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El iura novit curia y sus (necesarios) límites: a propósito de la variación del régimen de la responsabilidad civil

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John Marshall (foto de 1832). Fuente: wikipedia

El día de ayer el portal web La Ley ha sacado una noticia muy interesante: la Corte Suprema entiende que, en revisión, el juez no puede fallar sobre un régimen de responsabilidad civil diferente al alegado en la demanda. Por tanto, el uso del iura novit curia no está permitido (click aquí).

Concretamente: se demandó por responsabilidad contractual (RC), la demanda fue declarada fundada, el superior -al parecer- reformó la sentencia, pero también dio la razón al demandante señalando que se trataba de responsabilidad extracontractual (RE). Finalmente, la Corte Suprema anuló la sentencia de vista.

Más allá de la específica motivación de la Suprema (la nota no acompaña la sentencia), estoy de acuerdo con el criterio. Mis razones son las siguientes:

Variación del régime de RC por RE y alteración de la causa de pedir

Fallar por RE cuando se demandó por RC y cuando la sentencia de primera instancia analizó solo este régimen, a mi juicio, no altera propiamente el pedido, tal como -según la nota de La Ley– entiende la Suprema.

En efecto, al solicitar un resarcimiento, sea por RE o RC se busca tutela resarcitoria (pedido mediato) y tutela jurisdiccional con eficacia condenatoria (pedido inmediato). Adviértase que el pedido viene expresado en el petitorio. Aquel es un elemento objetivo de la pretensión (demanda-acto); este, un fragmento de la demanda-documento.

Lo que un fallo como el de la Corte Superior en el caso de la nota realmente altera es la causa de pedir.

Recuérdese que el art. VII, CPC, dice “sin embargo, [el juez] no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. Cuando habla de “hechos“, en mi opinión, se refiere a la causa de pedir. Aquí una primera prohibición salta a la vista: el juez no puede traer hechos al proceso diversos a los alegados por las partes.

Pero es verdad que él debe, como dice el mismo art. VII, “aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente”.

Entonces, al final del día, ¿qué significa “aplicar el derecho”?

El iura novit curia, mucho más que “colocar” la cita legal cuando la parte la alegó equivocadamente o la omitió en sus respectivas actuaciones, es un poder que le permite al juez dotar a los hechos alegados por las partes de un fundamento normativo diverso.

Esto quiere decir, por ejemplo, que el juez bien podría entender que el contrato materia de discusión es uno de donación y no de compraventa; o también que la correcta causal de invalidez alegada es una de nulidad y no de anulabilidad. Todo ello a partir de un análisis de los hechos del caso.

¿Pero acaso este poder no tiene límites?

Sí, los tiene. Y vaya que debe tenerlos.

El iura novit curia, en primer lugar, para ser válidamente ejercitado, debe ser sometido previamente a contradictorio, y, en segundo lugar, tiene como límite precisamente la fase de la fijación de puntos controvertidos.

Primer límite al iura novit curia: el contradictorio previo

Entendiendo que el contradictorio genera un derecho de influencia de las partes y un deber de debate en el juez, este no debe tomar decisiones sin antes permitir que las partes se manifiesten y, más concretamente, no puede decidir sin que su motivación exprese un efectivo diálogo con ellas. Ello vale especialmente para el iura novit curia, puesto que se trata de una auténtica alteración de la causa de pedir, tal como fue configurada por las partes con su narrativa fáctico-jurídica.

Llevar hechos al proceso y dotarlos de calificación jurídica reposa en el ámbito de la libertad de las partes. Se trata del así llamado “principio dispositivo en sentido material”. El iura novit curia debe ser visto como la excepción a la prohibición del Estado de entrometerse en dicha esfera cuando se constate que realmente existe una configuración normativa defectuosa. Ello, por cierto, no debería perjudicar la imparcialidad judicial.

