Armisticio para la guerra entre el TC y la Suprema: una propuesta

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Mi último artículo publicado en el número 66 de Gaceta Constitucional. También puede ser descargado, junto con otros artículos, en la siguiente dirección: http://ufrgs.academia.edu/RenzoCavani

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La elección de jueces del TC: entre el “consenso político” y la irresponsabilidad paternal

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Óscar Urviola

Óscar Urviola, presidente de un órgano decadente (foto: El Comercio)

Columna publicada el martes 2 de julio en Consulta Previa.

La función de una Corte Constitucional en un ordenamiento jurídico tiene una importancia insoslayable. Y es que el sólo hecho de tratarse de un órgano capaz de eliminar leyes inconstitucionales y de tutelar, en definitiva, los derechos fundamentales de las personas, hace que su rol en un Estado de Derecho sea determinante para que éste, simple y llanamente, pueda ser calificado de tal forma.

Es cierto que el Tribunal Constitucional peruano (TC), en los últimos años, ha dejado muchísimo que desear, no sólo por la forma cómo desempeña, desde una perspectiva institucional, su función de Corte de vértice, sino también por la calidad de sus decisiones. No obstante, desde hace varias semanas esos graves problemas parecen haber pasado a un segundo plano por razones ajenas a su trabajo. Se trata de la ya sempiterna elección de los seis jueces de dicho Colegiado, que deberán ocupar cargos actualmente desempeñados por funcionarios cuyo exceso de mandato se contabiliza ya no en meses, sino en años.

La Constitución dice que el cargo de juez del TC dura cinco años, y si lo dice es porque el constituyente quiere una renovación institucional periódica de dicho órgano. También dice que le corresponde al Congreso realizar la elección de sus miembros, con mayoría calificada. Estamos, por tanto, ante un deber cuyo contenido y destinatario no deja atisbo de duda: los congresistas tienen que hacer lo que deban de hacer para llegar a un acuerdo político y elegir a los jueces del TC. Caso contrario, estamos ante una flagrante violación de la Constitución.

De ahí que es bueno preguntarse si el hecho de “no llegar a un consenso político” es justificación suficiente para que el TC continúe su triste estado de decadencia institucional, lo cual se refleja claramente en el hecho de que uno de esos jueces con mandato vencido se haya quedado cuatro (sí, cuatro) años más de lo que la Constitución permite.

Tampoco estaría de más inquirirse si “consenso político” implica repartirse la elección de cargos públicos importantísimos como si se tratase de una baraja de cartas. Si el “consenso” implica pactar que el partido X se queda con la Defensoría del Pueblo, el partido Y con los jueces del TC y el partido Z con los directores del Banco Central de Reserva, entonces el hacer política habría devenido en una repudiable inmoralidad y en un insoportable facilismo.

Y aún mucho peor es observar cómo, por cualquier medio, los partidos políticos que llegaron al poder (cuya prescindibilidad está siendo ratificada cada día que pasa) buscan colocar a “su gente”, sin importar la evidente orfandad en cuestiones académicas de ciertos candidatos. Y si alguno de ellos no es aceptado, entonces a patear el tablero y todo vuelve a fojas cero. ¿A eso se le puede llamar “consenso político”? ¿Es que acaso se trata de aliviar la presión mediática mediante una elección fugaz, antojadiza y poco meditada?

Buena parte de nuestros congresistas han conseguido demostrar, con mucho esfuerzo y entre muchas cosas, que no están a la altura de elegir funcionarios públicos de tamaña importancia. Quizá ello sea contradictorio porque fuimos nosotros, los ciudadanos, los que los pusimos allí, pero al fin y al cabo esa es la triste realidad de nuestros representantes (y de los representados). Qué duda cabe, ellos son muy buenos para mega-comisiones o linchamientos mediáticos, pero la enorme responsabilidad de conformar el colegiado del TC evidenció su incapacidad para enfrentarla como es debido.

Y es que ellos deberían ser los primeros en garantizar la institucionalidad, en respetar la Constitución sobre la que juraron y en preocuparse con la probidad y competencia de los futuros jueces del TC, en vez de hipotecar cargos públicos como si fuesen de su propiedad. Si lo que se pretende es colocar a determinado candidato no para equilibrar la composición política del Colegiado sino para que desempeñe una lista de tareas, entonces la elección de los jueces del TC (que no está mal que tenga un contenido político) se habría convertido en una suerte de mafia inescrupulosa, en un turbio negocio de intereses donde el único que termina perdiendo es nuestro país.

