El proceso civil peruano y la crítica

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En los últimos días me han preguntado mucho sobre cuál es el estado de los estudios sobre derecho procesal civil en el Perú. No obstante, cada vez que preparaba la respuesta, confieso que la sensación era la misma: que se trataba de una pregunta bastante incómoda. ¿Qué valoración (imparcial) se le puede dar a la doctrina procesal civil de mi país? Con un poco de vergüenza, suelo ilustrar a mis colegas brasileños y absolver su curiosidad empezando por una frase que, a mi juicio, resume toda la idea: la falta de un verdadero espíritu de crítica.

Desde 1993 tenemos un Código Procesal Civil que trajo nuevas soluciones para los grandes problemas que presenta la tutela procesal de los derechos materiales. A partir de allí, no es posible negarlo, su suscitó un mayor interés en estudiar el derecho procesal, lo cual se tradujo en un cierto número de libros y artículos buscando explicar los nuevos principios, disposiciones y reglas. No obstante, más allá de la cantidad (que, sinceramente, aún sigue siendo escasa), ¿cuántos de esos libros se destinaron realmente a criticar? ¿Cuántos libros fueron más allá de la literatura en castellano para contrastar las soluciones adoptadas en otras latitudes? ¿Cuántos libros usaron la historia para saber si, realmente como se dice hasta ahora, el CPC significó “un paso adelante”?

Tres ejemplos bien pueden ilustrar lo que vengo diciendo hasta aquí:

1. En las experiencias jurídicas que vale la pena mirar, estudiar y aprender (hablo, sobre todo, de Alemania, Portugal, Francia, Italia, Brasil y el common law) sería impensable, por consistir en una ofensa terrible al principio del contradictorio, sugerir la implementación del inaudita altera pars como regla absoluta, sin excepciones, para la concesión de tutela cautelar. Muy por el contrario, la regla es y debe ser el contradictorio previo y, como medida excepcionalísima, la inaudita altera pars (salvo en Italia, donde a partir de 1990 el contradictorio previo es la regla absoluta por existir un proceso cautelar totalmente desformalizado). Pregunta: ¿Por qué casi nadie ha tomado una real preocupación y se ha pronunciado contra esta solución claramente errada del CPC?

2. Un año después de la entrada en vigencia de nuestro CPC, se produjo una profunda reforma en el CPC brasileño de 1973 (el cual, por cierto, fue un texto que el legislador de 1993 manejó). En la búsqueda de un proceso más efectivo, se extrajeron los proveimientos anticipatorios de la regulación del proceso cautelar (diseñado a imagen y semejanza de las lecciones de Calamandrei) y se colocaron en el proceso de conocimiento, a fin de que se puedan anticipar, provisionalmente, los efectos de la tutela definitiva. ¿Qué ha estado haciendo la doctrina peruana que, hasta ahora, no le ha dado la debida importancia a esta reforma?

3. En contra de toda la tradición heredada del proceso común -recogida, por supuesto, en los ordenamientos tributarios del derecho codificado-, el CPC simplemente extirpó la figura del embargo del proceso de ejecución. Pero teniendo en cuenta que el embargo ejecutivo es precisamente el acto esencial mediante el cual se somete los bienes del ejecutado a disposición del juez para satisfacer el derecho reconocido del ejecutado (como se ve, tiene una función distinta al embargo cautelar), ¿a qué se debe que la inmensa mayoría de la doctrina patria no haya tomado cartas en el asunto? Vale decir que el embargo como medida ejecutiva tiene su paralelo en Alemania (Pfändung), en Portugal y Brasil (penhora), en Italia (pignoramento). Apenas como ejercicio, le pregunté a varios amigos brasileños qué ocurriría si el proyecto de CPC que ahora se debate en el Senado Federal propusiese un proceso de ejecución eliminando la penhora.  Tras un momento de confusión, la respuesta fue la misma: “Entonces, ¿cómo haríamos para comenzar la ejecución?”.

Ciertamente hay muchos otros temas que deberían ser puestos en el tapete, pero no se aprecia un espíritu generalizado de debatir cuestiones importantes, lo cual, en muchos casos, proviene de una cándida y confortable ignorancia y de la molicie por investigar más y saber en qué hemos errado. Hasta ahora no es posible entender, por ejemplo, cómo es que se pretende descubrir la fórmula para que nuestra Corte Suprema funcione mejor cuando el proceso cautelar y el proceso de ejecución, por dar algunos ejemplos, tienen gravísimos problemas estructurales y constantemente son objeto de execrables injusticias.

El CPC también tiene muchos inconvenientes en materia de acumulación, litisconsorcio e intervención de terceros (¿es posible entender sistemáticamente esta parte?) y, aunque muchos la consideran como la mejor parte, también considero que la regulación de la nulidad procesal deja mucho que desear. Ni qué decir de la casación, aunque, vale decirlo, el problema es más institucional que legislativo.