De esta manera, la decisión de recalificar debe estar necesariamente precedida de un contradictorio efectivo: si lo que se discuten son los derechos de las partes, entonces ellas deben debatir ampliamente sobre la nueva propuesta del juez, y este debe contar con elementos de juicio suficientes para decidir bien. De ahí la importancia de que el contradictorio sea previo.

No es poco común el entendimiento de que el brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius – iura novit curia” otorga al juez, siendo el “conocedor del derecho”, amplios poderes para configurarlo a partir de los hechos alegados por las partes. Por ello, se daría un binomio: “partes-hecho” y “juez-derecho”. En una palabra, las partes no tendrían dominio sobre cómo calificar jurídicamente sus hechos.

No obstante, este entendimiento es inconstitucional. Las partes sí tienen -y deben tener- injerencia en la calificación jurídica de sus hechos pues su legítima esfera de libertad lo permite (al fin y al cabo, los derechos discutidos les pertenecen a ellas) y también porque dialogar sobre la calificación normativa sirve para controlar la motivación de las premisas normativa y fáctica de la futura decisión.

Por eso, se revela como una actitud antidemocrática que el juez decida ejercitar este poder directamente en la sentencia, sin consultar con las partes. Ello no es raro en la práctica judicial peruana -atada aún al brocardo- pero contrasta seriamente con las ideas contemporáneas sobre los derechos fundamentales al contradictorio y a la motivación de las resoluciones judiciales.

Segundo límite al iura novit curia: la delimitación del objeto litigioso en primera instancia

La delimitación del objeto litigioso (en equívoco lenguaje del CPC: “fijación de puntos controvertidos”), además de determinar el thema decidendum (esto es, los hechos respecto de los cuales reposará la decisión) establece los márgenes del debate jurídico que seguirá al saneamiento probatorio (acto mediante el cual donde se admiten y excluyen los medios probatorios, delimitándose el thema probandum).

O sea, delimitar el objeto litigioso del proceso equivale a fijar hechos -controvertidos o no- y ello exige, además, la calificación jurídica de ellos para racionalizar el diálogo entre las partes, en el cual finalmente intervendrá el juez dando la razón a una de ellas en su sentencia. Esto es propiamente la organización de la fase instructorio-decisoria del proceso.

La fijación del debate jurídico es lo que determina la producción de las pruebas y la discusión en torno a ellas; por ello, ni siquiera el iura novit curia podría ser herramienta suficiente para desvirtuar lo que fue determinado en los “puntos controvertidos”.

Defiendo que luego de la fijación de puntos controvertidos el poder del juez precluye por consumación. Si se comulga con la importancia de este acto para la organización del proceso tal como se ha expuesto, entonces, superado este, el proceso toma un rumbo en el debate fáctico-probatorio y jurídico que el juez ni las partes deberían alterar subrepticiamente.

El punto aquí es el siguiente: ¿precluye también para el juez revisor en el procedimiento de apelación?

Pienso que podría ser muy discutible si es que, en segunda instancia, el iura novit curia pudiese legitimarse apenas corriendo traslado a las partes de la intención de la Sala de recalificar los hechos. ¿Por qué? Porque ello podría llevar a la necesidad de producir medios probatorios y de reaperturar la discusión. Pero esta discusión, en realidad, debió darse en primera instancia: por ello es allí que existe fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio y una audiencia de pruebas.

Sin perjuicio de la vinculación del juez revisor a los límites del pedido en el recurso de apelación (aquí también se aplica el art. VII), considero que en esta sede el uso del iura novit curia debe ser extremadamente restringido y jamás debería ser usado si es que ello deviniese en un nuevo debate probatorio, como es el caso de una recalificación normativa tan abrupta como pasar de RC a RE.

En otras palabras, el juez revisor debe ser muy cuidadoso con proponer a las partes una reformulación del debate, aún cuando someta a consulta sobre el eventual uso del iura novit curia. Se debe buscar a toda costa evitar distorsionar el procedimiento de segunda instancia, que tiene por misión reexaminar la sentencia de primera instancia y no precisamente suplantar la función de organización del proceso a cargo del juez de primera instancia.

