Rebeldía, medidas cautelares y convicción judicial

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Queridos amigos, comparto con ustedes la absolución de una pequeña pero no menos interesante consulta.

Primero, imaginemos el siguiente caso hipotético:

Demóstenes Parra fue declarado rebelde en un proceso de obligación de dar suma de dinero, pero, acto seguido, compareció al proceso, buscando desvirtuar las alegaciones del demandante. No obstante, su abogado comenta que su cliente sufrió un secuestro conservativo de diversos bienes muebles ubicados en su depósito, y, al verificar el mandato cautelar que autorizaba dicho secuestro, observó que la motivación respecto de la verosimilitud del derecho residía apenas en la constatación de la existencia de una presunción legal relativa, dado que el juez decía tener convicción respecto de los hechos alegados por el demandante. ¿Es esa decisión correcta, teniendo en cuenta que aún no se ha realizado la audiencia de pruebas?

Aquí la respuesta:

Tal como indica el artículo 461 del Código Procesal Civil, la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda. Hay, no obstante, algunas hipótesis específicas que eliminan dicha consecuencia: (i) ante la pluralidad de sujetos en el polo pasivo de la demanda, uno de ellos formula contestación; (ii) si la pretensión se sustenta en derecho indisponible; (iii) si no se ofrece prueba documental en los casos que la ley así lo exija; (iv) si el juez declara que los medios de prueba del demandante no le producen convicción.

Más allá de los problemas de corte teórico que trae la figura de la presunción, siguiendo a nuestra legislación, esto quiere decir que la carga de probar la no veracidad de los hechos alegados en la demanda queda a cargo del rebelde, sin que ello signifique que el demandante quede liberado de probar la alegación de hecho que sustenta la presunción (artículo 279).

A decir verdad, esto resulta ser bastante curioso ya que el rebelde, una vez constituido como tal, si es que interviene en el proceso, deberá sujetarse al estado en que se encuentre (artículo 462), por lo que no podrá aportar medios probatorios. La razón de ello es que la oportunidad para ofrecerlos, salvo disposición expresa, se da apenas en los actos postulatorios (artículo 189). Así, siendo que la contestación de demanda es un acto postulatorio y precluyó la oportunidad para realizar dicho acto procesal, queda claro que el rebelde, por sí mismo, sencillamente no tendrá posibilidad de revertir dicha presunción (salvo el caso de los medios probatorios nuevos, que pueden ofrecerse en apelación de sentencia, según el artículo 374).

Tenemos, por tanto, en el presente caso, que existiría una presunción legal relativa de verdad de los hechos alegados, sin que ninguna causal del artículo 461 haya pueda concurrir (al menos no en apariencia) para desvirtuarla. La primera pregunta que se coloca aquí, por tanto, es: ¿cuándo se efectiviza la presunción legal relativa que la rebeldía puede producir? Respuesta: únicamente en la sentencia. ¿Por qué? Principalmente por causa del inciso 4 del artículo 461.

Dicho dispositivo indica que la no convicción respecto de los hechos alegados por el demandante (rectius: la insuficiente corroboración de la veracidad de las alegaciones de hecho formuladas por el demandante a partir de los medios probatorios disponibles) es suficiente para destruir la presunción legal relativa sobre la veracidad de los hechos que puede producir la declaración de rebeldía. Dice la norma, además, que el juez debe realizar esta declaración de no convicción en resolución motivada. Es posible asumir, por tanto, que esta presunción legal relativa está condicionada a que el juez diga si está o no convencido respecto de la veracidad de los hechos alegados en la demanda. Y el momento del surgimiento de la convicción judicial únicamente puede darse después de valorar los medios probatorios, etapa que, a su vez, sólo puede darse después de la audiencia de pruebas (salvo los casos de juzgamiento anticipado del proceso), momento procesal en donde se actúan dichos medios.

El hecho de que la presunción legal relativa únicamente pueda efectivizarse al momento de la decisión tiene mucho sentido, dado que es allí donde el juez, finalmente, va a determinar si es que la narrativa ofrecida por el demandante está sustentada en los medios probatorios que ofreció, que fueron admitidos y actuados. Esta compleja operación de contrastar las hipótesis fácticas con la prueba disponible es la valoración de los medios probatorios. La así llamada convicción solamente se da después de la valoración y jamás antes.

En el presente caso, antes de la audiencia de pruebas, el juez dijo estar convencido y, por tanto, determinó que la presunción legal relativa estaba consumada. A partir de esto es que justificó la existencia de verosimilitud en el derecho (como es sabido, requisito de otorgamiento de una medida cautelar) y ordenó el secuestro conservativo.

No obstante, teniendo en cuenta lo anterior, existe una grave violación del derecho fundamental a la prueba y a la motivación de las decisiones judiciales. A la prueba, porque el juez no puede saltearse las etapas del raciocinio probatorio: no puede decir que está convencido sin haber valorado los medios probatorios que sustentar los hechos alegados. A la motivación, porque la justificación de existencia de la verosimilitud del derecho no puede estar sustentado en algo que no existe (presunción legal relativa).

En ese sentido, ¿qué debió hacerse? En mi opinión, el juez debió evaluar puntualmente el peso de los medios probatorios y su mayor o menor sustento respecto de los hechos, a fin de corroborar la mayor o menor probabilidad del derecho alegado por el demandante, que buscaba tutela de seguridad. No resulta correcto, por tanto, recurrir a la presunción legal relativa (inexistente, creo) para dar por sentada la verosimilitud del derecho.

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