En lo personal, considero que también existe un serio problema en el CPC al otorgar al juez un papel demasiado preponderante en la conducción del proceso en desmedro de las partes, privándolas de ejercer influencia sobre las decisiones de aquel, permitiendo que las contemple como algo “inferior” a él. ¿Cuál es la consecuencia de ello en la práctica? Sencillamente el rechazo de cualquier tipo de colaboración o cooperación entre juez y partes, negando la búsqueda de una solución más legítima y justa. ¿Es que es posible afirmar, por ventura, que el juez tendrá siempre la fórmula mágica para traer pacificación y justicia al caso concreto prescindiendo de la contribución de actor y demandado?

Nótese que no se trata de regresionar a un proceso privatista donde el juez está subordinado a las partes o a sus abogados. El ideal de la relación entre juez y partes, como se ha dicho muy elocuentemente, consiste en la paridad en el diálogo y asimetría en la decisión. Y esto no es una propuesta dogmática ni mucho menos improvisada: basta conocer un poco sobre las enormes implicancias del art. 16 del Noveau Code de Procédure Civile francés, del art. 266 del CPC portugués, del art. 139 de la ZPO alemana o del art. 5 del Proyecto de nuevo CPC brasileño; en donde el paradigma de la colaboración es apoyada firmemente por la mejor doctrina de todos esos países. ¿Y por qué ellos tienen cláusulas expresas que imponen la colaboración a lo largo del proceso? Porque han entendido perfectamente que la participación de las partes en el proceso es una exigencia directa, un fundamento del Estado Constitucional de Derecho (el cual, en el Perú, aún lo vemos como una meta).

He tenido oportunidad de verificar, también, que muchas veces existe una voluntad por encontrarle un sentido al CPC. Se trata de buscar su “espíritu” o “lo que realmente quiso decir”, en vez de hacer una crítica frontal y decir: “señores, esto está muy mal”. ¿A qué se debe esto realmente? Cada quien puede tener su hipótesis. Quizá, para comenzar a adoptar una, bastara con echar un ojo a lo que sucede en el mundo del derecho civil peruano: allí sí tenemos varios juristas muy bien preparados, con amplio manejo bibliográfico, que literalmente han hecho añicos el Código Civil de 1984 a punta de feroces críticas y debates frontales con sus defensores. Sin duda, es algo de lo que debemos aprender con urgencia.

¿Cuál es el futuro de la doctrina si adoleciera de debates y de espíritu crítico, éste tan consustancial al primero? Simplemente no hay futuro, no existe. La crítica, la inconformidad y la voluntad por confrontar ideas son elementos absolutamente inherentes a la labor de un jurista que se precie de serlo. Quizá hasta eso sea más importante que la posesión de grandes conocimientos y la condensación de ellos en la producción bibliográfica. ¿De qué sirve un erudito que no contribuye al progreso de su ciencia? ¿De qué sirve que alguien tenga en su haber cincuenta libros publicados si ninguno de ellos sirve, en lo más mínimo, para problematizar e incentivar el diálogo académico? Con total convicción respondo: poco o nada.

Es por eso que, al final de cuentas, a diferencia de lo que ocurre en muchas partes del mundo, en nuestro país casi no tenemos juristas, sino simplemente abogados que suelen escribir sobre derecho procesal civil.

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2 comentarios en “El proceso civil peruano y la crítica

  1. Caro Renzo:
    Muito interessantes suas colocações. Sem dúvidas, o Peru está ganhando um grande processualista para contribuir com a evolução dessa ciência indispensável para a tutela efetiva dos direitos.
    Por enquanto, o Brasil que está ganhando com um pensador e crítico do Direito Processual do seu nivel entre nós.
    Como já percebeu muito bem, para que tenhamos um mínimo de segurança jurídica é indispensável que, além da cognoscibilidade do direito, os cidadãos tenham a certeza de que esse direito conhecido será efetivamente implementado, por meio de um processo justo, com ampla participação e cooperação das partes na construção da decisão final.
    O papel destacado que a jurisprudência está ganhando nos sistemas jurídicos de origem ronamo-germânica só será democraticamente legitimado com a cooperação dos sujeitos envolvidos, influenciando, auxiliando, esclarecendo, sendo esclarecidos. Isso resultará, necessariamente, em uma decisão amplamente fundamentada, ponderando-se todos os fundamentos apresentados e com maior possibilidade de aceitação pelas partes. Esse é o caminho!
    Vamos em frente.
    Forte abraço.
    Paulo Mendes

  2. Caríssimo Paulo, muito obrigado pelas tuas palavras. É para mim uma grande honra compartilhar lições com alunos tão qualificados e inteligentes como tu.
    Quanto ao tema da cooperação, não tenho mais para dizer: totalmente de acordo contigo. É necessário, porém, trabalhar com este paradigma nos países onde isto ainda não se internalizou -como o Peru. Mas como tu disseste: vamos em frente!!!
    Grande abraço,
    Renzo

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