En el caso materia de la nota periodística, considero que pasar de una discusión sobre RC a RE implica ciertamente trastocar el debate ya realizado entre las partes. Por ello, el iura novit curia resulta injustificado: el revisor deberá sentirse limitado por lo que las partes han debatido y, por tanto, por el hecho de que la RE no ha sido objeto de discusión.

De nuevo sobre (superficiales) reformas del recurso de casación

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Si por algo se han caracterizado la gran mayoría de propuestas de reforma del recurso de casación y del “precedente judicial” es que no atacan los problemas neurálgicos de la Corte Suprema.

El día de hoy el portal web La Ley ha publicado un proyecto de reforma del sistema de justicia realizado por la Asociación Civil Transparencia, dentro de las cuales hay varias modificaciones al Código Procesal Civil, en la parte del recurso de casación

Infelizmente, ellas son más de lo mismo. Aquí algunas ideas:

1. Se propone regresar a la idea de que el recurso sea planteado ante la Sala Superior de origen. Grave error: el problema es que la elevación del expediente es un procedimiento extremadamente tortuoso, inclusive entre sedes que están en la misma ciudad, o, peor aún, que las separa algunas cuadras (Alzamora y Palacio). Como bien lo ha señalado la profesora Eugenia Ariano, por regla general los recursos deberían ser planteados directamente ante los órganos resolutores (Impugnaciones procesales. Lima: Instituto Pacífico, 2015, pp. 131-132). Y agrego más: si es que ya digitalizan todo: ¿no sería bueno que se remita un expediente digital, dando fe el secretario o especialista, bajo responsabilidad?

2. Se dice que un precedente judicial “adquiere los efectos y la autoridad de una norma”. A pesar de la impropiedad técnica (parece que los que diseñaron la propuesta no saben la diferencia entre texto y norma), ¿el precedente pasaría a ser una ley o acto legislativo? Si ello es así, entonces es una norma inconstitucional por violar la separación de poderes. Es más: lo que hace hoy la Corte Suprema mediante los plenos casatorios civiles ya es inconstitucional. La Constitución jamás le ha otorgado poder para modificar la legislación, como lo hizo, por ejemplo, en el Sexto Pleno Casatorio Civil. En el caso de las Salas de Derecho Constitucional y Social y las Salas Penales ya existe algo un tanto diverso, pues adoptaron un modus operandi parecido al del TC.

3. Precisamente la propuesta quiere llevar ese modus operandi de “identificación” del precedente del TC a las Salas Civiles. Pero se persiste en el error de que sea el propio órgano que expide la decisión la que identifique el precedente. Esto es algo completamente distorsionado, pues la riqueza de una interpretación por parte de una corte de vértice no es otra cosa que una guía para los jueces que deban resolver casos similares. Entonces, en vez de trabajar con los elementos teórico-prácticos de la teoría del precedente, se insiste en un modelo fallido que incita a que el órgano diga que es precedente algo que ni siquiera es ratio decidendi.

4. Se insiste en la idea de que un “precedente judicial” solo se forme luego de tres decisiones iguales. No obstante, si realmente se quiere la tan ansiada “predictibilidad” a donde se debería apuntar es que todas las sentencias de la Suprema sean vinculantes. De lo contrario, el mensaje que se da a la ciudadanía es que algunas sentencias supremas importan y otras no valen de nada, exactamente como se hizo con el reciente fallo de la reducción salarial.

