La búsqueda de la verdad en el proceso civil: una breve reflexión

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La búsqueda de la verdad en el proceso, qué duda cabe, es un tema sensible. No obstante, en primer lugar, es necesario saber qué tipo de concepto de verdad se está manejando. Taruffo sostiene que la verdad es objetiva (está fuera del sujeto), relativa (porque el conocimiento que se puede obtener de ella se encuentra fundado en un retrato imperfecto de la realidad y también porque ni siquiera en las ciencias exactas existe una verdad absoluta) y por correspondencia (X es verdadero sólo si X es verdadero). Se trata de una construcción filosófica muy compleja. Todo ello está claramente explicado en “La prova dei fatti giuridici” y, sobre todo, en “La semplice verità”.

Ahora bien, el hecho de que muchas veces no se alcance la verdad en el proceso responde a diversos aspectos que, por ejemplo, Jordi Ferrer Beltrán (“Prueba y verdad en el Derecho”, otro texto indispensable) identificó muy bien: no es lo mismo decir P está probado, que P es verdad. Hay una relación teleológica (y no ontológica) entre los medios de prueba y la verdad. Todas las reglas sobre la valoración (racional) de los hechos únicamente tienen sentido para que el juez pueda alcanzar el mayor grado posible de verdad. Se trata de buscar, por tanto, la verdad posible, porque al final y al cabo todos los juicios que el juez desempeña en el proceso son de probabilidad (que no es otra cosa que un grado de verdad). Lo que llamamos de juicio de certeza es, en realidad, un juicio de probabilidad considerablemente alto.

De otro lado, la verdad no puede no importar para el Derecho. Se trata, en palabras de Alvin Goldman, de una relación merit-based y no interest-based. O sea, es importante saber si un hecho realmente se dio para que una norma jurídica (digamos, una sanción) incida sobre él. De lo contrario, el Derecho no serviría para orientar conductas y fracasaría. Por su parte, no es importante saber si, por ejemplo, tengo o no ganas de ir al cine o porqué tal pintura me gusta o no. Goldman, por cierto, es uno de los autores con los que Taruffo trabaja (ver un artículo de Vitor De Paula Ramos que tuve la suerte de traducir).

El proceso no puede darle la espalda a una necesidad tan elemental del Derecho como es la de orientar conductas. De ahí que el proceso deba necesariamente estructurarse para que este objetivo (la verdad) se logre. Si la verdad no importase para el proceso, como bien dice Jordi, entonces mejor lancemos una moneda y, según el resultado, le damos la razón a una de las partes. Así de simple. Percibo un error común en aquellos que suelen minimizan la importancia de la verdad en el proceso: por el hecho que a veces no pueda ser alcanzada no quiere decir, en lo absoluto, que no se deba buscar.

Aquí una pequeña entrevista con Taruffo, publicada en El Peruano, donde destaca la importancia de la búsqueda de la verdad en el proceso.

Finalmente, alguna bibliografía sobre el tema que puede ser de utilidad:

CAVALLONE, B., 2010: “In difesa della veriphobia: considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo”. In Rivista di diritto processuale. Padua: Cedam, n. 1, pp. 1-26.

FERRER BELTRÁN, J., 2005: Prueba y verdad en el derecho, 2ª ed. Madrid: Marcial Pons.

___, 2007: La valoración racional de la prueba. Madrid: Marcial Pons.

MITIDIERO, D., 2013: Antecipação da tutela – da tutela cautelar à técnica antecipatória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 95-96 (tiene traducción al castellano: Anticipación de tutela – De la tutela cautelar a la técnica anticipatoria, trad. Renzo Cavani. Madrid-Buenos Aires: Marcial Pons, 2013).

NIEVA FENOLL, J., 2010: La valoración de la prueba. Madrid: Marcial Pons.

PAULA RAMOS, V., 2013: “Derecho fundamental a la prueba”, trad. Renzo Cavani. In Gaceta Constitucional, n. 65. Lima: Gaceta Jurídica, pp. 286-299.

SARLET, I. W.; MARINONI, L.; MITIDIERO, D., 2012: Curso de direito constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais.

TARUFFO, M., 1992: La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali. Milán: Giuffrè.

___, 2009: La semplice verità – Il giudice e la costruzione dei fatti. Roma: Laterza, 2009 (tiene traducción al castellano: Simplemente la verdad – El juez y la construcción de los hechos, trad. Jordi Ferrer Beltrán. Madrid: Marcial Pons, 2010; y también al portugués: Uma simples verdade – O juiz e a construção dos fatos, trad. Vitor de Paula RamosSão Paulo: Marcial Pons, 2012).

___, 2010: “Contro la veriphobia. Osservazioni sparse in risposta a Bruno Cavallone”. In Rivista di diritto processuale. Padua: Cedam, n. 5, pp. 995-1011.

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Hablemos (críticamente) sobre la carga de la prueba

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He tenido la suerte de traducir decenas de artículos de notables juristas brasileños (entre ellos varios de mi maestro, Daniel Mitidiero) con el solo propósito de que mis coterráneos conozcan un poco más de la doctrina brasileña que tanto tiene para ofrecerle a la peruana. No obstante, una traducción recientemente publicada tiene un matiz muy especial, por el simple hecho que el autor traducido es uno de los amigos más cercanos que he forjado en mi estadía en tierras brasileñas. Se trata de Vitor De Paula Ramos, entrañable compañero de música y otras artes, de quien no espero menos que, con el tiempo, se torne en el especialista sobre prueba número 1 en todo Brasil.