Por eso es que es necesario comenzar a pensar si acaso otros órganos no deberían tener injerencia en la elección de los jueces del TC. Por ejemplo, el gremio de abogados del Perú y la Asamblea Nacional de Rectores podrían asegurar una cuota académica con tres jueces. Asimismo, no sería impensable que el Poder Ejecutivo pueda elegir a un juez, a fin de balancear la selección realizada por el Congreso, el cual se encargaría de elegir sólo a tres. De esa manera, si no se llegase a un “consenso político”, la renovación del Colegiado no se vería tan perjudicada. Para esto, es claro, se debería modificar la Constitución. ¿Habría voluntad política para hacerlo?

Pocas veces como hogaño el calificativo “Padres de la Patria”, para referirse a nuestros congresistas de la República, fue tan infausto. Y es que si realmente son “padres” entonces algo anda mal con ellos, porque tienen a su hija enferma y abandonada.

La redención del Poder Judicial peruano

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Luis XIV

Luis XIV

En 1667, Luis XIV emitió la Ordonnance Civile (el llamado “Code Louis”) donde prohibió a los Parlamentos –Poder Judicial francés del Ancien Régime y funcionarios reales– interpretar la ley y dispuso castigar con la nulidad cualquier tipo de desviación formal. Varios siglos después, en 2004, Hugo Chávez dispuso aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo venezolano, pasando a tener de 20 a 32 miembros, logrando una mayoría oficialista. Hace algunos días, Ollanta Humala, en el marco de un proceso competencial, le pidió al Tribunal Constitucional que suspenda dos resoluciones en ejecución de una sentencia que ordenaban entregar dinero para el sueldo de los jueces, y lo hizo a pesar que la Constitución le obliga expresamente a cumplir con las decisiones judiciales.

Salvadas las diferencias entre los años y tipos de regímenes, ¿en qué se parecen estos tres hechos? Muy simple: en un perenne intento del Ejecutivo de controlar al Judicial. Además de tener un intenso trasfondo histórico, esta confrontación siempre implicó, en realidad, un perverso y abyecto propósito de concentración del poder político y de dejar a los gobernados sin posibilidad de oposición y lucha.

Ello ha sido y sigue siendo así porque un Judicial independiente y eficiente, además de ofrecer la máxima protección a los ciudadanos, resulta ser el mayor estorbo para cualquier gobierno que pretenda imponer su voluntad. De ahí que éste anhele un Judicial manso, débil, mermado, indolente ante los abusos contra la población. Y una forma clásica de hacerlo no sólo es pulverizándolo de una forma tan vulgar como lo hizo Fujimori en 1992, sino también impidiendo su correcto desempeño utilizando un arma poderosísima: el presupuesto. Hoy en día es claro que el control económico llega a ser más eficiente que el político; inclusive lo condiciona.

Dicen que la pita se rompe por el lado más débil, y el Judicial peruano siempre lo ha sido. No obstante, esta es una oportunidad para cambiar la historia; llegó el momento que el Poder Judicial peruano libre una cruenta batalla por su redención. Y es que el sueldo que los jueces merecen como los funcionarios públicos más importantes del país también concierne a todos, porque si nuestro Judicial no es independiente ni funciona bien, la esperanza de construir un país mejor no tiene cómo surgir.

El TC peruano y el proceso competencial: un cuento de nunca acabar

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Tribunal Constitucional peruano

I. Las actuaciones del Poder Judicial impugnables mediante proceso competencial

El Poder Judicial, entendido como órgano perteneciente al Estado, puede actuar básicamente de dos maneras: (1) ejerciendo la función jurisdiccional y (2) ejerciendo los poderes propios de la Administración Pública. Sobre lo último, en nada difiere a la forma cómo actúa una entidad administrativa, es decir, mediante actos administrativos u otras actuaciones tales como los llamados actos de administración interna. Inclusive en el marco de un proceso judicial, un juez puede emitir tanto actos jurisdiccionales como auténticos actos administrativos (piénsese, por ejemplo, en llamadas de atención del especialista, disposiciones para el archivero, etc.).

Esta nítida diferenciación es necesaria para entender qué tipo de actuaciones del Poder Judicial pueden ser materia de un proceso competencial, cuya causa es la existencia de un conflicto respecto de las competencias asignadas por la Constitución o las leyes orgánicas de aquel Poder del Estado u órgano que, eventualmente, las consideraría infringidas por el Judicial.