5. La propuesta no prevé ningún filtro cualificado para el acceso al recurso. Pésimo: esto quiere decir que los que han diseñado estas propuestas no tienen idea de la realidad de la Corte Suprema: que en la calificación del recurso sí se emplea discrecionalidad para admitirlos, pero camuflado en la famosa no incidencia directa de la infracción normativa (al menos en las Salas Civiles). Y esto va a continuar así, pues estas Salas simplemente no pueden resolver todos los recursos que les llega. Entonces, si la propuesta de Transparencia ni siquiera se ha preocupado de este filtro, entonces menos aún atacará el verdadero problema: el incentivo de los litigantes para acudir a la Corte Suprema y recargarla con recursos para calificar. Si bien la propuesta consagra algo que nunca debió haber existido (la no suspensión de efectos de la sentencia de segunda instancia impugnada), debería trabajarse en otro tipo de aspectos prácticos, como por ejemplo que el tiempo que pasa entre la decisión de las Salas Superiores y la recepción del expediente por el juez de primera instancia para la ejecución sea absolutamente célere y, aún más: que la ejecución sea realmente eficiente.

Cualquier reforma del recurso de casación debe pasar, antes, por definir cuál es la función de la Corte Suprema que se quiere implantar en nuestro país. Por eso es que debe debatirse seriamente sobre algunos puntos:

  1. Si aún debe mantenerse el modelo especializado de Salas Supremas o si se debe migrar a una corte única.
  2. La forma de selección de los jueces supremos: ¿debería ser el CNM o acaso una elección política por el Congreso y el Ejecutivo?
  3. Si es que debe seguir existiendo la ratificación de jueces supremos, que se presta a politiquerías e indecencias con los consejeros de turno.
  4. Si es que la administración del Poder Judicial seguirá recayendo en jueces supremos, o si esta debería reposar en órganos administrativos especializados, y que los jueces se dediquen a juzgar.
  5. Si la deliberación de los jueces supremos debe seguir siendo secreta o, por regla general, debería ser pública y/o televisada.
  6. Si el rol del juez ponente debe modificarse, en el sentido de que este debe ser conocido desde el inicio de la admisión del recurso, y que los casos y la posición expuestos por él reciban un adecuado estudio por parte de sus colegas.

Véase que estos seis puntos, que podrían multiplicarse, no presuponen modificar un ápice el Código Procesal Civil. Cambiar este, en realidad, es una consecuencia de lo anterior.

¡Dialoguemos ya!

Sobre la delegación de facultades al Ejecutivo (leyendo la Constitución)

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Dos comentarios breves sobre el tema de la delegación de facultades:

El art. 104 de la Constitución dice: “No pueden delegarse [al Ejecutivo] las materias que son indelegables a la Comisión
Permanente”. Por su parte, el art. 101 prohibe delegar a la Comisión Permanente “la aprobación de […] Ley de Presupuesto”. Queda claro, por tanto, que lo que es indelegable al Ejecutivo es la facultad propia del Congreso de expedir la Ley de Presupuesto, y no la facultad de dar leyes que puedan impactar en el futuro proyecto de ley de presupuesto que el Ejecutivo envía al Congreso.

El art. 2, inciso 5 de la Constitución dice: “El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”. Por tanto, los únicos órganos que pueden pedir (rectius: exigir) el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria son los tres mencionados. ¿Y a quién le piden? Pues a las entidades financieras y a la Sunat; estos tienen el deber de obedecer a este requerimiento. Pero la Constitución no limita en lo absoluto a los órganos que puedan presentar una solicitud al juez, al FN y a una comisión del Congreso para que, a su vez, ellos soliciten el levantamiento del secreto bancario o la reserva tributaria. No existe ningún impedimento que se establezca por ley un procedimiento secreto en donde la UIF pueda hacer este pedido a un juez.

Amigos, no se necesita ser constitucionalista para esto; es apenas saber leer la Constitución. Al final, con ella en mano es que se debe combatir la politiquería.

