Negociando con las FARC: ¿se cambia justicia por paz?
Columna publicada en Consulta Previa.
Para nadie es desconocido el intenso y larguísimo que involucró, por más de cincuenta años, al Estado Colombiano y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tampoco es novedad las esforzadas conversaciones de paz que vienen ocurriendo en La Habana para ponerle fin a esa desgarradora conflagración que ya tomó la vida de más de 200 mil colombianos (más del triple del número de muertos tras el conflicto armado contra Sendero Luminoso, en el Perú).
Pero un acontecimiento causó una enorme conmoción y que quizá sea un punto de no retorno en la historia del país norteño: el expreso reconocimiento de los dirigentes de las FARC que su accionar causó “víctimas y dolor” y que están dispuestos a indemnizar a todos los afectados. Ello es de suma relevancia porque el grupo armado, desde siempre, dijo defender al pueblo colombiano.
Está fuera de discusión que las FARC incurrieron en actos terroristas y violaron gravemente las convenciones internacionales sobre los conflictos armados. En efecto, hubo ataques a la población civil como secuestros, asesinatos selectivos, bombardeos, desplazamientos forzados y uso de coches-bomba, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento forzado de niños, violaciones sexuales contra niñas reclutadas, muerte y mutilaciones por minas antipersonales, entre muchísimas otras. Un rápido repaso de las acciones militares de las FARC demuestra el horror y la atrocidad que guió, por muchos años, el comportamiento de este grupo paramilitar.
No obstante, la histórica declaración de las FARC ya había sido precedida de un expreso reconocimiento, por parte del presidente Juan Manuel Santos, en el marco de una audiencia ante la Corte Constitucional colombiana, de que el Estado colombiano era responsable de violaciones al derecho internacional humanitario. Él mismo estaba defendiendo la impugnación que se había hecho contra el proyecto de reforma constitucional (el llamado “Marco Jurídico para la Paz) impulsada por el Congreso y apoyada por el Ejecutivo, y allí, frente a decenas de periodistas, fue donde lo dijo solemnemente.
No es posible negar que ambos lados desean la paz. Y la voluntad por crear condiciones que la aseguren ha llevado al Gobierno colombiano a intentar reformar su Constitución, lo cual, ciertamente, es un acontecimiento sui géneris en la solución pacífica para este tipo de conflictos internos. La intención es clara: se quiere garantizar de la forma más segura posible que los guerrilleros que depongan las armas y se desmovilicen de la zona de conflicto puedan reinsertarse a la sociedad. No es extraño, por tanto, que organizaciones nacionales e internacionales (especialmente la Human Rights Watch) hayan expresado su gran preocupación al respecto, puesto que, de prosperar esta reforma, se estaría generando un sombrío clima de impunidad, en donde, si bien algunos recibirían castigo por sus crímenes, de hecho, habrían otros que saldrían limpios de polvo y paja.
De lo anterior no hay duda: la modificación prevé un sistema de justicia de transición, a ser regulado mediante ley estatutaria por el Congreso, que presupone mecanismos extrajudiciales para el esclarecimiento de la verdad, seleccionando los crímenes prioritarios a enjuiciar (el proyecto habla únicamente de los crímenes de lesa humanidad), renuncia a la persecución penal de otros, todo ello aplicable tan sólo a aquellos que hayan sido parte del conflicto armado interno que se desmovilicen individual o colectivamente. En otras palabras, se está tratando de crear, constitucionalmente, un régimen (y, también, una jurisdicción paralela) especialísimo más benevolente con los partícipes del conflicto. Según los impulsores del proyecto de reforma, todo ello es indispensable para asegurar el proceso de paz que se está llevando a cabo actualmente.
Por su parte, la Corte Constitucional deberá pronunciarse en esta semana sobre la constitucionalidad del proyecto, en lo que seguramente será un fallo histórico. Curiosamente, algunos han señalado que si el proyecto no prospera, ello no perjudicaría en nada las negociaciones con las FARC. Pero, ¿será ello realmente cierto? ¿Aceptarán las FARC ser juzgadas como cualquier otro criminal de guerra? Aún más: ¿Es realmente la voluntad del pueblo colombiano –sobre todo de aquellos afectados directa o indirectamente por los terribles crímenes del grupo armado– de que el conflicto armado llegue a su fin otorgándole a las FARC una justicia distinta a la que, hoy, prevén la Constitución y los tratados internacionales? ¿Debe sacrificarse la justicia (la verdadera, la que exige tratar a todos por igual) por la paz?
Es verdad que cada Nación debe solucionar sus problemas de la mejor forma posible, y la experiencia que ha tenido el pueblo colombiano frente al conflicto armado es única, incomparable. Muchas personas han nacido y muerto cuando éste ya existía, pero muchas estarán vivas cuando las FARC depongan, de forma definitiva, las armas, si es que lo hacen. No obstante, de una u otra manera, habrá un precio que los colombianos tendrán que pagar, quizá uno mucho mayor al que ya han pagado injustamente: y es que no será fácil ver caminando por la calle a quien asesinó o secuestró a tu padre o a tu hijo, y saber que no habrá condena para él.
ACTUALIZACIÓN 23/08/2013: http://elcomercio.pe/actualidad/1621300/noticia-farc-anunciaron-pausa-dialogo-paz-colombia
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/22/actualidad/1377205171_334984.html
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