La nueva Ley Universitaria y el drama de estudiar en el extranjero

Estándar

Doctorado

Hoy, en El Comercio, salió publicado un artículo muy interesante de Alfredo Bullard, criticando la nueva Ley Universitaria. Esto me lleva a algunas reflexiones sobre lo tratado por el articulista.

No niego la buena voluntad de la NLU. Hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo, como la carrera docente y el énfasis en que la función de la universidad debe ser la investigación.

Pero en el punto destacado por Bullard (el reconocimiento de los grados académicos extranjeros) sencillamente el legislador ha hecho tábula rasa. Ha demostrado su completa ignorancia sobre la realidad de estos postgrados.

En efecto, exigir que una maestría deba tener 48 créditos es sencillamente un absurdo, pues universidades muy calificadas, que le llevan una diferencia sideral a cualquier postgrado peruano, no tienen ese creditaje. Exigir que todo postgrado deba culminar en tesis para ser reconocido en el Perú es un sinsentido, teniendo en cuenta la realidad de los LLM’s en los países anglosajones. No creo que ellos equivalgan a una maestría, pero vamos, ¿acaso no vale nada? ¡Claro que valen! ¡Y mucho!

Ni se diga del doctorado, para el cual la NLU exige nada menos que 72 créditos. Hay doctorados de altísimo nivel en donde no hay clases. Ello es así -y con toda razón- porque el alumno tiene por principal función investigar. Cierto: hay seminarios, asesoría y todo lo demás, pero el creditaje previsto por la universidad bien puede no llegar a lo que la NLU exige.

Todo esto es importante porque la NLU no permite hacer carrera docente a aquellos sin maestría y sin doctorado. Asimismo, los parámetros de acreditación de la SUNEDU a las universidades será precisamente que sus profesores cuenten con esos grados. Tales grados, por cierto, deben ser reconocidos por la SUNEDU. Para acreditar, por tanto, la SUNEDU verificará si los grados están inscritos; de lo contrario, la Universidad perderá puntos.

Para los que se quedaron en el Perú no hay problema con el reconocimiento. Todos los postgrados peruanos se adaptarán al creditaje que exige la NLU. Pero los que tomaron la dura decisión de estudiar su doctorado fuera podrían entrar a un callejón sin salida: podrían no obtener el reconocimiento de su maestría o doctorado.

¿Pero por qué? Veamos.

Si la ley coloca estos requisitos para el creditaje entonces un reglamento no podría contradecirla. ¿Cómo, por ejemplo, un reglamento podría decir que, a efectos del reconocimiento de maestrías y doctorados peruanos, debe atenderse al creditaje expresamente reconocido por la NLU… pero para los postgrados del extranjero podría ser menos? Si la NLU no prevé absolutamente nada al respecto, ¿cómo es que el reglamento podría hacer la distinción?

Aún si esta distinción fuese acorde con la legalidad, el problema pasa a ser otro: un funcionario público, un burócrata, tendría que dilucidar, en cada caso concreto, qué maestría o doctorado extranjero vale en el Perú. ¿De qué parámetros objetivos se servirá? ¿Deberá hacer una evaluación adicional a la que fue realizada por la universidad? ¿Ese funcionario debe ser magíster/doctor para entender de qué se trata esta evaluación? ¿Me entrevistará para demostrarle que poseo esos conocimientos? ¿Tendrá que comunicarse con la universidad que expidió el grado, burocratizando todo el procedimiento?

Véase que esto no es poca cosa, pues está en juego nada menos que el plan de vida de una persona: la carrera docente que se quiere transitar y cualquier tipo de contratación con el Estado. En ambos casos el reconocimiento de SUNEDU es imprescindible. Si este no existe, entonces sencillamente, para efectos formales, no se posee ese grado académico.

Yo estudié mi maestría en Brasil, en uno de los mejores programas de postgrado stricto sensu de ese país. Los conocimientos adquiridos fueron decisivos para el trabajo que vengo desempeñando como estudioso del derecho. Tuve grandes profesores, siendo uno de ellos uno de los mayores juristas contemporáneos. Escribí una disertación de 280 páginas, en portugués, que fue duramente criticada -con justicia- por el jurado examinador. Algún día se convertirá en libro.