Controlar el laudo arbitral: una invitación al diálogo a Pedro Grández

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arbitraje

Comparto con ustedes un video de una conferencia muy interesante del Prof. Pedro Grández sobre el control de constitucionalidad del laudo arbitral, llevada a cabo recientemente en la PUCP, en el espacio “Desayunos constitucionales”, dirigido por el Prof. César Landa.

https://educast.pucp.edu.pe/video/embed/7283

A continuación, comparto algunas anotaciones al margen sobre el asunto tratado por el conferencista:

1) Controlar la constitucionalidad del laudo arbitral es un tema ajeno a la “constitucionalización del derecho privado”, tal como el título de la conferencia lo sugiere. Aquella tiene que ver, por ejemplo, con el carácter constitucional de los derechos de la personalidad, de la autonomía de la voluntad, del derecho del consumidor, etc. O sea, del ámbito material. Por el contrario, en esencia, el control del laudo no diverge del control de una resolución judicial porque ambos son actos que están enmarcados en un proceso. El derecho procesal no se inserta en la clásica división derecho privado/derecho público, sino que más bien obedece a un binomio diferente: derecho material/derecho procesal, en donde este tiene una función instrumental respecto de aquel. Es en el derecho material donde podríamos identificar, aquí sí, cuestiones de derecho privado y derecho público.

Esto conduce a la idea de que Alfredo Bullard está equivocado cuando, al pretender negar al arbitraje su naturaleza procesal, entiende que la ejecución de laudo sería no otra cosa que la ejecución del convenio arbitral, un negocio jurídico privado. Error: el laudo arbitral es un acto jurídico procesal consistente en el acto final que pone fin a la instancia (procedimiento), con la particularidad que se origina a partir de una negociación procesal. ¿Y por qué procesal? Puesto que el convenio arbitral es un negocio jurídico híbrido: es material y procesal, ya que se regula por reglas de ambos planos del ordenamiento jurídico.

2) No creo que el “precedente” María Julia esté tan equivocado como defiende Grández si es que advertimos que: (i) el proceso de anulación es un procedimiento bastante célere, mucho más que un amparo, al menos en primera instancia de las cortes de Lima; (ii) el Poder Judicial, en el marco del proceso de anulación, también realiza un control constitucional del laudo, puesto que la justicia constitucional en el Perú es difuminada, como bien sostiene Luciano López. Estrictamente esto quiere decir que los jueces superiores civiles también deben tutelar los derechos fundamentales de la parte perdedora en un arbitraje, principalmente cuando “no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos” (art. 63.1, c), del D. Leg. 1071).

Por ello, no creo que sea correcto pensar en el amparo como la principal solución de tutela sin reflexionar adecuadamente, antes, sobre el papel que puede desempeñar el control “ordinario” del Poder Judicial en el marco del proceso de anulación. El TC, con el “precedente” María Julia, aunque con otra justificación, acertó en este punto; y, en un caso posterior, el “precedente” Elgo Ríos, mal que bien confirmó que la contraposición “justicia ordinaria/justicia constitucional” es equívoca, pues en los procesos “ordinarios” también se debate sobre derechos fundamentales. Todos los jueces del Perú son -y deben sentirse- jueces constitucionales.

3) El Poder Judicial no puede ser una segunda instancia respecto del arbitraje. Esta es una premisa muy importante para hablar del control judicial de la motivación del laudo. Actualmente, la doctrina autorizada entiende que la motivación presupone corrección de la justificación interna y externa, tanto en la premisa fáctica y la normativa. Por ejemplo, una inadecuada interpretación de un texto normativo o aplicación de la norma (ya interpretada) resulta en una motivación defectuosa. MacCormick, por ejemplo, ya dijo que hay problemas en la justificación si la solución adoptada no fuese universalizable. Esto quiere decir, así entendida la extensión del deber de motivar, que un control de la motivación del laudo entra de lleno con el propio criterio del árbitro respecto de cómo interpretar la ley. Ni qué decir de la valoración de la prueba que haya efectuado.

Entonces, la motivación se encuentra en una zona gris entre el “mérito” (reexamen) del laudo y lo que corresponde estrictamente a su nulidad/rescisión, debido a la existencia de un vicio que requiera renovación del acto procesal (como la ley de arbitraje exige en los casos de fundabilidad de la demanda de anulación).

