (rectius: su mujer) no fue pieza clave en esta descarada distribución de los cargos públicos, con el único objetivo de tener a Mayorga y a Galindo en el TC. Poco le importó que, por ejemplo, ellos tengan que compartir una mesa con Rolando Sousa (cara visible del régimen que él se vanaglorió de combatir), o que la Defensoría del Pueblo sea hipotecada a Perú Posible, en la imagen de Pilar Freitas. Pero después que el tema llegó a ser inmanejable, Humala fue el primero en pedir que ellos den un paso al costado, tratando de despercudirse políticamente, dando a entender que no tuvo nada que ver. Quizá engañó a varios. Pero no lo consiguió con muchos otros.

El ex presidente Alejandro Toledo tampoco se queda atrás. Después de defender a capa y espada a Freitas cuando el principal cuestionamiento era, precisamente, su filiación partidaria a Perú Posible, luego de la ola de renuncias (la de ella incluida) salió públicamente a exigir la elección de profesionales idóneos y una mayor responsabilidad por parte de los congresistas. Pero de Toledo no se puede esperar menos que comportamientos severamente contradictorios, un manejo descarado de las decisiones de su partido y una enorme dosis de inocultable mitomanía.

Mejor parados quedaron Alan García y Lourdes Flores. El primero por no aparecer como cabeza visible de la repartija política y porque el Apra estaba tratando de patear el tablero días antes de la elección. La segunda porque, de manera muy hábil, le cargó toda la responsabilidad a Raúl Castro, por ser el presidente del PPC y por haber tenido influencia en la decisión de los congresistas de su partido de apoyar la elección. Salvando las diferencias entre uno y otra, aquí se nota un manejo político más sagaz.

Sea como fuere, responsabilizar al Apra sería colocarle una raya más al obeso tigre de corrupción e inmoralidad que caracteriza a este partido, mientras que Alianza por el Gran Cambio hizo gala de una mayúscula indolencia, graficada en la confesión de Alberto Beingolea, en donde evidenció que más importante es “respetar el acuerdo político” (así haya sido un desastre) que el propio país. No fue sorpresa, por tanto, que los congresistas de esta bancada aparezcan junto a Ernesto Blume –candidato propuesto por ellos– cuando éste decidió no aceptar el nombramiento. De alguna manera tenían que limpiarse, pero tampoco lo consiguieron.

Sin embargo, la lección de decencia no sólo llegó desde la saludable abdicación de los candidatos. A pesar de que buena parte de la población, según la última encuesta de Ipsos, desconoce qué es exactamente lo que hace el TC, miles de personas alzaron su voz en las redes sociales y muchas otras se congregaron frente al Congreso para expresar su rechazo por la repudiable forma de hacer política. Y no sólo ello: ayer lunes también hubo un plantón para expresar el rechazo por esta insoportable cobardía de echarle la culpa a otros y no hacer una reflexión sincera y oportuna. Darle la espalda al país y a sus representados es moneda corriente entre los congresistas de la República; enmendar sus errores demostrando una decencia mínima y elemental no lo es.

Finalmente, después de muchos actos de esta tragicomedia que fue la elección de los jueces del TC y del Defensor del Pueblo, los legisladores tienen una nueva y valiosísima oportunidad para rectificarse, llegar a un auténtico acuerdo político y llevar a estas instituciones personas cuyo mérito y trayectoria académica pueda redundar en un beneficio para el Perú, y no para que Ollanta pueda gobernar sin que le hagan la vida imposible, o para que oscuros personajes (encarcelados o no) puedan verse favorecidos.

Para el bien de todos nosotros, ojalá nuestros congresistas hayan aprendido esta gran lección de decencia.

Nuevo episodio en la “telenovela Fujimori”

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Artículo publicado el martes 4 de junio en Consulta Previa.

Fujimori indulto

Foto: La Primera

Hace algunos días se suscitó un debate (otro más) que alimentó la trama de esa telenovela mexicana en que se ha convertido el pedido de indulto a favor del ex presidente Alberto Fujimori. Esta vez el rol protagonista lo desempeñó su abogado, César Nakazaki, quien afirmó que en base al “principio jurídico” de “quien puede lo más puede lo menos”, el presidente Humala podría no conceder el indulto y, en cambio, dar un arresto domiciliario. Se trataría, por tanto, de una solución intermedia y equitativa, el justo medio entre perdonar y no perdonar. Aristóteles y Salomón reivindicados.