Hace poco Vitor escribió un formidable ensayo sobre el núcleo duro del derecho fundamental a la prueba, con una claridad, sistematicidad y contundencia argumentativa asombrosa, además de una bibliografía envidiable, a la que no muchos han tenido acceso. Este es el artículo que traduje, de futura aparición en el número 65 de Gaceta Constitucional y que, con la gentileza que le es propia, me permitió divulgarlo en mi blog. Pero lo que más debe captar la atención del lector es el bellísimo análisis crítico que Vitor realiza sobre la doctrina tradicional de la carga de la prueba y la propuesta que le sigue (por mi parte, estoy totalmente de acuerdo con él).

Y es que aquellos textos que son capaces de dinamitar los conocimientos que damos por ciertos son los que calan más hondo en nuestra constante formación de procesalistas. Y uno de esos textos está al alcance, ahora, de los estudiosos peruanos.

A bênção, querido Vitor,
que já viajaste tantas canções comigo
E ainda há tantas por viajar.
Saravá!

El TC peruano, la carga de la prueba… y una de Cantinflas

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Mario Moreno

El genial Mario Moreno, inspiración de toda una generación de comediantes… y de ciertos jueces

Hace poco tomé contacto con la STC N° 0206-2005-PA/TC, por encontrarla citada en uno de los considerandos de la sentencia de una Sala Superior que estaba leyendo por otras razones. El fragmento de la sentencia del TC que fue citado sirvió para la ratio decidendi y es como sigue:

“(…) sólo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate” (cursivas mías).

En otras palabras, para el TC el demandante tiene que “probar” que el proceso de amparo, y no el proceso ordinario, es la vía adecuada. Esta expresión no hizo sino sacarme una sonrisa y, a continuación, me generó una profunda tristeza por el pavoroso descuido con que se emplean conceptos del derecho procesal por parte de miembros de un Tribunal Constitucional (que, en teoría, deberían ser juristas, pero la realidad, ay, la dura realidad, dice otra cosa).

Hay que tener presente que “carga” viene a ser aquella situación jurídica subjetiva de ventaja activa cuya realización depende de su titular para la obtención de un determinado beneficio, sin que medie ningún tipo de comportamiento correlativo por la parte pasiva. También se suele entender el término “carga” como un imperativo de conducta en beneficio propio. Por lo tanto, “carga de la prueba“, en pocas palabras, no es más que aquella situación procesal que impone a su titular, si es que quiere salir victorioso en el proceso, que pruebe los hechos que alegue. Si los prueba, entonces necesariamente debe resultar vencedor (sobre el tema, críticamente y con amplia bibliografía, cfr. Vitor de Paula Ramos. “Derecho fundamental a la prueba”, trad. Renzo Cavani. En: Gaceta Constitucional, n. 64, en prensa).

A pesar de sea una verdad de perogrullo, la “carga de la prueba” está vinculada a la probanza de los hechos que sustentan el pedido de tutela del derecho. Se trata, evidentemente, de defender lo obvio. Pero, al parecer, en la lógica del Tribunal Constitucional ello no resulta “tan obvio”. ¿Por qué? Porque para estos jueces, el demandante tiene que “probar” que el proceso de amparo es la vía idónea para tutelar su derecho, o sea, tiene que “probar” la procedencia (y no la fundabilidad) de su demanda.

No obstante, aquí hay algo muy extraño: ¿Cómo se puede “probar” semejante alegación? Si “prueba” -como no puede ser de otra manera- se relaciona directamente con “hechos“, ¿de qué “probanza” estamos hablando? ¿Acaso se debe “probar” que de acuerdo al ordenamiento jurídico, en un determinado caso concreto, el amparo es o no la vía idónea? ¿Qué hechos destinados a corrobar no que el derecho fundamental fue violado sino… que el amparo es la vía adecuada?

Si llevamos al absurdo la cándida afirmación de los jueces del TC que firmaron esa sentencia -y, sobre todo, de los asesores que la hicieron-, entonces también hay que “probar” que la demanda contiene pedidos acumulables, que el juez es competente, que la causa de pedir y el pedido poseen conexión lógica, en fin, “probar” que una demanda cumple con todos los requisitos que impone la ley para su procedencia. Pero esto no puede ser tomado en serio ni siquiera por un alumno de cuarto año de universidad que sepa nociones básicas de derecho procesal. Esto, en realidad, es más propio de una comedia del querido e inolvidable Mario Moreno.

De ahí que mi conclusión sea, en realidad, una especie de pregunta con alternativas múltiples que el lector amablemente podría resolver:

(a) El TC no sabe lo que es carga de la prueba.
(b) El TC no sabe que “prueba” únicamente se vincula con “hechos”.
(c) El TC no sabe que no se puede “probar” la idoneidad del amparo como vía procedimental.
(d) El TC no domina adecuadamente conceptos del derecho procesal.
(e) Todas las anteriores.