Nulidad y recurso de reposición: algunas soluciones para el día a día desde el plano teórico, dogmático y pragmático

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M. C. Escher - Hand with Reflecting Sphere (1935)

M. C. Escher – Hand with Reflecting Sphere (1935)

Imaginemos el siguiente caso:

En un proceso de obligación de dar suma de dinero, Plutarco ofreció medios probatorios extemporáneos por existir hechos nuevos; sin embargo, el juez emitió un decreto diciendo “Tráiganse los autos a despacho para resolver”. ¿Es posible, vía reposición, pedir la nulidad de dicha resolución a fin de que el juez cumpla con correr traslado a la otra parte para su pronunciamiento respecto de dichos medios probatorios?

En el ámbito teórico-procesal, el vicio ataca actos y negocios procesales, sea del juez, de la parte o de otros sujetos procesales. El vicio, por tanto, también ataca el acto jurisdiccional (que tiene presupuestos y requisitos propios). El vicio alude a una imperfección estructural en el acto, lo cual afecta su propia configuración (en términos más comunes a la práctica judicial, aunque no muy precisos técnicamente: un error in procedendo). A priori, no veo ninguna razón para que algo similar no ocurra en el caso de una resolución de mero trámite o de impulso procesal: este también puede padecer un vicio que pueda suscitar un pronunciamiento de nulidad.

Entonces, el problema, en realidad, no es teórico, sino que se coloca en dos planos diversos: (i) dogmático, esto es, si el derecho positivo peruano realmente lo impide; (ii) pragmático, esto es, si resulta o no de utilidad.

Procuraré demostrar que en ambos planos sí es viable la hipótesis.

Plano dogmático: el CPC no impide pedir la nulidad en un recurso de reposición ni tampoco que el juez se pronuncie sobre ella

El art. 362 dice: “El recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el juez los revoque”. La pregunta que surge aquí es la siguiente: de amparar el juez el recurso, ¿necesariamente debe proceder a la revocación? ¿No podría, acaso, anular?

En primer lugar, pienso que un pedido de nulidad puede estar contenido en cualquier recurso, salvo que la naturaleza propia de este así lo impida.

El único caso en donde ello no ocurriría, según creo, sería el recurso de queja, en donde la finalidad es que el superior juzgue el mérito del recurso; o sea, si es que el recurso debe o no ser admitido. Ello es así porque el art. 401 habla de “reexamen”. Se refiere, por tanto, al mérito recursal.

Asimismo, hiere todo sentido común una solución como anular el concesorio y comunicar al juez de abajo, para que él admita el recurso y el expediente (o cuaderno, de ser el caso) vuelva a subir. Inclusive, el propio art. 404, § 2 así lo confirma: “Si se declara fundada la queja, el superior concede el recurso y precisa el efecto si se trata de la apelación, comunicando al inferior su decisión para que envíe el expediente o ejecute lo que corresponda”. Por tanto, en el recurso de queja no puede haber nulidad.

Por su parte, al apelar o recurrir en casación es perfectamente posible pedir la nulidad, pues este pedido encuentra en dichos medios impugnatorios su vía procedimental adecuada. Tenemos aquí texto expreso: el art. 382, en el caso de la apelación; y el art. 396, § 3, en el caso de la casación.

Ahora bien, ¿el hecho que no exista texto expreso para el caso de la reposición hace que no sea jurídicamente posible pedir u obtener un pronunciamiento nulificante respecto de un decreto?

Dos razones llevan a concluir que no, siendo ambas, pruebas de que el sentido lingüístico mínimo del texto sí importa – y mucho:

(i) El art. 355 dice que “mediante los medios impugatorios (…) se anule o revoque (…) un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error”.

Así, en lenguaje lógico:

– Mediante un medio impugnatorio puede pedirse la nulidad por existir vicio.
– Reposición es medio impugnatorio.
– Entonces, puede pedirse la nulidad por existir vicio en la reposición.

(ii) El art. 363 dice que “si interpuesto el recurso el juez advierte que el vicio o error es evidente…”.

Ya había señalado en el ítem anterior que un vicio también puede estar contenido en una resolución de mero trámite. Teóricamente, por tanto, ninguno de los dos artículos nos ofrece mucho. Pero dogmáticamente sí son relevantes: se advierte, de forma clara, que un decreto puede contener un vicio y que ello bien puede llevar a un pronunciamiento nulificante.

Es posible reforzar el análisis de la siguiente manera: el no existir texto expreso para la regulación de la reposición -como existe, por ejemplo, para la apelación (art. 382)- hace que el problema pueda solucionarse empleando una interpretación extensiva (recurriendo a la analogía o, de ser el caso, al argumento a fortiori). En este caso concreto, pienso que sería bastante tranquilo realizar un juicio analógico.

Si asumimos que SF es “soporte fáctico” y C es “consecuencia”, entonces:

SF1: El recurso de apelación puede contener intrínsecamente el pedido de nulidad → C1: Pronunciamiento nulificante (arts. 364 y 380, CPC).
SF2: El recurso de reposición puede contener intrínsecamente el pedido de nulidad (confirmado por los arts. 355 y 363) → no hay consecuencia expresa.

