Nuevo episodio en la “telenovela Fujimori”

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Artículo publicado el martes 4 de junio en Consulta Previa.

Fujimori indulto

Foto: La Primera

Hace algunos días se suscitó un debate (otro más) que alimentó la trama de esa telenovela mexicana en que se ha convertido el pedido de indulto a favor del ex presidente Alberto Fujimori. Esta vez el rol protagonista lo desempeñó su abogado, César Nakazaki, quien afirmó que en base al “principio jurídico” de “quien puede lo más puede lo menos”, el presidente Humala podría no conceder el indulto y, en cambio, dar un arresto domiciliario. Se trataría, por tanto, de una solución intermedia y equitativa, el justo medio entre perdonar y no perdonar. Aristóteles y Salomón reivindicados.

Sin embargo, las esperanzas de los fujimoristas de ver a su adalid liberado por esta nueva maniobra retórica son en vano. La respuesta es simple: el ordenamiento jurídico no lo permite.

Lo primero que debe ser tomado en cuenta es que existe una regla expresa contenida en el artículo 139, inciso 2, segundo párrafo, de la Constitución (esa misma que Fujimori rubricó) donde se prohíbe a cualquier autoridad tener injerencia sobre la ejecución de las sentencias emitidas en ejercicio de la función jurisdiccional. Dentro del término “autoridad” también se encuentra, evidentemente, el Presidente de la República.

¿Por qué se habla de regla? Porque una regla es una norma que impone inmediatamente una prescripción de conducta, y cuando el legislador consagra reglas es porque quiere dotar de una inflexibilidad y rigidez especial la situación de hecho que se busca regular. Al contrario, un principio es una norma inmediatamente finalística que no establece los comportamientos que deben ser realizados. Eso no quiere decir que los principios no impongan una prescripción normativa: sencillamente ella no es inmediata, como sí sucede en el caso de las reglas.

A nivel constitucional, una regla prohibitiva cobra una relevancia trascendental, porque fue el propio constituyente quien dotó dicha prescripción de una rigidez que no puede ser ignorada por el intérprete. Y en el caso de la regla mencionada de nuestra Constitución, el ordenamiento jurídico peruano no permite que ninguno de los Poderes del Estado ni cualquier otro órgano perturbe la función jurisdiccional, porque es sólo ella la que tiene injerencia en la ejecución de una sentencia penal. Se trata, por tanto, de una solución anticipada y previsible en caso de un eventual conflicto de poder. Eso es lo que busca una regla: traer previsibilidad.

De esa manera, es poco más que evidente que el Presidente de la República no puede modificar la ejecución de una sentencia penal. Ello implica que no puede alterar el régimen penitenciario bajo el cual un sentenciado cumple su condena. No tiene la competencia constitucional para hacerlo. Si lo hiciese, debe ser acusado constitucionalmente.

No obstante, la Constitución le confiere la facultad de otorgar indultos. Dicha facultad, evidentemente, viene a ser una excepción a la prohibición de perjudicar la ejecución de sentencias judiciales. Más allá de estar o no de acuerdo con esta gracia presidencial por motivos ideológicos, históricos o prácticos, ésta se justifica por el solo hecho que la Constitución lo autoriza expresamente. Es parte de nuestro derecho positivo y tiene validez.

Entonces, cabe preguntar lo siguiente: ¿posee el Presidente de la República la competencia constitucional (implícita) de alterar el régimen penitenciario de un sentenciado, o sea, modificar la ejecución de su sentencia? Para Nakazaki sí la tiene, porque si Ollanta Humala tiene la facultad de otorgar el indulto (perdón de la pena) entonces también puede “ordenar” el arresto domiciliario. Quien puede lo más, puede lo menos. A eso se limita el raciocinio.

Sin embargo, este argumento es huérfano de sustento jurídico. En primer lugar, ¿cuál es el fundamento normativo de este “principio”? En otras palabras, ¿en qué texto se encuentra? Y si no hay texto expreso, es necesario decir de dónde viene y por qué: las normas no salen del éter. Aún más, ¿tiene ese “principio” rango constitucional? Si fuese una especie de los así llamados “principios generales del Derecho” es necesario fundamentar su constitucionalidad. De lo contrario, no es posible comenzar una conversación seria al respecto.

Pero no sólo ello: asumiendo que dicho “principio” sea constitucional (en mi opinión, ni siquiera es un principio), es necesario reflexionar si es lo suficientemente potente, en el caso concreto de Fujimori, para derrotar a la ya citada regla constitucional del artículo 139. Esto exigiría una poderosísima y robusta argumentación que, inclusive, podría no sería suficiente atendiendo a los fines que dicha regla pretende preservar: la separación de poderes, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho.

