A la Suprema se la respeta
Hace algunas semanas la Corte Suprema de El Salvador, un pequeño país centroamericano con una turbulenta historia (como es común en los Estados de Latinoamérica), dio una lección de cómo se deben combatir los atropellos del poder revestidos de legalidad: aplicando la Constitución.
En lo que la opinión pública salvadoreña ha calificado como un intento de golpe de Estado, el presidente de dicho país, Mauricio Funes, promulgó con inquietante presteza el proyecto de ley aprobado por los partidos derechistas mediante el cual se modificó la Ley Orgánica Judicial a fin de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos o reglamentos, deberá existir unanimidad entre sus miembros.
¿Este hecho le resulta familiar? Quizá recuerde lo que ocurrió en nuestro país cuando un régimen hizo expulsar injustamente a tres jueces del Tribunal Constitucional para que, mutilado, este órgano no pueda declarar la inconstitucionalidad de las leyes por falta de quórum. Al menos en el caso de El Salvador la solución para maniatar al Judicial fue menos repugnante.
Y es que cualquier órgano contralor de la constitucionalidad de las leyes (sea bajo la forma de un Tribunal Constitucional o que la Corte Suprema tenga esta facultad) que cumple cabalmente su función de contención del poder público, resulta un piedra demasiado grande en el zapato de un gobernante que quiera perpetuarse en el poder, hacer del Estado su bóveda privada o su bastión para obtener cualquier tipo de beneficio indebido. Por eso es que los maquiavélicos esfuerzos están dirigidos a minar los poderes del Tribunal o Sala Constitucional y obstruir la celosa protección de la supremacía de la Constitución. Por eso es que los jueces Rey Terry, Aguirre Roca y Revoredo Marsano fueron finalmente defenestrados mediante una acusación constitucional sin pies ni cabeza, todo avalado por un Congreso leal al déspota de turno.
Pero volvamos a nuestro caso. ¿Cuál fue la respuesta del Poder Judicial salvadoreño? Esta declaración se dio en el marco de dos demandas de inconstitucionalidad interpuestas con la Ley de Presupuesto de 2011, que fueron admitidas a través del control difuso, inaplicando la norma por inconstitucional., y más ejemplar no pudo ser: “En un Estado Constitucional de Derecho no es posible hacer cesar el control de constitucionalidad de las leyes mediante la imposición legal de obstáculos al debate interpretativo de la Constitución, con un claro efecto de que la Sala no logre realizar su función de defensa de la supremacía constitucional”. Así, según la Sala, se afectan la separación de poderes y el sistema de deliberación y debate que la Constitución ha previsto.
Qué duda cabe que se trata de un acto que merece aplauso. Ya quisiéramos ver esta misma valentía en nuestros jueces cuando su autonomía e independencia son atropelladas por otros poderes e, inclusive, otros tribunales.
Links:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/06/110613_salvador_crisis_constitucional_cch.shtml
A fojas cero 