La legitimidad de César San Martín
César San Martín pasó a la historia de la justicia peruana como el juez que condenó a un presidente de la República, pero ahora le espera un reto aún mayor: lograr la reforma de justicia.
¿Cuál es la diferencia entre los jueces de paz y los otros jueces (llámense de paz letrados, especializados, mixtos, superiores y supremos)? La que salta a la vista es que los primeros no han estudiado la carrera de Derecho y los otros sí. Pero no me refiero a eso, voy un poco más allá: A los primeros su pueblo los elige para impartir justicia; a los segundos, no. Todos imparten justicia, pero a los jueces de paz los propios justiciables le han conferido el poder de juzgar y solucionar sus conflictos; ello quiere decir que estos jueces tienen legitimidad.
Esto no quiere decir que los jueces no elegidos por la comunidad no tengan legitimidad. No olvidemos que la función de resolver conflictos es una manifestación del poder y esta se ejercita a través de la jurisdicción. Así, siendo representantes del Estado y detentando el poder estatal, los ciudadanos reconocen en los jueces (de cualquier grado o materia) la autoridad para pronunciarse sobre sus conflictos y solucionarlos, y son plenamente conscientes que deben cumplir con sus mandatos. En otras palabras: el Estado tiene plena legitimidad de sus gobernados para impartir justicia.
Esto último está estrechamente vinculado a cómo los jueces llevan a cabo su labor de juzgar, lo cual determinará mayor o menor legitimidad. Por ejemplo, una mayor participación de los sujetos a quien se dirigen los actos de poder hacen que la decisión sea más legítima, ergo, más aceptada. La razón de ello es que también colaboran en la formación de la decisión. Asimismo, el respeto por el procedimiento legalmente previsto también es un factor que acrecienta la legitimidad, tal como lo demostró Niklas Luhmann en su brillante libro Legitimidade pelo procedimento.
Afiche en donde se le pide a San Martín que haga justicia y condene a Fujimori. Al final lo hizo.
Pero estas reflexiones se dirigen a un hecho que particularmente me ha llamado la atención: Nunca como antes un presidente del Poder Judicial, que es elegido solo por los miembros titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha tenido tanta legitimidad como César San Martín Castro. No recuerdo haber visto alguna encuesta donde se mida su aprobación, pero no me cabe la menor duda que superaría con amplitud el 80 por ciento. Esto no hubiera ocurrido ni por asomo con los anteriores presidentes. Es probable que la población hubiera dicho que no los conocía.
Es claro que la legitimidad de San Martín reside en el juzgamiento de Fujimori, que fue televisado, discutido y promocionado hasta la saciedad. Y su prestigio creció mucho más aún cuando lo encontró culpable, a través de una sentencia de 800 páginas, dada la abrumadora aceptación a nivel nacional e internacional que recibió. Su imagen quedó como un juez incorruptible, intachable, inmaculado, tanto desde la perspectiva lega como desde la especializada. Si antes era un profesor destacado de Derecho Procesal Penal y un juez correcto; luego quedó como un juez valiente, honesto, probo, lo cual es un fenómeno extremadamente escaso frente a una entidad que es asociada con incompetencia, ineptitud, corrupción, letargo, en suma, el averno mismo. San Martín brilló -y aún lo sigue haciendo- porque es exactamente lo contrario a ello.
Todo esto lo catapultó a investirse con la presidencia del Poder Judicial, acaso un cargo tan complicado como el que desempeñó cuando estaba frente a frente con Fujimori. Me atrevería a decir que más arduo, porque el juicio a Fujimori acaparó pantallas por un buen tiempo, pero los problemas con el Poder Judicial están allí siempre: basta recordar el caso Petroaudios. De igual manera, todo parece indicar que el Gobierno ya entendió que sin un servicio de justicia estatal eficiente, transparente, no hay verdadero crecimiento económico, claro, aunque ya no podrá hacer nada al respecto. San Martín sí lo sabe, y ha dicho bien que la cuestión del Poder Judicial no es responsabilidad exclusiva de los jueces, sino también de la ciudadanía. Y no está evadiendo el problema, al contrario, está apuntalando desde dónde debe venir el gran cambio. No todo es lograr un mayor presupuesto.
No queda otra cosa que desearle éxitos a César San Martín. Aquí la sociedad civil tiene un papel fundamental: deberá elogiarlo cuando haga las cosas bien, será necesario criticarlo cuando lo haga mal. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de entrevistarme con él para el periódico La Ley y se mostró claro y firme en sus ideas. Sentí que él tiene la profunda convicción de hacer que el Poder Judicial camine, ojalá que la población que también lo ve capaz de ello lo apoye.
A fojas cero 