Este punto no escapó al legislador del Código Procesal Constitucional de 2004 cuando delimitó la regulación del proceso competencial. Dice el artículo 110: “El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artículo anterior adopta decisiones o rehuye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro” (cursivas agregadas). Nótese que la ley habla de actuaciones que, de hecho, se trata de un término muy genérico. No obstante, el artículo 111, primera parte, que se refiere a la medida cautelar que puede ser adoptada en el proceso competencial, es aún más claro: “El demandante puede solicitar al Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto”.

De ahí que la pregunta sea obvia: tratándose del Poder Judicial, cuando éste es demandado en un proceso competencial, ¿de qué disposición, resolución o acto se trata? ¿Será que cualquier tipo de actuación del Judicial puede ser materia de impugnación en un proceso competencial? ¿Podrá serlo, por ejemplo, una sentencia con autoridad de cosa juzgada? Aquí es donde se manifiesta la importancia de diferenciar los tipos de actuaciones que el Poder Judicial, como órgano estatal, puede adoptar.

No es posible negar que cualquier actuación del Poder Judicial, en teoría, podría implicar una afronta a las competencias de otros órganos. Lo puede hacer tanto el Consejo Ejecutivo mediante una resolución administrativa, una sentencia de un juez de primer grado en el marco de un proceso de cumplimiento, o una sentencia definitiva de la Corte Suprema en un proceso contencioso-administrativo. No obstante, ¿será verdad que cualquiera de dichos actos puede ser ventilado en un proceso competencial?

No, no lo es, porque el propio legislador de 2004 acabó por determinar exactamente qué tipo de actos de los Poderes u órganos susceptibles de ser parte pasiva en un proceso competencial pueden ser impugnados. Se trata del artículo 113, primer párrafo: “La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos” (cursivas agregadas).

La parte final del enunciado normativo es absolutamente esencial porque el legislador habla de actos administrativos, y no lo hace por casualidad. Si bien es verdad que esta disposición debió ser colocada en el artículo 110, pienso que la norma que se debe extraer de la interpretación de dicho enunciado no deja dudas: las disposiciones, resoluciones o actos impugnables solamente pueden ser actos administrativos y no actos legislativos ni mucho menos actos jurisdiccionales. La razón es que estos dos últimos tipos de actos de poder son tan particulares que el ordenamiento jurídico determina vías de impugnación muy especiales y precisas (es importante recalcar que esta posición ya fue expuesta convincentemente por Juan Monroy Gálvez en un artículo de hace algunos años atrás, que criticó duramente una sentencia del TC que distorsionó la naturaleza del proceso competencial).

Por su parte, es bueno tener en cuenta que el Código Procesal Constitucional no usa el concepto de acto administrativo en sentido técnico (como sí lo hace, por ejemplo, el artículo 1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General – LPAG), sino, en general, a actos producto del ejercicio del poder inherente a la Administración Pública.

Asimismo, a partir de un entendimiento correcto de nuestro ordenamiento jurídico, además de la interpretación ensayada en el párrafo anterior, debe concluirse que si un acto jurisdiccional es proferido en el contexto de un proceso civil, por ejemplo, se ataca a través de los medios legalmente previstos en el Código Procesal Civil, llámese reposición, apelación, casación o queja. De ninguna manera procede una injerencia del Tribunal Constitucional mediante el proceso competencial porque, tal como dice el artículo 139, inciso 2, segundo párrafo de nuestra Constitución, “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones (…), ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”.

En ese sentido, de ninguna manera puede entenderse lo contrario a partir del artículo 111, segunda parte, del Código Procesal Constitucional, que dice lo siguiente: “Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, éste podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional” (cursivas agregadas). Dos son las razones para esa conclusión: (1) la regla constitucional es clara, no admite ningún tipo de excepción, no permite al legislador infraconstitucional desarrollarla y, como es obvio, debe prevalecer; (2) la norma que proviene del enunciado transcrito faculta al propio juez o tribunal (con lo cual se descarta cualquier tipo de “orden” por parte del TC) a suspender el procedimiento, por ser lo más responsable, a fin de adecuar su futura decisión según lo que el TC resuelva.

De la misma manera, una sentencia con autoridad de cosa juzgada tiene muy vías específicas para su rescisión, puesto que se puede impugnar a través de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta (para el proceso civil y afines), revisión (en materia penal), amparo o hábeas corpus. De igual manera, el mismo artículo 139, inciso 2, segundo párrafo de la Constitución prohíbe a cualquier autoridad “dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada”, salvo las vías previstas por ley, agregaría yo.