Sin embargo, las esperanzas de los fujimoristas de ver a su adalid liberado por esta nueva maniobra retórica son en vano. La respuesta es simple: el ordenamiento jurídico no lo permite.

Lo primero que debe ser tomado en cuenta es que existe una regla expresa contenida en el artículo 139, inciso 2, segundo párrafo, de la Constitución (esa misma que Fujimori rubricó) donde se prohíbe a cualquier autoridad tener injerencia sobre la ejecución de las sentencias emitidas en ejercicio de la función jurisdiccional. Dentro del término “autoridad” también se encuentra, evidentemente, el Presidente de la República.

¿Por qué se habla de regla? Porque una regla es una norma que impone inmediatamente una prescripción de conducta, y cuando el legislador consagra reglas es porque quiere dotar de una inflexibilidad y rigidez especial la situación de hecho que se busca regular. Al contrario, un principio es una norma inmediatamente finalística que no establece los comportamientos que deben ser realizados. Eso no quiere decir que los principios no impongan una prescripción normativa: sencillamente ella no es inmediata, como sí sucede en el caso de las reglas.

A nivel constitucional, una regla prohibitiva cobra una relevancia trascendental, porque fue el propio constituyente quien dotó dicha prescripción de una rigidez que no puede ser ignorada por el intérprete. Y en el caso de la regla mencionada de nuestra Constitución, el ordenamiento jurídico peruano no permite que ninguno de los Poderes del Estado ni cualquier otro órgano perturbe la función jurisdiccional, porque es sólo ella la que tiene injerencia en la ejecución de una sentencia penal. Se trata, por tanto, de una solución anticipada y previsible en caso de un eventual conflicto de poder. Eso es lo que busca una regla: traer previsibilidad.

De esa manera, es poco más que evidente que el Presidente de la República no puede modificar la ejecución de una sentencia penal. Ello implica que no puede alterar el régimen penitenciario bajo el cual un sentenciado cumple su condena. No tiene la competencia constitucional para hacerlo. Si lo hiciese, debe ser acusado constitucionalmente.

No obstante, la Constitución le confiere la facultad de otorgar indultos. Dicha facultad, evidentemente, viene a ser una excepción a la prohibición de perjudicar la ejecución de sentencias judiciales. Más allá de estar o no de acuerdo con esta gracia presidencial por motivos ideológicos, históricos o prácticos, ésta se justifica por el solo hecho que la Constitución lo autoriza expresamente. Es parte de nuestro derecho positivo y tiene validez.

Entonces, cabe preguntar lo siguiente: ¿posee el Presidente de la República la competencia constitucional (implícita) de alterar el régimen penitenciario de un sentenciado, o sea, modificar la ejecución de su sentencia? Para Nakazaki sí la tiene, porque si Ollanta Humala tiene la facultad de otorgar el indulto (perdón de la pena) entonces también puede “ordenar” el arresto domiciliario. Quien puede lo más, puede lo menos. A eso se limita el raciocinio.

Sin embargo, este argumento es huérfano de sustento jurídico. En primer lugar, ¿cuál es el fundamento normativo de este “principio”? En otras palabras, ¿en qué texto se encuentra? Y si no hay texto expreso, es necesario decir de dónde viene y por qué: las normas no salen del éter. Aún más, ¿tiene ese “principio” rango constitucional? Si fuese una especie de los así llamados “principios generales del Derecho” es necesario fundamentar su constitucionalidad. De lo contrario, no es posible comenzar una conversación seria al respecto.

Pero no sólo ello: asumiendo que dicho “principio” sea constitucional (en mi opinión, ni siquiera es un principio), es necesario reflexionar si es lo suficientemente potente, en el caso concreto de Fujimori, para derrotar a la ya citada regla constitucional del artículo 139. Esto exigiría una poderosísima y robusta argumentación que, inclusive, podría no sería suficiente atendiendo a los fines que dicha regla pretende preservar: la separación de poderes, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho.