Por lo tanto, tengo la justificada sospecha de que este “justo medio” propuesto por Nakazaki, más que una opinión rigurosamente jurídica, no significó otra cosa que un episodio más de la telenovela política número uno del país, cuyo misterioso desenlace aún se sigue prolongando.

Atento lector, no se pierda los últimos capítulos.

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La carta de la indolencia

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Fujimorismo en aprietos

Alberto Fujimori merece la libertad que le permita vivir el último tramo de su vida rodeado del afecto de su familia. Él merece ver con sus propios ojos libres la prosperidad que hoy vive el Perú gracias a las reformas que inició en su gobierno. Él merece ver con sus propios ojos libres ese Perú emergente, de los jóvenes emprendedores que estudiaron en las escuelas que construyó. Increíblemente, Alberto Fujimori es hoy el rehén de sus enemigos políticos del ayer“.

Este fragmento pertenece a una carta firmada por Keiko Fujimori, hecha pública hoy, probablemente constituya el momento culminante -y desesperado- de la campaña de sensibilización y compasión en que consistió el pedido de indulto de su padre. ¿Y por qué desesperado? Porque ya se hizo manifiesto que Fujimori no cumple con la principal condición para ser beneficiario de un indulto humanitario, es decir, no posee una enfermedad terminal e incurable. La carta es producto de una reacción política ante lo que ya es prácticamente inexorable: la denegación del pedido de indulto.

De ahí que a la imagen de victimización tuvo que serle sumada, por supuesto, un énfasis en la reivindicación de los logros del gobierno de la década de 1990. ¿Y qué otra cosa quedaba? Nuevamente afloró, por tanto, la viejísima estrategia discursiva fujimorista: que hubo más cosas buenas que las malas, que el cese de la inflación y la derrota del Sendero, a fin de cuentas, pesan más que la pulverización de la institucionalidad democrática, que la ingente y desbocada corrupción y que la forma autoritaria de gobernar. Es decir, exactamente de la misma lógica de algún celebérrimo defensor del fujimorismo que justificó el régimen de su adalid: “Nosotros matamos menos“.

Nótese el ardid argumentativo contenido en el fragmento transcrito: Fujimori es el responsable de la prosperidad actual del Perú, por tanto merece ser libre. Pero esto debe ser desbaratado puesto que pocas veces un discurso político estuvo tan de espaldas a la realidad jurídica: Fujimori fue condenado por el Poder Judicial por asesino, secuestrador y ladrón y respetando su derecho a un debido proceso. Y si algo es clave para el funcionamiento del ordenamiento jurídico es que las decisiones de la jurisdicción sean respetadas. Por tanto, Fujimori está preso porque la ley lo manda. La propia ley permite, sin embargo, que salga de prisión si cumpliese con ciertos requisitos. Lamentablemente para él y sus secuaces, no los cumple.

Esto es lo que precisamente trata de ser empañado con ese “merecimiento” del que habla Keiko. Pero, ¿de cuándo aquí un preso puede dejar de serlo por sus acciones políticas pasadas? Si ello es así, ¿qué hay de todos los condenados injustamente? ¿Qué hay de aquellos enfermos terminales que aún no ven a sus familias debido a la insoportable burocracia estatal? Es claro: el recurso a un supuesto merecimiento para justificar el indulto exhala la más pura y consumada indolencia contra todos aquellos que padecen la restricción de su libertad por crímenes infinitamente menores que los perpetrados por el dictador. La carta de Keiko refleja ese pavoroso desdén tan propio del fujimorismo por la igualdad y por la auténtica justicia, y no en esa que la hija dice creer, tal como proclama al final de la carta.

Asimismo, no es casualidad que se dirija a los “jóvenes emprendedores”. En realidad se dirige a los jóvenes peruanos de pocos recursos que tuvieron que estudiar en un colegio público, atribuyendo los logros que su esfuerzo haya podido conseguir a Fujimori, por el solo hecho de haber construído las escuelas donde se formaron. Además de tratarse de un discurso manipulador, propio de un caudillismo exacerbado (“Fujimori me dio una casa, por tanto le debo gratitud eterna”), pienso que se trata de una injusticia extrema con los muchachos que se forjaron su propio futuro en condiciones adversas. Ellos y sus padres tienen el crédito, y no el gobernante que simplemente hizo que lo que le correspondía hacer.