De ahí que ya es posible responder la pregunta formulada: no toda actuación del Poder Judicial es impugnable a través del proceso competencial: únicamente lo será aquellos actos administrativos que supuestamente violen las competencias de otros Poderes u órganos atribuidas por la Constitución o por las leyes orgánicas.

II. Poder Ejecutivo vs. Poder Judicial: una vez más… el presupuesto

Todo lo dicho anteriormente, por desgracia, cae por tierra tras lo sucedido en el Exp. 00002-2013-PCC/TC, promovido por una demanda competencia del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. El primero le reclama al segundo de haber interferido en sus competencias constitucionales sobre el presupuesto. Más allá de si tiene razón o no, se trata de una discusión absolutamente válida, para lo cual precisamente fue creado el proceso competencial.

Nada de raro tendría todo esto si el mismo Poder Ejecutivo no hubiese pedido una medida cautelar solicitando: (1) la suspensión de los efectos de la Resolución Administrativa n. 235-2012-CE-PJ y (2) la suspensión… de dos resoluciones judiciales que, en el marco de la ejecución de un proceso de cumplimiento (por tanto, ya existía cosa juzgada), se ordenaba al Ministerio de Economía y Finanzas que cumpla con entregar dinero al Judicial para nivelar la tan postergada homologación de las remuneraciones de los jueces. ¿Y qué hizo nuestro TC? Pues concedió la medida.

Un punto importante es que dicha resolución administrativa data de noviembre de 2012 y fue expedida por requerimiento del propio Poder Judicial en cumplimiento de la decisión judicial firme que ordenaba, por su parte, cumplir con el artículo 186, inciso 5, literal b) del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ver considerando sexto de la resolución). Esta resolución no es un acto administrativo porque no genera efectos sobre administrados (pienso que en este caso los jueces no pueden ser calificados como tales); no obstante, en caso fuese aplicable la LPAG, aquella estaba sometida a un plazo recursal el cual, hasta donde tengo conocimiento, no fue impugnada, por lo que devino en firme de acuerdo al artículo 212, LPAG (aunque, valgan verdades, el hecho de que el artículo 10.1 de dicha ley establezca la nulidad de pleno derecho de un acto contrario a la Constitución complejiza el asunto). Sea como fuese, el problema que aquí se coloca es el siguiente: ¿se puede suspender la eficacia de una resolución que no fue oportunamente impugnada?

Además, un punto importante (aunque ya tiene que ver con el mérito del proceso) es que dicha Ley le confiere expresamente al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial “aprobar el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial propuesto por la Gerencia General y ejecutarlo una vez sancionado legalmente” (artículo 82, inciso 4).

Por otro lado, es claro que en este caso el TC no tomó en cuenta, como se trató de demostrar en el punto I, que los actos jurisdiccionales (sea cuales fuesen) no son impugnables en un proceso competencial. Y si no lo son, entonces tampoco pueden ser perjudicados mediante una medida cautelar. Lo que debió hacer el Ejecutivo era pedirle al juez constitucional la suspensión de la ejecución de la sentencia de cumplimiento por el hecho de haber iniciado un proceso competencial y, si su pedido era denegado, apelar la decisión. Es así como se atacan actos jurisdiccionales y no pidiendo a otra autoridad, por más que sea el TC, que interfiera con procesos en trámite, retardando su ejecución, tal como lo prohíbe expresamente la Constitución. Pero, después de todos estos años, ¿qué significa la Constitución para el accionar del TC? Poco, casi nada.

Finalmente, es necesario resaltar el hecho que tanto el Presidente de la República como el Tribunal Constitucional infringieron gravemente la Constitución: el primero por pedir la medida cautelar, violando la regla que le impone cumplir las resoluciones judiciales (artículo 118, inciso 9); el segundo por concederla, violando el ya referido artículo 139, inciso 2, segundo párrafo. ¿Y qué sucede cuando el Presidente del República o los jueces del Tribunal Constitucional violan la Constitución? Pues deben ser acusados constitucionalmente.