Por lo tanto, tengo la justificada sospecha de que este “justo medio” propuesto por Nakazaki, más que una opinión rigurosamente jurídica, no significó otra cosa que un episodio más de la telenovela política número uno del país, cuyo misterioso desenlace aún se sigue prolongando.

Atento lector, no se pierda los últimos capítulos.

La redención del Poder Judicial peruano

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Luis XIV

Luis XIV

En 1667, Luis XIV emitió la Ordonnance Civile (el llamado “Code Louis”) donde prohibió a los Parlamentos –Poder Judicial francés del Ancien Régime y funcionarios reales– interpretar la ley y dispuso castigar con la nulidad cualquier tipo de desviación formal. Varios siglos después, en 2004, Hugo Chávez dispuso aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo venezolano, pasando a tener de 20 a 32 miembros, logrando una mayoría oficialista. Hace algunos días, Ollanta Humala, en el marco de un proceso competencial, le pidió al Tribunal Constitucional que suspenda dos resoluciones en ejecución de una sentencia que ordenaban entregar dinero para el sueldo de los jueces, y lo hizo a pesar que la Constitución le obliga expresamente a cumplir con las decisiones judiciales.

Salvadas las diferencias entre los años y tipos de regímenes, ¿en qué se parecen estos tres hechos? Muy simple: en un perenne intento del Ejecutivo de controlar al Judicial. Además de tener un intenso trasfondo histórico, esta confrontación siempre implicó, en realidad, un perverso y abyecto propósito de concentración del poder político y de dejar a los gobernados sin posibilidad de oposición y lucha.

Ello ha sido y sigue siendo así porque un Judicial independiente y eficiente, además de ofrecer la máxima protección a los ciudadanos, resulta ser el mayor estorbo para cualquier gobierno que pretenda imponer su voluntad. De ahí que éste anhele un Judicial manso, débil, mermado, indolente ante los abusos contra la población. Y una forma clásica de hacerlo no sólo es pulverizándolo de una forma tan vulgar como lo hizo Fujimori en 1992, sino también impidiendo su correcto desempeño utilizando un arma poderosísima: el presupuesto. Hoy en día es claro que el control económico llega a ser más eficiente que el político; inclusive lo condiciona.

Dicen que la pita se rompe por el lado más débil, y el Judicial peruano siempre lo ha sido. No obstante, esta es una oportunidad para cambiar la historia; llegó el momento que el Poder Judicial peruano libre una cruenta batalla por su redención. Y es que el sueldo que los jueces merecen como los funcionarios públicos más importantes del país también concierne a todos, porque si nuestro Judicial no es independiente ni funciona bien, la esperanza de construir un país mejor no tiene cómo surgir.

El TC peruano y el proceso competencial: un cuento de nunca acabar

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Tribunal Constitucional peruano

I. Las actuaciones del Poder Judicial impugnables mediante proceso competencial

El Poder Judicial, entendido como órgano perteneciente al Estado, puede actuar básicamente de dos maneras: (1) ejerciendo la función jurisdiccional y (2) ejerciendo los poderes propios de la Administración Pública. Sobre lo último, en nada difiere a la forma cómo actúa una entidad administrativa, es decir, mediante actos administrativos u otras actuaciones tales como los llamados actos de administración interna. Inclusive en el marco de un proceso judicial, un juez puede emitir tanto actos jurisdiccionales como auténticos actos administrativos (piénsese, por ejemplo, en llamadas de atención del especialista, disposiciones para el archivero, etc.).

Esta nítida diferenciación es necesaria para entender qué tipo de actuaciones del Poder Judicial pueden ser materia de un proceso competencial, cuya causa es la existencia de un conflicto respecto de las competencias asignadas por la Constitución o las leyes orgánicas de aquel Poder del Estado u órgano que, eventualmente, las consideraría infringidas por el Judicial.

Este punto no escapó al legislador del Código Procesal Constitucional de 2004 cuando delimitó la regulación del proceso competencial. Dice el artículo 110: “El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artículo anterior adopta decisiones o rehuye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro” (cursivas agregadas). Nótese que la ley habla de actuaciones que, de hecho, se trata de un término muy genérico. No obstante, el artículo 111, primera parte, que se refiere a la medida cautelar que puede ser adoptada en el proceso competencial, es aún más claro: “El demandante puede solicitar al Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto”.