Esto me lleva a pensar que debe plantearse seriamente la necesidad de una autocontención judicial respecto del control de la motivación del laudo arbitral. Por ello, yo no me animaría a descartar tan rápidamente -como lo hace Grandez- un estándar de motivación diferente (o, si se quiere, de menor intensidad) para el laudo arbitral. Y ello no tanto por tratarse de derechos patrimoniales o si es materia de orden público -como es el caso de las contrataciones del Estado-, sino porque se busca proteger la razón de ser del arbitraje: sustraer el conflicto de la jurisdicción. Esto, nótese bien, es protegido por la Constitución cuando reconoce al arbitraje como mecanismo paralelo a la jurisdicción y, además, cuando consagra la autonomía de la voluntad como un derecho fundamental (la libertad, ni más ni menos).

Esto me lleva a pensar que la posición de Grández abre demasiado la puerta del control, mientras que la de Bullard, al defender una peligrosa posición de no-control (bien criticada por Grández), la cierra excesivamente. Tiene que haber un punto intermedio.

En una palabra, controlar la motivación al punto de realizar un auténtico reexamen (“tocar el laudo”, en las propias palabras de Grández) es una solución equivocada, sea la materia que se trate en el arbitraje. Esto debe ser evitado por el propio Poder Judicial, acaso colocando menos rigurosidad en el control de la justificación externa, tolerando soluciones jurídicas en materia de interpretación y prueba con las que, quizá, no esté de acuerdo.

4) Sin perjuicio de ello, estoy de acuerdo con la lectura de Grández en el sentido de que muchos insisten en ver al arbitraje como un espacio de no-control pues “su lógica no lo permitiría”. Ello evidentemente va a contramano del Estado Constitucional y del imperio de la ley. Y, además, como muy bien indica Grández, la práctica ha hecho que los abogados acudan a la jurisdicción para impugnar arbitrajes. De lo contrario, me interesaría ver alguna práctica abogadil consistente en indicarle al cliente que se contente un laudo en contra… a pesar que posea una motivación defectuosa.

Si el PJ fuese una empresa…

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Amigos, hoy salió publicado un artículo mío en laley.pe. Lo transcribo a continuación:

Si el PJ fuese una empresa… 

Imaginemos que el Poder Judicial es una empresa y nosotros, ciudadanos, somos los dueños. Además de ello, somos plenamente conscientes de la burocracia, morosidad, ineficiencia, deficiencia en procedimientos y criterios de control de calidad. ¿Qué sería lo que razonablemente deberíamos hacer? Pues despedir a los directivos.

En nuestro Poder Judicial (PJ), los jueces supremos son los encargados de llevar adelante la gestión de ese poder del Estado. La Sala Plena, conformada por los jueces supremos titulares, es el órgano de máxima deliberación del PJ y “decide sobre la marcha institucional de ese poder” (art. 79, LOPJ), pero no tiene muchos poderes de gestión. Estos recaen en el presidente del PJ, quien es un juez supremo titular y, principalmente, en el Consejo Ejecutivo del PJ (CEPJ), el cual está compuesto, además del presidente del PJ, por cuatro jueces titulares más: dos supremos, uno superior y uno especializado o mixto. También hay un representante de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú.

Es el CEPJ el que realmente administra el PJ. Y aquí viene el detalle: ¿están sus miembros plenamente capacitados en gestión y políticas públicas para una tarea como esa? Si estuviésemos en el sector privado, es más que probable que tendríamos como directores a economistas, administradores, contadores, ingenieros industriales, acaso con un MBA y con experiencia en grandes empresas. Es para eso que se formaron, adquirieron experiencia profesional y, además, buscan logros en su gestión que los respalden. En ese ámbito, los profesionales son muy buscados, bien pagados y, por cierto, se les exige muchísimo.