Mi maestría tuvo 24 créditos, y no 48. Pero ahora el Estado, a juzgar por la NLU, me dice que este grado no vale en mi país. Si es que hago mi trámite en SUNEDU probablemente lo declaren improcedente. Correré el riesgo de que ninguna universidad me quiera contratar o, peor, que en las instituciones que ya enseño condicionen mi permanencia como docente a la realización del trámite. “Acreditación” es una palabra, hoy, muy pesada para las autoridades universitarias. Nadie se la va a jugar por un profesor joven como yo.

Entonces, quizá la respuesta que, resignado, reciba, sea como la que escupió el congresista Daniel Mora, el adalid de la educación superior peruana y gestor de la NLU, a un twittero que reclamó lo mismo que yo: “Ok, vendrán mejores”.

Anuncios

Julio Guzmán no tiene corona: el valor de las reglas y el decisionismo

Estándar
Foto: Exitosa.

Foto: Exitosa.

Me gustan las propuestas de Guzmán y votaré por él, como ya lo he hecho público. No obstante, eso no me impide de defender la juridicidad y condenar todo aquello que se dirija a minarla.

Tras las eventuales irregularidades que supuestamente se habrían cometido en la democracia interna del partido “Todos por el Perú” hubo reacciones de las más diversas: algarabía dando por sentado su exclusión de los comicios, una deficiente información de la prensa, rechazo tajante de que tales vicios hayan existido, etc. Hoy es la noticia del momento, junto con los plagios de César Acuña.

Pero también hubo algunas opiniones defendiendo que no estaría bien que el Jurado Nacional de Elecciones sea “tan estricto”, en el sentido de que un candidato presidencial no debería ser apartado por “defectos formales”. Destaco aquí el reportaje hecho por Gerardo Caballero en El Comercio y el artículo de Juan Carlos Tafur en Exitosa.

Quisiera centrarme en este último.

Creo firmemente que opiniones como la de Tafur, argumentando, desde su ignorancia jurídica, que las reglas electorales en la democracia interna de los partidos deberían ceder ante el “interés superior de la representación popular” es la más clara demostración cómo las reglas son frecuentemente vistas como un incómodo corsé y, de allí, cómo es que siempre hay un principio a la mano para colgarse y “justificar” la decisión.

De allí caben diversas preguntas: ¿De dónde se reconstruye (analíticamente) este “interés superior de la representación”? ¿Sería un principio constitucional vinculado de alguna misteriosa manera a los derechos fundamentales a elegir y ser elegido? ¿Sería acaso una norma infraconstitucional? ¿Qué hay de la función ínsita a las reglas de “eliminar o reducir problemas de coordinación, conocimiento, costos y control del poder” (Humberto Ávila)? ¿Y la seguridad jurídica que ofrecen las propias reglas electorales, dadas previamente a las elecciones internas de los partidos? ¿Dónde queda la importancia de que esta democracia interna sea lo más transparente posible en la búsqueda de una consolidación de los partidos políticos? Esta consolidación ciertamente no puede hacerse sin reglas, y esas reglas deben ser respetadas.

La opinión de Tafur, además de reflejar un preocupante desprecio por las reglas muy propio de nuestra sociedad, en términos técnicos constituye un decisionismo puro y duro, ese mal endémico producto de la efervescencia del neoconstitucionalismo, aún abrazado por algunos académicos en nuestro país y diversas latitudes.

El decisionismo, voluntarismo o activismo judicial -siempre arbitrario, jamás positivo- es una deformación del derecho; es el precio que hemos tenido que pagar por lidiar con conceptos vagos en manos de jueces poco ilustrados, por entusiasmarnos con la tópica, retórica y el iusmoralismo como formas de combatir el positivismo ideológico, y por promover pseudoteorías para justificar proposiciones y postulados que adolecen de un análisis lingüístico mínimamente riguroso de la normatividad.

El decisionismo, en mi opinión, debe ser atacado con firmeza por los juristas auténticamente comprometidos con la democracia, desconstruyendo argumentos falaciosos, tanto en el mundo académico como en la opinión pública.

Y digo todo esto para llegar a lo siguiente: si Guzmán debe quedar fuera por violar reglas electorales, pues que así sea. Él ni nadie tiene corona.