De ahí que la pregunta sea obvia: tratándose del Poder Judicial, cuando éste es demandado en un proceso competencial, ¿de qué disposición, resolución o acto se trata? ¿Será que cualquier tipo de actuación del Judicial puede ser materia de impugnación en un proceso competencial? ¿Podrá serlo, por ejemplo, una sentencia con autoridad de cosa juzgada? Aquí es donde se manifiesta la importancia de diferenciar los tipos de actuaciones que el Poder Judicial, como órgano estatal, puede adoptar.

No es posible negar que cualquier actuación del Poder Judicial, en teoría, podría implicar una afronta a las competencias de otros órganos. Lo puede hacer tanto el Consejo Ejecutivo mediante una resolución administrativa, una sentencia de un juez de primer grado en el marco de un proceso de cumplimiento, o una sentencia definitiva de la Corte Suprema en un proceso contencioso-administrativo. No obstante, ¿será verdad que cualquiera de dichos actos puede ser ventilado en un proceso competencial?

No, no lo es, porque el propio legislador de 2004 acabó por determinar exactamente qué tipo de actos de los Poderes u órganos susceptibles de ser parte pasiva en un proceso competencial pueden ser impugnados. Se trata del artículo 113, primer párrafo: “La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos” (cursivas agregadas).

La parte final del enunciado normativo es absolutamente esencial porque el legislador habla de actos administrativos, y no lo hace por casualidad. Si bien es verdad que esta disposición debió ser colocada en el artículo 110, pienso que la norma que se debe extraer de la interpretación de dicho enunciado no deja dudas: las disposiciones, resoluciones o actos impugnables solamente pueden ser actos administrativos y no actos legislativos ni mucho menos actos jurisdiccionales. La razón es que estos dos últimos tipos de actos de poder son tan particulares que el ordenamiento jurídico determina vías de impugnación muy especiales y precisas (es importante recalcar que esta posición ya fue expuesta convincentemente por Juan Monroy Gálvez en un artículo de hace algunos años atrás, que criticó duramente una sentencia del TC que distorsionó la naturaleza del proceso competencial).

Por su parte, es bueno tener en cuenta que el Código Procesal Constitucional no usa el concepto de acto administrativo en sentido técnico (como sí lo hace, por ejemplo, el artículo 1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General – LPAG), sino, en general, a actos producto del ejercicio del poder inherente a la Administración Pública.

Asimismo, a partir de un entendimiento correcto de nuestro ordenamiento jurídico, además de la interpretación ensayada en el párrafo anterior, debe concluirse que si un acto jurisdiccional es proferido en el contexto de un proceso civil, por ejemplo, se ataca a través de los medios legalmente previstos en el Código Procesal Civil, llámese reposición, apelación, casación o queja. De ninguna manera procede una injerencia del Tribunal Constitucional mediante el proceso competencial porque, tal como dice el artículo 139, inciso 2, segundo párrafo de nuestra Constitución, “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones (…), ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”.

En ese sentido, de ninguna manera puede entenderse lo contrario a partir del artículo 111, segunda parte, del Código Procesal Constitucional, que dice lo siguiente: “Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, éste podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional” (cursivas agregadas). Dos son las razones para esa conclusión: (1) la regla constitucional es clara, no admite ningún tipo de excepción, no permite al legislador infraconstitucional desarrollarla y, como es obvio, debe prevalecer; (2) la norma que proviene del enunciado transcrito faculta al propio juez o tribunal (con lo cual se descarta cualquier tipo de “orden” por parte del TC) a suspender el procedimiento, por ser lo más responsable, a fin de adecuar su futura decisión según lo que el TC resuelva.

De la misma manera, una sentencia con autoridad de cosa juzgada tiene muy vías específicas para su rescisión, puesto que se puede impugnar a través de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta (para el proceso civil y afines), revisión (en materia penal), amparo o hábeas corpus. De igual manera, el mismo artículo 139, inciso 2, segundo párrafo de la Constitución prohíbe a cualquier autoridad “dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada”, salvo las vías previstas por ley, agregaría yo.