El Derecho según Óscar Urviola y el “Beaumont affaire”

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Hoy fue publicada la Resolución Administrativa n. 064-2013-P/TC, mediante la cual Óscar Urviola, presidente del TC, rechazó la renuncia de Ricardo Beaumont e, inclusive, en una situación jamás vista en la judicatura peruana, estableció un plazo perentorio para que se reincorpore a sus funciones . He aquí la mencionada resolución:

Urviola básicamente insistió en los argumentos que ya había adelantado en diversas entrevistas con los medios, es decir, en una interpretación equivocada del artículo 10, segundo párrafo de la Ley Orgánica del TC (criticada en el post anterior). Pero esta vez fue más lejos. A continuación algunas críticas puntuales contra los principales considerandos de la resolución.

1. Urviola hace mención al servicio público de administración de justicia constitucional, el cual salvaguarda la vigencia del Estado de Derecho, y dado que el Tribunal Constitucional es quien desempeña dicho servicio público, cualquier merma en su conformación lo afectaría gravemente. Por ello dice que la LOTC “ofrece garantías la continuidad en el servicio”. No obstante, lo que se deduce de este entendimiento es que este servicio está por encima del juez del TC como persona humana; es decir, es el correcto funcionamiento de este servicio que está por encima de la libertad de renunciar a un trabajo, derecho que es absolutamente indispensable a cualquier persona a fin de que no exista esclavitud o trabajos forzados (lo cual está prohibido inclusive por instrumentos internacionales).

Urviola, por tanto, no está haciendo otra cosa que interpretar un texto normativo infraconstitucional en perjuicio directo de un derecho fundamental. Él tiene, ciertamente, diversas interpretaciones posibles del art. 10, segundo párrafo… pero escogió la más perjudicial al derecho de Ricardo Beaumont. Por tanto, la norma que Urviola extrajo mediante su interpretación es inconstitucional.

2. De ahí que sea poco más que evidente en el razonamiento de Urviola que se instrumentaliza a la persona. ¿Por qué? Porque es utilizada como medio y no como fin, lo cual afrenta gravemente la dignidad humana. Ahora resulta que un juez del TC, del Poder Judicial, en fin, cualquier funcionario público, no es más que una pieza, una herramienta, al servicio de algún fin del Estado (por más noble que éste sea). Esto es sencillamente inadmisible.

3. Urviola no enfrentó un cuestionamiento que salta a luz: si la falta de algún miembro del TC afecta este sacrosanto servicio público (superior a la propia persona), lo más lógico sería que el juez del TC no pueda renunciar ni siquiera en ejercicio de su período constitucional de cinco años, porque de cualquier forma se afectaría dicho servicio (que, según su criterio, debe ser protegido a toda costa). Pero en esta hipótesis quedaría vaciada de todo contenido la norma que permite a un juez del TC renunciar. Esta evidente ilogicidad en la interpretación sistemática de la LOTC no fue abordada por Urviola, y es claro que la omisión fue a propósito, pero ella no hace otra cosa que hacer más notorio lo defectuoso de su razonamiento.

4. Urviola dice que la norma que reza “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” se aplica en el ámbito de la libertad personal, pero no en el del Derecho Público, donde regiría el principio opuesto: “sólo está permitido hacerse lo que la ley expresamente prevé” (sic), por lo que no sería una alegación válida para justificar la renuncia.

No obstante, aquí habría que preguntarle, no como presidente del TC, sino como abogado, entre otras cosas: (i) si la libertad personal apenas se limita al Derecho Privado, careciendo de aplicación en el Derecho Público; (ii) si, por ejemplo, en el campo del Derecho Tributario (que, salvo mejor juicio, es Derecho Público) no es posible usar la analogía para extender la hipótesis de incidencia tributaria a otros hechos imponibles -puesto que, como se sabe, la analogía es un método de integración jurídica, que presupone una laguna, por tanto, se trata de la creación de una norma no expresa-;  (iii) si en el contexto del proceso judicial el juez puede convocar a una audiencia con el fin de fomentar la conciliación de las partes a pesar de que el CPC ya no cuenta más con una audiencia de conciliación; (iv), si, en fin, esa limitación de la conducta apenas a lo que dice la ley (y, por tanto, si ella callase, sería una prohibición) se aplicaría, en realidad, única y exclusivamente a la Administración Pública… pero no a los ciudadanos. A partir de esas respuestas podremos advertir si se trató de una frase infeliz para defender lo indefendible, si fue por la prisa o la presión de los medios, o si, por el contrario -lo cual sería mucho más preocupante- el presidente del TC adolece de calor de carpeta.

