Control difuso, eficacia erga omnes y función del TC como Corte de precedentes

Estándar

Hoy leí un interesante artículo de la profesora Marianella Ledesma, publicado hace poco menos de un mes en el portal La Ley.pe. Al respecto, es necesario destacar tres puntos que ella resalta: (i) adecuar la eficacia inter partes del control difuso a la eficacia erga omnes propia del control abstracto; (ii) que sea el TC y no la Corte Suprema quien asuma la competencia para dicho control difuso; y (iii) que el TC deba pronunciarse sobre el control difuso realizado por el Judicial mediante consulta. Analizaré dichos puntos a continuación.

En nuestro ordenamiento, es el TC el responsable de dar unidad al derecho constitucional y la Suprema, por su parte, al derecho infraconstitucional. Ello únicamente se logrará mediante precedentes. Siendo la Suprema una Corte de precedentes infraconstitucionales, ella debe respetar los precedentes constitucionales del TC y, como es obvio, no debe tener ninguna competencia para aplicar directamente la Constitución, o, lo que es lo mismo, de crear precedentes constitucionales. Eso no quiere decir, por cierto, que no pueda interpretarla; por el contrario, puede y debe hacerlo porque dicha Corte desempeña sus funciones en el marco de un Estado Constitucional. Sólo que esa interpretación debe encontrarse acorde a los precedentes del TC [1]. La distribución de competencias de ambas Cortes así lo exige.

Es por ello que el control difuso (esto es, aplicar directamente la Constitución dejando de aplicar una norma infraconstitucional que sea contraria a ella) debe quedar a cargo del TC. Mediante el uso del control difuso, el TC perfectamente puede crear precedentes judiciales. Por su parte, a través del contro concentrado también puede hacerlo. Al respecto, es necesario esclarecer que todo precedente del TC debe ser erga omnes y vinculante, siendo una contradicción hablar de precedente “no vinculante” o “persuasivo” (nuestro CPConst se equivocó aquí).

En realidad, valgan verdades, toda decisión final del TC debería constituir precedente, de ahí que sea necesario la implantación de un eficaz sistema de selección de recursos, esto es, que el mismo colegiado sea quien escoja qué caso resolver, inclusive con un alto margen de discrecionalidad. Su misión no es tutelar el caso concreto (y aquí probablemente me aparte de forma drástica de la doctrina mayoritaria, incluyendo a Ledesma) sino interpretar la Constitución mediante precedentes, dando unidad al derecho constitucional. Por ello, no todos los litigantes tienen derecho subjetivo a que el TC resuelva su caso; el recurso es apenas un medio, un pretexto para que el TC cumpla con su función.

Regresando a nuestro tema, no puede haber ninguna diferencia en cuanto al alcance y vinculatividad de los precedentes, sea que se adopten en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de amparo (en buena medida, es importante reconocerlo, ello ya viene ocurriendo en la práctica). La razón de ello es bien expuesta por Ledesma: evitar un trato diferenciado a los justiciables. Al final, se trata de dar unidad al Derecho y, por tanto, promover la seguridad jurídica a los ciudadanos, garantizando la libertad y la igualdad. Para eso sirven los precedentes.

Inclusive, pienso que es necesario repensar la llamada función de “legislador negativo” y la exclusión de la norma inconstitucional del sistema jurídico únicamente reservada a los casos de control abstracto. Si el TC declara la inconstitucionalidad de una ley vía control difuso, y presuponiendo que los precedentes de este órgano deben ser siempre respetados, ¿será que no estamos también ante la eliminación de dicha norma? Este severo replanteamiento, por cierto, debe tener como norte la función de Corte de precedentes que el TC debe desempeñar en nuestro ordenamiento jurídico (no cabe, por tanto, aferrarse a lecciones clásicas sólo porque sí).

Es el TC y no la Corte Suprema, por tanto, quien debe desempeñar el control difuso. También lo pueden hacer los otros jueces del Judicial porque así la Constitución lo manda. Ledesma sugiere que dicho control se agote ante el TC, previéndose como solución la consulta; es decir, que el TC siempre deba revisar la actividad realizada por el Judicial, a fin de validarla.

No obstante, si es que el juez o la Sala está aplicando un precedente del TC para realizar esa declaración de (in)constitucionalidad, ¿se justifica también la consulta? ¿Y si dicho control ocurre en casos idénticos o si se realiza de forma reiterada? ¿Amerita realmente una intervención del TC en todos los casos? ¿Qué ocurre cuando el Judicial realiza una interpretación conforme a la Constitución o una declaración de inconstitucionalidad de ciertas interpretaciones de un mismo texto normativo? ¿Implica necesariamente el control difuso un pronunciamiento de inconstitucionalidad? ¿Cuál es verdadera la amplitud del control difuso o, mejor, qué hipótesis concretas merecerían una apreciación necesaria del TC a partir de la solución sugerida por Ledesma?