Es casi un hecho que el indulto será, dentro de poco, una anécdota. No obstante, muchísimo más importante que esa sensata decisión que el gobierno tome, es que los peruanos puedan, finalmente, liberarse de esa dulce y, a la vez, dañina percepción que aún se tiene sobre el gobernante más corrupto de la historia del país. Nada de eso contribuye para nuestro aún incipiente espíritu democrático.

Y es que cada cosa debe estar en su lugar. Y el lugar de Fujimori, por ahora, es la cárcel.

Lo que se esconde tras las presiones del Cardenal

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El Cardenal jugando su partido

El Cardenal jugando su partido

Para nadie es novedad la íntima vinculación entre el fujimorismo y el Cardenal. No sólo por la férrea defensa de éste a los atropellos contra los derechos fundamentales perpetrados por el régimen de Fujimori, sino también porque comparten una misma visión política, que se cobija en una marcada e insensible derecha. Pero claro, esto no puede llamar la atención porque Cipriani pertenece al Opus Dei, de lejos, una de las alas más radicales y conservadoras dentro de la Iglesia Católica.

Después de ese fenómeno político sin precedentes -por lo sui generis y por lo mamarrachiento- llamado Revocatoria, el fujimorismo volvió a la carga con su (único) caballito de batalla para figurar favorablemente en la escena política: el indulto de su líder.

A estas alturas del partido es claro que si Keiko, Kenji y compañía tuvieron un ápice de esperanza de ver a su padre libre, eso ya se esfumó. No obstante, su verdadera intención, como no podía ser de otra manera, era electorera. Su idea desde el inicio fue generar un sentimiento de compasión en la población que les sirva para posicionarse de mejor manera de cara a las próximas elecciones, tanto ante sus fervientes seguidores (con riesgo a ser cada vez menos tras la futura muerte del ex-dictador) como ante los no-fujimoristas que no ven con tan malos ojos al régimen de la década del ’90.

Así, el indulto viene a ser parte de una estretegia de “limpieza” del nombre de Fujimori, transformando al autócrata justísimamente condenado, en un preso moribundo injusticiado por la indiferencia del gobierno. Claro, la droga hallada en el almacén de Kenji, cualquier cosa que salga de su boca y el proceso penal por la compra los diarios chicha son algunas de las principales piedras en el zapato en la consecución de ese objetivo, maquinado por Keiko y Yoshiyama.

¿Y qué tiene que ver nuestro amado Cardenal en todo este embrollo? Pues que él también juega su partido: les dio a sus aliados fujimoristas su regalo de Pascua, que seguramente fue conversado con antelación. Hoy, Cipriani emplazó al presidente Humala que resuelva rápido el indulto. La razón de ello es clara: por varios días Keiko y las caras visibles del fujimorismo alzaron sus voces pero fueron prácticamente ignorados. Es notorio que Humala estuvo bastante cómodo con la desaparición total del tema del indulto (decisión en la que se juega su prestigio como presidente y, también, eventuales alianzas políticas con la oposición), y ahora que dicho tema ha vuelto al ruedo, ha encargado a sus ministros que no le den mucha bola a los bulliciosos fujimoristas que, como ratones, gritaban y pataleaban desde abajo.

Por eso, hartos por haber perdido el protagonismo, y, también, aterrados con aquellas voces que, con argumentos jurídicos, sostienen que el pedido podría no subir hasta el presidente, no quedó más que recurrir a su viejo aliado, alguien con mayor presencia mediática, mejor manejo verbal e, inclusive, con más llegada a Humala, al que ve como un igual. Y el Cardenal, gustoso, aceptó la súplica, aunque difícilmente ésta sea gratuita, ni mucho menos producto de un caritativo espíritu cristiano por domingo de resurrección.

Sea lo que se encuentre detrás de esto, Cipriani -por de más, un hábil político- no pudo ser más explícito en hacer recaer todo el peso de la decisión en hombros del presidente. “No nos escondamos en el médico o la ministra“, dijo, categórico, no dejando nada para las entrelíneas.

La estrategia es cristalina: colocar a Humala en el centro del problema tantas veces como sea necesario, no permitiendo jamás que saque cuerpo. Y una vez que sea él quien decida diciendo que no -lo cual, como es claro, no lo quiere hacer por el momento-, y con absoluta prescindencia que apenas se limite a corroborar que la depresión de Fujimori no encuadra en las causales para conceder un indulto humanitario, el fujimorismo desplegará una estrategia de aniquilamiento de la credibilidad del gobierno, sumada a una hipersensibilización aún mayor por la situación del deprimido. Y un día de estos seguramente veremos aparecer el discurso electoral.

Preparémonos.