Pero más allá de los aspectos concretos, ¿qué es lo más grave de todo? Que el mismísimo órgano defensor de la Constitución haya cometido este atropello sin precedentes. El “Beaumont affaire” llegó demasiado lejos. Por ello, sólo queda implorar al Congreso para que elija lo más pronto posible a los nuevos jueces del TC. Nunca antes el recambio fue tan necesario como hoy.

Urviola en su laberinto

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Óscar Urviola (foto "La Primera")

Óscar Urviola (foto “La Primera”)

La Constitución peruana dice que el Tribunal Constitucional (TC) “se compone de siete miembros elegidos por cinco años” (art. 201, primer párrafo). No resulta difícil concluir que el constituyente desechó la posibilidad de que los jueces de dicho tribunal puedan perpetuarse en su cargo; de ahí que exigió su renovación periódica, lo cual aparece ratificado en el art. 9 de la Ley Orgánica del TC.

Por lo tanto, siendo que la elección de los jueces del TC corresponde al Congreso, nos encontramos ante un auténtico deber impuesto por la Constitución. El Congreso debe elegir a estos jueces cada cinco años o, mejor, cada vez que alguno cumpla con su mandato. Ningún tipo de “oportunidad política” es justificación suficiente para incumplir con ese deber. Y dada la inaceptable situación actual, en donde seis de los siete miembros del TC se encuentran con su período vencido (¡uno de ellos con casi nueve años en el cargo!) simplemente porque el Congreso “no llegó a un consenso” o porque “no se logró realizar la elección en la legislatura ordinaria”, es poco más que evidente que nuestros legisladores están violando flagrantemente la Constitución.

Esta coyuntura hizo que Ricardo Beaumont, cuyo mandato había excedido en nueve meses, renuncie irrevocablemente. El hecho de haber presentado su carta de renuncia no ante el presidente del TC (como naturalmente correspondía, porque juramentó y tomó posesión del cargo ante él) sino ante el presidente del Congreso, revela con toda claridad graves problemas al interior del Colegiado. Pero esto no es ninguna novedad: es un hecho que hace años el TC vive fracturado.

No obstante, lo que realmente llamó la atención fue la actitud de Óscar Urviola, presidente del TC, al aparecer en los medios diciendo categóricamente que (1) la ley “obliga” a los jueces del TC que se mantengan en el cargo hasta que se elija a su respectivo sucesor y (2) que no aceptará más renuncias de otros jueces del TC. Digo que llaman la atención no sólo porque denotan su profundo malestar por la renuncia de Beaumont, sino porque no tienen ningún tipo de sustento jurídico. Examinemos tales argumentos separadamente.

(1) La única ley a la que Urviola podría estar refiriéndose es a la norma contenida en el art. 10, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del TC. El texto normativo dice lo siguiente: “Los magistrados del Tribunal continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes han de sucederles”. Es importante hacer énfasis en la diferencia entre texto normativo y norma, porque esta última únicamente se obtiene luego de un procedimiento lógico denominado interpretación. Por lo tanto, no es posible obtener ninguna prescripción de conducta si es que no interpretamos. De ahí que sea posible, a partir de sus resultados, cuestionar la actividad interpretativa.

Urviola, es claro, interpretó el texto normativo y extrajo la siguiente norma (que, por sus características, es una regla): “Los jueces del TC con período vencido no pueden dejar de serlo hasta que no se elija a su sucesor”. Pero, ¿qué tan correcta es esta interpretación? Por lo menos dos razones abonan a concluir que es totalmente equivocada.

(1.1) El art. 10 mencionado tiene un primer párrafo que dice lo siguiente: “Antes de tres meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el Presidente del Tribunal se dirige al Presidente del Congreso para solicitarle el inicio del procedimiento de elección de nuevos Magistrados”. ¿Por qué es importante mencionar este texto? Muy sencillo: porque este artículo está enmarcado en la hipótesis que un procedimiento de selección que se encuentra en curso, el cual necesariamente –o al menos en teoría– debería iniciarse cuando el juez o los jueces que están próximos a salir por el vencimiento de su mandato. De ahí se explica perfectamente el segundo párrafo: el juez del TC que será sustituido tiene que esperar hasta que el nuevo juez tome posesión, o sea, hasta que juramente.

Si es que se acepta la idea de que toda norma apunta hacia uno o más fines, entonces es forzoso aceptar que el fin de la norma contenida en el segundo párrafo del art. 10, a diferencia de lo que piensa Urviola, es evitar una descomposición del TC ante la inminencia de la juramentación de un nuevo juez constitucional. Lo que la ley quiere es que el TC nunca deje de contar con siete miembros en la época de transición, para asegurar su correcto funcionamiento. Ello, en mi visión, es plenamente razonable.