Me parece que es necesario repensar seriamente si ese mecanismo es el apropiado. No siempre el TC debe intervenir en los casos que se le presenten pues no todo recurso de agravio constitucional puede ni debe ser resuelto por ese colegiado. En mi opinión, el TC puede perfectamente rehusarse a revisar una sentencia en la que el Judicial realice (o no) un control difuso [2]. Ello, por cierto, presupone una larga y compleja explicación que no puede ser dada en esta oportunidad, pero tiene mucho que ver con su función política, íntimamente vinculada con la selección de recursos [3]. Como es evidente, la consulta, entendida como mecanismo que promueve una revisión obligatoria por parte del órgano superior competente en determinadas hipótesis normativas, se muestra en franca contradicción con la idea anteriormente expuesta.

Asimismo, considero que una aspecto que, cuando menos, debe preceder a proponer la consulta como solución, es la necesidad de consagrar el recurso de agravio constitucional y el recurso de casación como dos vías alternativas que el justiciable puede elegir después de emitida la sentencia de segundo grado. Así, se elimina la posibilidad de llegar, primero, a la Corte Suprema, para luego iniciar un proceso de amparo contra resolución judicial… para que el Poder Judicial se pronuncie nuevamente -y en dos grados- sobre la controversia  [4].

De cualquier manera, las críticas no merman en lo absoluto el hecho de que Ledesma haya colocado en debate un punto de la más alta relevancia, que tiene que ver con la función del TC como Corte de precedentes. Y ello tiene directa implicancia, por cierto, en la efectiva tutela de los derechos, sea en su dimensión particular, sea en su dimensión general, tal como apunta Daniel Mitidiero en su último libro [5]. Urge reflexionar críticamente sobre ello.

——

[1] Daniel Mitidiero. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 91-94.

[2] Inclusive, aunque parezca una propuesta excesivamente osada, pienso que el TC también podría decidir no decidir controversias de competencia originaria, es decir, demandas de inconstitucionalidad o competencial.

[3] Al respecto, cfr. André Tunc. “Conclusions : la Cour Suprême idéale”, in Revue internationale de droit comparé, año 30, n. 1, 1978, pp. 433-471; Vittoria Barsotti. L’arte di tacere – Strumenti e tecniche di non decisione della Corte Suprema degli Stati UnitiTurín: Giappichelli, 1999; Silvia Sonelli. L’accesso alla Corte Suprema e l’ambito del suo sindacato – Un contributo al dibattito sulla cassazione civile in un’ottica comparattisticaTurín: Giappichelli, 2001; Michele Taruffo. “Le funzioni delle Corte Supreme – Cenni generali”, in Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, n. 46. Porto Alegre: Magister, 2012, pp. 93-115.

[4] Ampliamente, Renzo Cavani. “Armisticio para la ‘Guerra de las Cortes’ – Una propuesta de modificación de las competencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema frente al amparo contra resoluciones judiciales”. In Gaceta Constitucional, n. 66. Lima: Gaceta Jurídica, 2013, pp. 297-307  (el artículo puede ser leído aquí).

[5] Daniel Mitidiero. Cortes Superiores e Cortes Supremas. Ob. cit., pp. 16 y ss.

Anuncios

Enrique Mendoza y la reforma del Poder Judicial: cuando continuar la trayectoria es retroceder

Estándar
Enrique Mendoza, presidente del PJ peruano  (foto: Perú 21)

Enrique Mendoza, presidente del PJ peruano (foto: Perú 21)

Trajetória” es un conocido y maravilloso samba que, como el lector puede intuir a partir del título de este artículo, encierra un dilema amoroso. Por ahí dice la canción: “Nadie jamás pudo cambiar, recibe menos quien más tiene para dar”. Es decir, continuar con una relación que no da para más, en vez de avanzar, paradójicamente, significa retroceder. Pues bien, eso es exactamente lo que refleja, al menos parcialmente, la última entrevista que concedió Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial peruano: parece que se avanza, pero, en realidad, se retrocede.

Como la totalidad de sus antecesores, Enrique Mendoza está preocupado con la rapidez (o mejor, esa palabra mágica: celeridad). Ello, por supuesto, es algo válido. Las notificaciones electrónicas son una clamorosa necesidad ante el tiempo patológico del proceso retratado en la comunicación del juez con los otros sujetos del proceso. Eliminando esos tiempos muertos, qué duda cabe, el proceso ganará en rapidez. Lo mismo ocurre con los medidores de desempeño judicial: si un juez no quiere ser sancionado o, mejor, anhela un ascenso, entonces se preocupará por resolver más rápido, en los plazos que corresponde.