Lo que corresponde aquí es determinar si es que existe una semejanza relevante entre SF1 y SF2 y cuál es la razón para la extensión de C1 a SF2. Veamos:

(a) Sí hay semejanza relevante pues SF1 y SF2 versan sobre recursos que, a su vez, comparten una regulación general, al punto de que tienen un mismo objetivo (anular o revocar, total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error, según la dicción del art. 355).

(b) La razón para la extensión es que SF2 es que el juez pueda resolver según los límites del pedido de la parte y no se vea obligado a ordenar una revocación no solicitada, exactamente igual como sucedería en la apelación que contiene apenas una pretensión impugnatoria.

Dogmáticamente, por tanto, sí es posible pedir la nulidad en una reposición y, además, que el juez, al resolver el mérito del recurso, la decrete.

Plano pragmático: sí es útil anular al resolver un recurso de reposición.

Superado el examen del plano dogmático, podemos ir rápidamente al plano pragmático. Para ello comenzamos con la siguiente pregunta: ¿Sería correcto entender que ningún vicio existente en un decreto merezca ser anulado sino que sobre él recaiga, siempre, una revocación?

La respuesta es: no.

Muchas veces la nulidad –si es que no es excesivamente gravosa– sirve para encaminar mejor el procedimiento. Véase el caso materia de consulta, por ejemplo: el juez emitió una decisión que vulneraba un sinnúmero de derechos fundamentales: contradictorio, prueba, defensa. Se trata de una resolución absolutamente inapropiada teniendo en cuenta el estado del proceso, ad portas de emitir la sentencia.

Por ello, se aprecia como una solución bastante adecuada el decretar la nulidad de dicha resolución a efectos de que, en la renovación del acto procesal (art. 177), pueda emitir la resolución adecuada. La nulidad se muestra, por tanto -aún constituyendo un retroceso en el proceso- como una solución viable para reencaminar el procedimiento, protegiendo las situaciones jurídicas de las partes. No tengo dudas de que, al menos, se trata de una solución más coherente que una revocación – decisión que presupondría un error in iudicando.

De esta manera, en el marco del recurso de reposición, es sí posible acompañar un pedido de nulidad, a fin de que el juez, en vez de revocar la decisión impugnada, la anule. Para ello -y aquí un consejo práctico- el recurrente deberá justificar cuál es el vicio y la necesidad de que se proceda a la decretación de nulidad.

Pero hay algo más que orienta a esta solución, siempre en el plano pragmático.

Existe una absurda práctica de algunos jueces peruanos de rechazar el pedido de nulidad por no ser el “recurso adecuado” (asumiendo, equivocadamente, que ella “es” un medio impugnatorio); y, por si eso no fuese suficiete, rechazan la apelación contra el auto que declara improcedente la nulidad, argumentando que existiría doble recurso. ¿Por qué “doble recurso”? Porque esa apelación debió haber sido interpuesta contra el primer auto (esto es surreal: la prohibición de “doble recurso” es para una misma resolución… y aquí hay dos). Contra esto solo nos queda interponer queja y todo el tiempo que demandaría regresar a la situación original.

Entonces, si ello es así para la apelación, ¡imagínense para la reposición! Simplemente no se permitiría ningún pedido de nulidad contra un decreto, siendo ello perfectamente posible. Por ello, pienso que al interponer un recurso de reposición, pidiendo la nulidad y que el juez se pronuncie anulando el decreto, como reza el dicho popular, nos curamos en salud.

2 comentarios en “Nulidad y recurso de reposición: algunas soluciones para el día a día desde el plano teórico, dogmático y pragmático

  1. Hebert

    Hola Renzo, excelente tu análisis, estoy de acuerdo.
    Por otro lado, creo que la reposición como está legislada nos quita la opción de usarla, pues lo resuelto en ella es inimpugnable, ergo se convierte en un callejón sin salida, altamente riesgoso, por ende, difícil de promover cuando teóricamente esta concebido para brindar a nuestros jueces el válido re-examen de lo decidido, acortando – en lo posible – el proceso (al ahorrarnos una apelación y todo lo que ello supone), pero esto último se pierde.
    Por ende, considero que debemos promover que se derogue la parte in fine del art. 363, que reza: “El auto que resuelve el recurso de reposición es inimpugnable.”
    Finalmente, en lo que dices respecto a la nulidad, comparto, pues en mi expertise la he usado muchas veces para reconducir procesos, por tanto, no la podemos criticar a priori, ello es simplemente errado. Me ha servido para “hacer justicia” y eso es lo que vale, bien usada por supuesto.
    Atentos saludos.
    Hebert

    • Muchas gracias por tu comentario, apreciado amigo. Apenas me permito agregar que lo inimpugnable es la resolución del mérito del recurso de reposición, no así el auto que declararía improcedente el pedido de nulidad. Ese ciertamente no es inimpugnable. ¡Abrazos!

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