De ahí que ya es posible responder la pregunta formulada: no toda actuación del Poder Judicial es impugnable a través del proceso competencial: únicamente lo será aquellos actos administrativos que supuestamente violen las competencias de otros Poderes u órganos atribuidas por la Constitución o por las leyes orgánicas.

II. Poder Ejecutivo vs. Poder Judicial: una vez más… el presupuesto

Todo lo dicho anteriormente, por desgracia, cae por tierra tras lo sucedido en el Exp. 00002-2013-PCC/TC, promovido por una demanda competencia del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. El primero le reclama al segundo de haber interferido en sus competencias constitucionales sobre el presupuesto. Más allá de si tiene razón o no, se trata de una discusión absolutamente válida, para lo cual precisamente fue creado el proceso competencial.

Nada de raro tendría todo esto si el mismo Poder Ejecutivo no hubiese pedido una medida cautelar solicitando: (1) la suspensión de los efectos de la Resolución Administrativa n. 235-2012-CE-PJ y (2) la suspensión… de dos resoluciones judiciales que, en el marco de la ejecución de un proceso de cumplimiento (por tanto, ya existía cosa juzgada), se ordenaba al Ministerio de Economía y Finanzas que cumpla con entregar dinero al Judicial para nivelar la tan postergada homologación de las remuneraciones de los jueces. ¿Y qué hizo nuestro TC? Pues concedió la medida.

Un punto importante es que dicha resolución administrativa data de noviembre de 2012 y fue expedida por requerimiento del propio Poder Judicial en cumplimiento de la decisión judicial firme que ordenaba, por su parte, cumplir con el artículo 186, inciso 5, literal b) del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ver considerando sexto de la resolución). Esta resolución no es un acto administrativo porque no genera efectos sobre administrados (pienso que en este caso los jueces no pueden ser calificados como tales); no obstante, en caso fuese aplicable la LPAG, aquella estaba sometida a un plazo recursal el cual, hasta donde tengo conocimiento, no fue impugnada, por lo que devino en firme de acuerdo al artículo 212, LPAG (aunque, valgan verdades, el hecho de que el artículo 10.1 de dicha ley establezca la nulidad de pleno derecho de un acto contrario a la Constitución complejiza el asunto). Sea como fuese, el problema que aquí se coloca es el siguiente: ¿se puede suspender la eficacia de una resolución que no fue oportunamente impugnada?

Además, un punto importante (aunque ya tiene que ver con el mérito del proceso) es que dicha Ley le confiere expresamente al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial “aprobar el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial propuesto por la Gerencia General y ejecutarlo una vez sancionado legalmente” (artículo 82, inciso 4).

Por otro lado, es claro que en este caso el TC no tomó en cuenta, como se trató de demostrar en el punto I, que los actos jurisdiccionales (sea cuales fuesen) no son impugnables en un proceso competencial. Y si no lo son, entonces tampoco pueden ser perjudicados mediante una medida cautelar. Lo que debió hacer el Ejecutivo era pedirle al juez constitucional la suspensión de la ejecución de la sentencia de cumplimiento por el hecho de haber iniciado un proceso competencial y, si su pedido era denegado, apelar la decisión. Es así como se atacan actos jurisdiccionales y no pidiendo a otra autoridad, por más que sea el TC, que interfiera con procesos en trámite, retardando su ejecución, tal como lo prohíbe expresamente la Constitución. Pero, después de todos estos años, ¿qué significa la Constitución para el accionar del TC? Poco, casi nada.

Finalmente, es necesario resaltar el hecho que tanto el Presidente de la República como el Tribunal Constitucional infringieron gravemente la Constitución: el primero por pedir la medida cautelar, violando la regla que le impone cumplir las resoluciones judiciales (artículo 118, inciso 9); el segundo por concederla, violando el ya referido artículo 139, inciso 2, segundo párrafo. ¿Y qué sucede cuando el Presidente del República o los jueces del Tribunal Constitucional violan la Constitución? Pues deben ser acusados constitucionalmente.