ACTUALIZACIÓN: 06/02/16, 22:11

Una entrevista dada ayer por dirigentes del partido Todos por el Perú a “La hora N” conducida por Jaime de Althaus esclarecería que Julio Guzmán no habría violado las reglas electorales. Detalle: no se apeló a ningún “principio” o “interés superior”. Todo se resolvió a partir de las reglas.

Acuña no debe ser presidente

Estándar

Carlín - El doctorado de Acuña

Las acusaciones de plagio de César Acuña no paran de llegar. Ahora ha plagiado un libro entero, con prólogo y dedicatoria incluidos, de autoría de Otoniel Alvarado Oyarce, quien fuera su profesor. Ello, sumado a los plagios en las tesis de maestría (aún por esclarecer) y de doctorado (comprobado) solo pueden conducir a una conclusión: Acuña es un plagiario en serie.

Pero más que ello, es un provinciano emprendedor que aprovechó la coyuntura, tuvo visión de negocio y amasó una tremenda fortuna bajo la bandera de la educación, pero que su carrera académica -necesaria para respaldar esa imagen- es una farsa. Quiero creer que eso le acompañará por siempre, más allá de lo que ocurra en esta elección.

Y, para mala suerte de la Townsend y otros vasallos de Alianza por el Progreso, no es necesario ningún pronunciamiento de la Complutense, U. de Lima u otra institución para comprobar sus plagios. Cualquiera mínimamente inteligente puede constatarlo. Lo que las universidades envueltas en este lío deberán decir es si Acuña perderá el grado concedido por causa del plagio. No confundamos una cosa con otra.

En cualquier otro país esto llevaría a que cualquier candidato abdique de sus pretensiones para acceder a un cargo político. No obstante, Favre y su monigote aún se aferran a que algunos ciudadanos peruanos no les interese la honestidad, el respeto por la mujer o la locuacidad para expresar ideas: muchos -piensan aquellos- mal que bien se ven reflejados en el exgobernador liberteño, pues tienen por leitmotiv de vida la pendejada, además de ufanarse por ser mujeriegos y abusar de la mujer. Quizá estos ciudadanos no lo hagan público, pero así es como piensan.

Pero más allá de todo esto, que ya se ha evidenciado y criticado ferozmente en los últimos días, en la conferencia anticorrupción organizada ayer por la Contraloría General de la República, Acuña se pintó de cuerpo entero. Exactamente en la parte en donde le cuestionan sobre alguno de sus plagios y él responde que habría sido hace 25 años, cuando aún no era candidato presidencial. Murmullos de desaprobación. Y luego no tuvo mejor idea que volverse al público y exclamar, sonriente: “¡Pero apláudanme muchachos!”. Nadie aplaudió ni se rio.

Esto no estaba en el guión de Favre. Era Acuña natural y no maquillado por instrucciones y discursos hechos y mal leídos. Se mostró tal cual es: un criollazo que no le es suficiente con actuar de forma inmoral y aplastar todo lo que esté en su camino para lograr lo que quiere, sino que se regocija de hacerlo, cree que está bien, no se arrepiente y le gusta que le aplaudan por eso. Y los que lo rodean suelen aplaudirlo.

Esto sin mencionar que él está convencido que todo lo puede comprar: desde tesis para optar grados académicos hasta elecciones para alcaldía, gobernación y presidencia. Comprar votos para él es algo natural y que debe hacerse. Por cierto, ya lo hizo con bastante éxito en sus campañas políticas anteriores. Y en esta lo filmaron mientras lo decía con el mayor desparpajo del mundo.

La verdad es que el plagio es apenas algo minúsculo: es una pequeña demostración de lo que Acuña es. ¿Y qué es?  Pues es un malvado, de una degradación moral comparable a la del peor tiranuelo que el Perú haya sufrido en su turbulenta historia política, con poca inteligencia para casi todo salvo para maquinar engaños y manipular personas. Una persona así no tendrá reparos en acabar con nuestra alicaída institucionalidad; en comprar las consciencias de congresistas, jueces y funcionarios; en abrir las puertas para empresas corruptas que hagan parecer a los Odebretch unos neófitos; en zurrarse en la democracia y en el equilibrio de los poderes; en crear una red de clientelismo y populismo comparable a la del fujimorismo; en comprar líneas editoriales que jueguen en pared con el gobierno y tantas cosas más.

Acuña no debe ser presidente. Nunca.