Ricardo Beaumont (foto "La República")

Ricardo Beaumont (foto “La República”)

No obstante, la pregunta es la siguiente: ¿será que esta norma está pensada para situaciones donde ya se produjo la expiración de los nombramientos? O peor aún: ¿será que fue prevista para casos extremos en donde no hay ningún sucesor después de meses o, inclusive, años? Pienso que la interpretación de Urviola aparece totalmente descontextualizada: él está intentando dar un contenido a una norma en total y absoluto descompás respecto de los fines para los que fue editada.

De adoptarse la interpretación que, según creo, es la más correcta, se concluye que en ningún momento la Ley Orgánica se colocó en el supuesto de que un juez del TC con período vencido tenga la “obligación” de continuar en ejercicio de sus funciones mientras que su sucesor no haya tomado posesión. Dicha ley apenas pretende garantizar la continuidad del funcionamiento del TC, permitiendo que los jueces salientes sigan desempeñando las atribuciones propias de su cargo. Por tanto, de ninguna manera se busca imponer forzosamente una “prórroga” del mandato. Inclusive, una interpretación como la ensayada por Urviola colisiona frontalmente con la Ley Orgánica y con la Constitución cuando ambas exigen que los jueces del TC no permanezcan más allá de los cinco años.

(1.2) La interpretación realizada por Urviola también es equivocada porque, al parecer, no tomó en consideración lo que prevé el art. 16, inciso 2, de la propia Ley Orgánica del TC. Dicho inciso dice que se produce la vacancia del cargo de juez del TC cuando éste renuncia. En otras palabras –aunque sea de una obviedad insoportable– el juez del TC… tiene el derecho de renunciar. Pero nótese que, si se admite la interpretación propuesta respecto del art. 10, segundo párrafo, la Ley Orgánica jamás se coloca en el caso de que el juez del TC se encuentre con el período vencido, sino cuando éste aún está plenamente vigente.

El juez del TC, por tanto, está habilitado de renunciar cuando ejerza constitucional y legalmente su mandato. Y si ello es así, es oportuno preguntar: ¿Podrá un juez del TC renunciar cuando su mandato esté vencido? Urviola piensa que no, pero es claro que existe un problema, cuando menos, de coherencia. Es evidente que sí puede hacerlo.

Aún más, pienso que es perfectamente posible que un juez del TC ad portas de ser sustituido pueda renunciar. ¿Por qué? Precisamente porque la norma del art. 10, segundo párrafo no le “obliga” a mantenerse en el cargo, sino que apenas garantiza la continuidad de las funciones del Colegiado. Este, y no otro, es el fin de la norma. Y esta plena facultad de renunciar se vincula estrechamente con el siguiente argumento.

(2) Urviola dijo que “no aceptará más renuncias”. No obstante, salvo que vivamos en una sociedad donde aún no se han conquistado los llamados derechos sociales, nadie está en la obligación de trabajar, porque trabajar es un derecho y no un deber, sea en ámbito privado, sea en ámbito público. Las excepciones son escasas, como la irrenunciabilidad del mandato congresal o el condicionamiento de la renuncia del Presidente de la República a la aceptación por el Congreso. En esos casos, es la propia Constitución quien expresamente lo prevé, dada la importancia de tales cargos y por el hecho de que son ejercidos por voluntad popular.

No obstante, el régimen de los jueces del TC es diferente. En ninguna parte de la Ley Orgánica dice que la renuncia está condicionada a la aceptación por el presidente del TC ni por ningún otro funcionario. Lo que dice el art. 16, tercer párrafo, respecto de la renuncia es que “se decreta por el Presidente [del TC]”; es decir, que el Pleno no tiene ningún tipo de injerencia, como sí ocurre con otras causales. Ello es razonable: en su desempeño como cabeza administrativa de un organismo público, el presidente del TC es quien debe dejar constancia, mediante resolución, que un juez del TC ha renunciado. Por eso es que la ley dice que sólo él la decreta.

Y, como resulta obvio, “decretar” una renuncia está muy, muy lejos de “aceptarla”, salvo que las palabras quieran decir lo que cada uno de nosotros queramos que digan, con lo cual se hace imposible la comunicación. Por tanto, Urviola no tiene ninguna facultad, ni constitucional ni legal, para condicionar una renuncia a su aceptación (léase: discrecionalidad). Un juez del TC es absolutamente libre de renunciar, antes o después de la expiración de su nombramiento.