Nuestros jueces supremos no han estudiado para ser administradores. Han estudiado Derecho para saber cómo resolver mejor los conflictos judicializados. Aprendieron Derecho Civil, Penal, Laboral, Procesal para encargarse de la función jurisdiccional; no para armar un presupuesto, elaborar/aprobar índices de gestión ni manejar recursos humanos. Y, hasta donde se sabe, en los procesos de selección de jueces ante el Consejo Nacional de la Magistratura no se evalúan estas competencias. Eso quiere decir que un potencial presidente del PJ podría simplemente no saber nada de gestión pública.

Los conocimientos que se requieren para poder desempeñarse razonablemente bien en una estructura elefantiásica como la del PJ, requeriría cursar una facultad completa o, como mínimo, un exigente postgrado. Ello se hace aún más necesario cuando se trata de un servicio público masivo, en donde se discuten derechos fundamentales de los ciudadanos y que tiene una repercusión directa en los índices de competitividad del país. Conducir eficientemente el PJ es casi tan importante como diseñar y ejecutar políticas tributarias o las reformas para combatir la informalidad.

Ahora bien, no es casualidad que entidades que también administran justicia como el OSCE, SUNAT, SUNARP o INDECOPI –todas ellas dependientes del Poder Ejecutivo o, más específicamente, de un Ministerio– sean inmensamente superiores en cuanto a eficiencia que el PJ. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que las cabezas y directores de los Ministerios tengan un mayor conocimiento sobre gestión pública, o, mejor, que existan estándares de gestión más elaborados y que sean ejecutados?

Entonces, si el PJ fuese una empresa, nuestros jueces supremos seguramente serían relevados de sus cargos de gestión. Los números no hablan bien de su trabajo, ni tampoco la gran disconformidad de los usuarios con el servicio de la institución, la cual es palpable para el litigante del día a día: mala atención por los funcionarios, demora en la digitalización de escritos, irrazonable lentitud para tramitación de partes y oficios, inutilidad de la notificación electrónica, etc.

Por ello, una opción interesante sería diseñar y ejecutar una reestructuración empresarial integral, la cual comprenda la incorporación de funcionarios no abogados expertos en gestión para hacerse cargo de la administración. Lo que es más, las personas que conformen tales órganos ni siquiera tendrían que ser funcionarios pertenecientes a la institución: bien podría concesionarse dicho servicio a una empresa especializada quien sería la que capacite y destaque a los funcionarios.

¿Y qué hacemos con nuestros jueces? Pues la Sala Plena puede asumir un rol supervisor, el presidente, un rol político, el Consejo Ejecutivo se desactiva y –aquí el punto– los demás jueces supremos se dedican íntegramente a la labor jurisdiccional (salvo los que son destacados al OCMA y al JNE).

Cabe precisar que una reforma como esa no solo debe alcanzar a la Corte Suprema. Debería aspirarse a que todos los despachos judiciales del país tengan su propio gerente o administrador general, y que este cuente con su equipo responsable por los asuntos administrativos, por satisfacer las demandas de los ciudadanos y, en general, por el buen andamiento del juzgado. El juez, por tanto, ya no es más es “gerente de despacho” sino una pieza fundamental en dicho engranaje.

Evidentemente ello requiere de un enorme presupuesto adicional que el Ejecutivo debería proporcionar. Y véase que no solo se trata de pagar a los nuevos funcionarios, sino también mejorar la infraestructura (despachos y salas de audiencia modernas, refacción de los edificios antiguos), la tecnología (expediente electrónico), etc.

Sin perjuicio de todo lo dicho, en realidad, el PJ sí es una empresa. Solo que es una en donde la gestión es mala porque sus directivos no se han capacitado para administrarla, porque no tienen incentivos para mejorar (el PJ no quiebra) y porque no rinden cuentas a sus dueños, los ciudadanos. Urge, por tanto, una nueva LOPJ; pero más importante que ello, es necesario voluntad política para, esta vez sí, decidir cambiar el país. Y el PJ, por estar en contacto directo con la población, es un buen lugar para comenzar.