Sin embargo, he aquí una pregunta obvia: ¿acaso el justiciable solamente quiere que su proceso termine rápido? ¿Será cierto que la celeridad garantiza decisiones judiciales buenas? O mejor, ¿es deber del Estado preocuparse que los procesos terminen rápido y no que terminen con una decisión que le dé razón a quien la tiene? ¿Puede la justicia medirse apenas en números? Aunque no hay cifras oficiales, el problema más visible de la justicia peruana es la morosidad, pero la calidad de las decisiones es un problema muchísimo más grave, sólo que menos visible (al respecto, ya escribí un artículo publicado en este diario). Y de esto no se dice una sola palabra. Parece que no es una preocupación principal.

Por otro lado, Enrique Mendoza quiere fomentar la predictibilidad de las decisiones judiciales. Eso está muy bien. Para ello él piensa que con un motor de búsqueda de decisiones de la Corte Suprema podrá solucionarlo. Eso ya no está bien, porque quizá olvida cuando menos dos cosas:

La primera es que no todas las materias llegan a la Suprema, como el caso de los alimentos y la discusión en el proceso cautelar. Por tanto, si el ciudadano lego acude al famoso motor de búsqueda virtual va a llamarle la atención que el máximo tribunal de justicia del país no haya dicho una palabra que le sirva sobre su caso. Habrá que explicarle que ella no lo resuelve. Y de nuevo la incertidumbre.

La segunda –que es mucho más grave porque denota una imperdonable candidez de Mendoza por su investidura– es pensar que el solo hecho de saber qué dice la Corte Suprema peruana ayudará a que el ciudadano sepa cuál será el resultado de su proceso, es decir, cuál será la respuesta del Poder Judicial. Y se trata de una candidez porque quedará evidenciado exactamente lo contrario: que en el Perú no existe ningún tipo de predictibilidad por la sencilla razón que la Corte Suprema no deja de emitir decisiones contradictorias entre sí.

Y nótese lo curioso: ese motor de búsqueda, con el estado actual de la Corte Suprema, va a contribuir formidablemente para la impredictibilidad: ahora con mayor facilidad el recurrente echará mano de decisiones previas de dicho tribunal… claro, las que más le convengan. Y el recurrido también hará lo propio.

Concretamente sobre esta materia, un presidente del Poder Judicial debería saber que apenas con un eficaz sistema de precedentes judiciales se podrá eliminar la impredictibilidad de la Corte Suprema, y, por tanto, realizar los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, contribuyendo así a la unidad del Derecho, es decir, a la posibilidad de que el Estado, a través de su Corte Suprema, sea capaz de dar una respuesta unitaria al justiciable.

Como resulta de mediano entendimiento, para que la Corte Suprema sea una Corte de Precedentes se requiere de profundísimos cambios a nivel institucional. Pero ello no podrá ser realizado sin que la doctrina especializada tome cartas en el asunto, es decir, que se discuta, a nivel teórico, cuál es el modelo de corte de vértice que necesitamos (lo cual implica la superación del obsoleto modelo de casación) y, sólo posteriormente, estudiar profundamente el tema de los precedentes judiciales y debatir sobre su adopción en nuestro sistema. Las soluciones a las que llegue la doctrina deberían reflejarse, luego, en una reforma legislativa (e inclusive constitucional).

Para que el lector tenga una idea, en el Perú, ni el Tribunal Constitucional, ni la Corte Suprema ni la doctrina peruana que se aventuró sobre el tema (sin mayor fortuna, siendo casi todos constitucionalistas) entiende lo que significa un precedente judicial y cómo es que se trabaja con él. No existe un libro de algún autor peruano que desarrolle de forma decente un estudio de derecho comparado, absolutamente indispensable para saber qué es un precedente, qué categorías jurídicas presupone (ratio decidendi, obiter dictum), cómo se identifica (distinguishing), como se supera, sea total (overruling), sea parcialmente (transformation, overriding). Peor aún: nadie ha tomado consciencia del nuevo papel de la jurisdicción en el Estado Constitucional, esto es, la interpretación jurídica como reconstrucción del ordenamiento jurídico mediante atribuciones de sentido a textos normativos y no como declaración de una norma ya dada por el legislador. Esto tiene implicancias de enorme relevancia para el papel de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento jurídico.

El estado de cosas es trágicamente incipiente, pero es necesario tomar cartas en el asunto. Y debe ser ahora. De lo contrario, hablaremos de predictibilidad pensando que avanzamos, continuando con la trayectoria de la tan postergada reforma judicial, pero en realidad, no hacemos más que retroceder.