Lo que se esconde tras las presiones del Cardenal

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El Cardenal jugando su partido

El Cardenal jugando su partido

Para nadie es novedad la íntima vinculación entre el fujimorismo y el Cardenal. No sólo por la férrea defensa de éste a los atropellos contra los derechos fundamentales perpetrados por el régimen de Fujimori, sino también porque comparten una misma visión política, que se cobija en una marcada e insensible derecha. Pero claro, esto no puede llamar la atención porque Cipriani pertenece al Opus Dei, de lejos, una de las alas más radicales y conservadoras dentro de la Iglesia Católica.

Después de ese fenómeno político sin precedentes -por lo sui generis y por lo mamarrachiento- llamado Revocatoria, el fujimorismo volvió a la carga con su (único) caballito de batalla para figurar favorablemente en la escena política: el indulto de su líder.

A estas alturas del partido es claro que si Keiko, Kenji y compañía tuvieron un ápice de esperanza de ver a su padre libre, eso ya se esfumó. No obstante, su verdadera intención, como no podía ser de otra manera, era electorera. Su idea desde el inicio fue generar un sentimiento de compasión en la población que les sirva para posicionarse de mejor manera de cara a las próximas elecciones, tanto ante sus fervientes seguidores (con riesgo a ser cada vez menos tras la futura muerte del ex-dictador) como ante los no-fujimoristas que no ven con tan malos ojos al régimen de la década del ’90.

Así, el indulto viene a ser parte de una estretegia de “limpieza” del nombre de Fujimori, transformando al autócrata justísimamente condenado, en un preso moribundo injusticiado por la indiferencia del gobierno. Claro, la droga hallada en el almacén de Kenji, cualquier cosa que salga de su boca y el proceso penal por la compra los diarios chicha son algunas de las principales piedras en el zapato en la consecución de ese objetivo, maquinado por Keiko y Yoshiyama.

¿Y qué tiene que ver nuestro amado Cardenal en todo este embrollo? Pues que él también juega su partido: les dio a sus aliados fujimoristas su regalo de Pascua, que seguramente fue conversado con antelación. Hoy, Cipriani emplazó al presidente Humala que resuelva rápido el indulto. La razón de ello es clara: por varios días Keiko y las caras visibles del fujimorismo alzaron sus voces pero fueron prácticamente ignorados. Es notorio que Humala estuvo bastante cómodo con la desaparición total del tema del indulto (decisión en la que se juega su prestigio como presidente y, también, eventuales alianzas políticas con la oposición), y ahora que dicho tema ha vuelto al ruedo, ha encargado a sus ministros que no le den mucha bola a los bulliciosos fujimoristas que, como ratones, gritaban y pataleaban desde abajo.

Por eso, hartos por haber perdido el protagonismo, y, también, aterrados con aquellas voces que, con argumentos jurídicos, sostienen que el pedido podría no subir hasta el presidente, no quedó más que recurrir a su viejo aliado, alguien con mayor presencia mediática, mejor manejo verbal e, inclusive, con más llegada a Humala, al que ve como un igual. Y el Cardenal, gustoso, aceptó la súplica, aunque difícilmente ésta sea gratuita, ni mucho menos producto de un caritativo espíritu cristiano por domingo de resurrección.

Sea lo que se encuentre detrás de esto, Cipriani -por de más, un hábil político- no pudo ser más explícito en hacer recaer todo el peso de la decisión en hombros del presidente. “No nos escondamos en el médico o la ministra“, dijo, categórico, no dejando nada para las entrelíneas.

La estrategia es cristalina: colocar a Humala en el centro del problema tantas veces como sea necesario, no permitiendo jamás que saque cuerpo. Y una vez que sea él quien decida diciendo que no -lo cual, como es claro, no lo quiere hacer por el momento-, y con absoluta prescindencia que apenas se limite a corroborar que la depresión de Fujimori no encuadra en las causales para conceder un indulto humanitario, el fujimorismo desplegará una estrategia de aniquilamiento de la credibilidad del gobierno, sumada a una hipersensibilización aún mayor por la situación del deprimido. Y un día de estos seguramente veremos aparecer el discurso electoral.

Preparémonos.