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Leonardo Greco y la importancia de teorizar sobre la acción

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Hace un tiempo, charlando con mis amigos Fredie Didier Jr., Hermes Zaneti Jr. y Pedro Henrique Nogueira, llegamos a la conclusión que la doctrina procesal peruana estaba bastante atrasada en términos de dogmática. Y es cierto. Salvo algunas contadas excepciones, se sigue trabajando con teorías desfasadas, acaso pensadas para otro contexto, sin leer a sus críticos (menos famosos que los autores criticados). Solo dos ejemplos: la teoría cautelar de Calamandrei (Introduzione allo studio dei provvedimenti cautelari, de 1936) y la teoría de la cosa juzgada de Liebman (Efficacia ed autorità della sentenza, 1935).
 
Peor aún: constato, inclusive, que muchas veces se trabaja con doctrina de dudosa originalidad y ciertamente poca rigurosidad teórica. Parecería que no hay investigación, sino averiguación, como dijera el Prof. Juan Monroy en algún texto.
 
Aunque parezca mentira, la teoría de la acción es una discusión que, al menos en nuestro país, en general no se ha planteado como un debate serio desde una perspectiva teórica (dos excepciones a ello son “Introducción al proceso civil, vol. 1“, del Prof. Juan Monroy, y “Neoprocesalismo – teoría del proceso civil eficaz” del Prof. Roberto González Álvarez, con abordajes completamente distintos). Cierto, se suele entender que la acción es un derecho fundamental, pero se ha ido poco más allá de eso, pues, un poco por influencia de autores extranjeros, un poco por los términos empleados en la legislación patria, solemos trabajar con los conceptos “debido proceso legal”, “acceso a la justicia”, “tutela procesal efectiva”, “tutela jurisdiccional efectiva”, “proceso justo” (esta con bastante menos prestigio, por cierto), como sinónimo de “acción”, dejando a este concepto prácticamente en el olvido.
 
De por sí, eso no está mal. Inclusive defiendo hace tiempo que “acción” es parte de la historia del derecho procesal, pero creo que el no haber transitado por la fecunda discusión teórica sobre la acción impidió que se forme un debate serio sobre las denominadas “condiciones de la acción” y su vinculación con la res in iudicium deducta (sobre el asunto, click aquí).
Así, una ciencia procesal que no posee premisas sólidas difícilmente pueda ser impulsora de transformaciones en la legislación y en la práctica (allá aquellos que desprecian la teoría).
 
En ese sentido, creo que la doctrina brasileña tiene mucho por ofrecernos en ese aspecto. No es en vano que desde inicios del siglo XXI se vienen traduciendo libros y artículos de procesalistas brasileños que muy importantes, tales como Ovídio Baptista, Carlos Alberto Alvaro de Oliviera, Cândido Dinamarco, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero y Fredie Didier Jr.
 
Pero lo cierto es que hay autores muy importantes que aún no conocemos. Uno de ellos es Leonardo Greco, un histórico profesor en Río de Janeiro, autor de un prolífico trabajo intelectual, quien hace tres lustros escribió un pequeño libro precisamente sobre la acción. Hace pocos días el Prof. Greco lo liberó para la consulta libre y, hoy, lo comparto con ustedes.
 
Para aquellos que no leen en portugués: ¡vale la pena el esfuerzo!

De nuevo sobre el desalojo: una breve propuesta (de lege ferenda)

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La morosidad de los inquilinos, como demuestra la nota de “El Comercio”, es uno de los principales problemas que debe enfrentar el Estado, pues es de esos que afectan de forma clara y directa el bolsillo de los ciudadanos. Ni se diga del impacto económico que se tiene a partir de los incentivos y desincentivos que existen para que los propietarios alquilen. En efecto, si yo sé que voy a desalojar rápido a mi inquilino, entonces voy a estar mucho más predispuesto a alquilar y, con ello, a favorecer la circulación de dinero.
 
No obstante, las reformas legislativas que hubo recientemente en el proceso de desalojo no son suficientes para otorgar una adecuada tutela a aquellos que poseen el derecho de restitución de un bien. En el caso particular del desalojo, tenemos la Ley N° 30201, “Ley de inquilinos morosos”, que incorporó la famosa cláusula de allanamiento (aquí mis críticas), y el D. Leg. N° 1177, que creó un proceso ultrasumarísimo (aquí mis críticas).
 
La primera es un saludo a la bandera, pues salvo algunas modificaciones expresas y tácitas del CPC, el trámite procedimental sigue siendo el mismo. La segunda trajo como único beneficio la no suspensión de efectos de la sentencia que ordena el desalojo, pero coloca plazos absolutamente irreales para la tramitación de este proceso ultrasumarísimo (no es realmente un proceso de ejecución). Al final, en este último caso, desde el día en que se presenta la demanda hasta que se ejecuta la sentencia de primera instancia seguramente pueden pasar meses, debido a la carga procesal del Poder Judicial.
 
La no suspensión de efectos de la sentencia de primera instancia es fundamental, por supuesto, pero es necesario ir más mucho más lejos: todo inquilino que quiera litigar detentando la posesión del inmueble necesariamente debe pagar la renta, así como un adelanto de las mensualidades, según el tiempo que tomaría el proceso. De lo contrario, debe irse de inmediato.
 
Así, pienso que debe crearse un proceso especial de desalojo, con regulación propia (o sea, ya no un “sumarísimo”), pensado para la realidad de nuestro país, en donde, tras la presentación de la demanda (que puede ser mediante formulario, acompañando prueba documental y sin firma de abogado) se convoque a una audiencia en un plazo muy corto. Allí el demandado oraliza su defensa, presentando las pruebas respectivas e, inmediatamente, el juez decida el desalojo o la permanencia. Si el juez ordena el desalojo, el inquilino tiene tres días para desocupar el inmueble. De lo contrario incurre en desobediencia a la autoridad (art. 368, CP), va preso… y así también se desocupa el inmueble.
 
El desafío es, pues, que cuando el inquilino incurra en causal de incumplimiento, en no más de un mes esté fuera. Se acabaron definitivamente los problemas entre desalojo por precario y por vencimiento de contrato. Esta ley deroga el IV Pleno Casatorio.
 
Y es que aquel que tenga un derecho más probable que el otro no tiene por qué soportar la carga del tiempo del proceso.

¡Cuidado con las falacias!

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Distorsionar el discurso mediante falacias argumentativas es muy común en el ámbito de académico. Debemos estar muy atentos para saber cómo resaltarlas y combatirlas.

Aquí comparto un pequeño aporte a partir de la lectura de un magnífico artículo de Humberto Ávila.