Al fin y al cabo, los responsables de que el TC funcione bien o no por contar con sus siete miembros no son los propios jueces del TC ni su presidente. Los responsables son aquellos que vemos en las noticias discutiendo sobre narco-indultos o exigiendo interpelaciones con claro contenido político, en vez de cumplir con lo que la Constitución les manda expresamente.

El TC peruano, la carga de la prueba… y una de Cantinflas

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Mario Moreno

El genial Mario Moreno, inspiración de toda una generación de comediantes… y de ciertos jueces

Hace poco tomé contacto con la STC N° 0206-2005-PA/TC, por encontrarla citada en uno de los considerandos de la sentencia de una Sala Superior que estaba leyendo por otras razones. El fragmento de la sentencia del TC que fue citado sirvió para la ratio decidendi y es como sigue:

“(…) sólo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate” (cursivas mías).

En otras palabras, para el TC el demandante tiene que “probar” que el proceso de amparo, y no el proceso ordinario, es la vía adecuada. Esta expresión no hizo sino sacarme una sonrisa y, a continuación, me generó una profunda tristeza por el pavoroso descuido con que se emplean conceptos del derecho procesal por parte de miembros de un Tribunal Constitucional (que, en teoría, deberían ser juristas, pero la realidad, ay, la dura realidad, dice otra cosa).

Hay que tener presente que “carga” viene a ser aquella situación jurídica subjetiva de ventaja activa cuya realización depende de su titular para la obtención de un determinado beneficio, sin que medie ningún tipo de comportamiento correlativo por la parte pasiva. También se suele entender el término “carga” como un imperativo de conducta en beneficio propio. Por lo tanto, “carga de la prueba“, en pocas palabras, no es más que aquella situación procesal que impone a su titular, si es que quiere salir victorioso en el proceso, que pruebe los hechos que alegue. Si los prueba, entonces necesariamente debe resultar vencedor (sobre el tema, críticamente y con amplia bibliografía, cfr. Vitor de Paula Ramos. “Derecho fundamental a la prueba”, trad. Renzo Cavani. En: Gaceta Constitucional, n. 64, en prensa).

A pesar de sea una verdad de perogrullo, la “carga de la prueba” está vinculada a la probanza de los hechos que sustentan el pedido de tutela del derecho. Se trata, evidentemente, de defender lo obvio. Pero, al parecer, en la lógica del Tribunal Constitucional ello no resulta “tan obvio”. ¿Por qué? Porque para estos jueces, el demandante tiene que “probar” que el proceso de amparo es la vía idónea para tutelar su derecho, o sea, tiene que “probar” la procedencia (y no la fundabilidad) de su demanda.

No obstante, aquí hay algo muy extraño: ¿Cómo se puede “probar” semejante alegación? Si “prueba” -como no puede ser de otra manera- se relaciona directamente con “hechos“, ¿de qué “probanza” estamos hablando? ¿Acaso se debe “probar” que de acuerdo al ordenamiento jurídico, en un determinado caso concreto, el amparo es o no la vía idónea? ¿Qué hechos destinados a corrobar no que el derecho fundamental fue violado sino… que el amparo es la vía adecuada?

Si llevamos al absurdo la cándida afirmación de los jueces del TC que firmaron esa sentencia -y, sobre todo, de los asesores que la hicieron-, entonces también hay que “probar” que la demanda contiene pedidos acumulables, que el juez es competente, que la causa de pedir y el pedido poseen conexión lógica, en fin, “probar” que una demanda cumple con todos los requisitos que impone la ley para su procedencia. Pero esto no puede ser tomado en serio ni siquiera por un alumno de cuarto año de universidad que sepa nociones básicas de derecho procesal. Esto, en realidad, es más propio de una comedia del querido e inolvidable Mario Moreno.

De ahí que mi conclusión sea, en realidad, una especie de pregunta con alternativas múltiples que el lector amablemente podría resolver:

(a) El TC no sabe lo que es carga de la prueba.
(b) El TC no sabe que “prueba” únicamente se vincula con “hechos”.
(c) El TC no sabe que no se puede “probar” la idoneidad del amparo como vía procedimental.
(d) El TC no domina adecuadamente conceptos del derecho procesal.
(e) Todas las anteriores.