De nuevo sobre Acuña y el plagio: un debate (jurídico) con Rosa María Palacios

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El día de hoy, la conocida periodista y abogada Rosa María Palacios escribió un nuevo post sobre el plagio de la tesis de doctorado de César Acuña.

Allí, como es de costumbre, dio su opinión personal sobre el asunto, pero también se animó a ofrecer algunas consideraciones jurídicas sobre un argumento que ya se viene discutiendo: el hecho de que Acuña no presentó una declaración jurada falsa porque al momento de hacerlo sí era doctor, ya que la Universidad Complutense de Madrid sí había emitido la resolución que lo reconocía como doctor. Entonces, por más que haya plagiado, para efectos de la contienda electoral, no debería ser excluído.

Contra esto, Rosa María argumenta lo siguiente:

Acuña sabía que obtuvo un “papel” con trampa. Dolosamente, por propia confesión. El papel no lo convierte en doctor.  El  trabajo de investigación es lo que lo convierte en doctor. Y si este nunca existió, ¿es doctor? No, no lo es. Estamos ante un acto nulo. No nació. Nunca tuvo efectos. Presentó, ante el Jurado,  un papel verdadero pero con un contenido – que él si sabía – falso. ¿Cómo no pueden ver la mentira? ¿Tan ciegos están?

Formalmente, el acto nulo se declara nulo por la autoridad competente. Pero su carencia de efectos se retrotrae para quienes actuaron con dolo. Acuña no será jamás, con esta “tesis” plagiada, doctor. Nunca. Con o sin declaración formal de nulidad.

Usemos un contra ejemplo. ¿Se afectan los alumnos de la Universidad Cesar Vallejo si sus títulos fueron firmados por el “Doctor” Cesar Acuña que resultó no siendo doctor?  No, no sufren ninguna consencuencia. Porque en ese caso, efectivamente, no hay dolo por parte de los estudiantes. Sus títulos no son nulos porque ellos no tienen forma de conocer el engaño. La nulidad no los afecta.

Este post busca dialogar críticamente con estos argumentos. Trataré de ser lo más claro posible, aunque no tan breve, pues es un tema que sí vale la pena discutir con cierta profundidad.

El plagio: ¿inexistencia o invalidez de la resolución que otorga el grado de doctor?

Primero que nada considero necesario realizar un ejercicio analítico: ¿qué elementos (por ejemplo, hechos del mundo, hechos-brutos) componen el soporte fáctico del hecho jurídico “resolución que otorga el grado de doctor a Acuña”? De dichos elementos, ¿cuáles son aquellos que determinan la existencia y cuáles los de la validez?

El punto clave aquí es diferencia entre hecho, soporte fáctico y hecho jurídico. Sigo aquí las lecciones de Pontes de Miranda y de Marcos Bernardes de Mello, advirtiendo, además, que este hecho jurídico “resolución”, concretamente, sería un acto jurídico unilateral.

Más allá de determinar qué elementos componen este soporte fáctico (son varios: autoridad competente, resolución que aprueba la tesis, la propia tesis, etc.), es importante indicar que ellos pueden ser nucleares o complementarios.

(1) Los nucleares se refieren a aquellos elementos indispensables para la incidencia de la norma jurídica. Sin ellos, no hay hecho jurídico. Por ejemplo, tratándose del negocio jurídico, un elemento nuclear sería la manifestación de voluntad. En el caso de una sentencia en un proceso judicial, que quien la emita detente la jurisdicción.

(2) Los complementarios se refieren a aquellos elementos que complementan el núcleo, sin integrarlo, y tienen sus consecuencias en el plano de la validez y de la eficacia, pero no en el de la existencia. Un ejemplo sería la capacidad civil o procesal (Marcos Bernardes de Mello).

Pero centrémonos en el hecho “plagio en la tesis”, que es lo que interesa.

Para la configuración idónea del acto jurídico “resolución” se requiere que la tesis no cuente con plagios. Se trata de una omisión que compone el soporte fáctico. Entonces, la pregunta es: ¿se trata de un elemento nuclear o complementario? O sea, si hay plagio, ¿la resolución no existe jurídicamente? ¿O quizá determina que esté viciada puesto que el acto jurídico, a pesar de existir, no ha entrado de forma estructuralmente idónea al mundo del derecho? ¿La no existencia de plagio sería, por tanto, un elemento que recae en el plano de la validez del acto “resolución” por no ser un elemento nuclear?

La respuesta me parece afirmativa: el plagio es un elemento complementario. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la formalidad exigida para la propia admisión y sustentación de la tesis y, por tanto, el reconocimiento como doctor. Concretamente, el plagio de Acuña violó diversas disposiciones de la UCM (específicamente, el art. 21 del Real Decreto 1337/2007, vigente en la época). Al violarse, entonces el procedimiento de aprobación de la tesis, los informes, la sustentación y la resolución que le otorga el grado de doctor están viciados y deberían ser invalidados.

Nótese que esto no tiene que ver con la importancia de plagiar o no plagiar, sino con el hecho que no encaje como elemento nuclear, por tratarse de una formalidad (importantísima y fulminante, por cierto).

En una palabra, como suele decir buena parte de la doctrina, el acto jurídico “resolución” es “nulo”. Yo prefiero denominarlo “viciado” porque la nulidad solo se dará con el pronunciamiento de la autoridad competente. A partir de allí Acuña dejará de ser doctor. No antes, como sugiere Rosa María.

Pero, ¿a dónde vamos con todo esto? Pues muy sencillo: si es que es un problema de validez, entonces por un tema lógico el acto ya surtió efectos en el mundo del derecho (hay autores, sin embargo, que defienden que, en muchos casos, existe apariencia). Ciertamente no todos son efectos típicos, pero sí hubo un impacto en el mundo jurídico.

Conclusión: Rosa María Palacios fue extremadamente descuidada al confundir existencia con validez. Ella habla de “nulidad” como si fuese “inexistencia”. Ambas categorías son (teóricamente) inconfundibles. 

Si se decreta la nulidad de la resolución, ¿qué ocurre con actos pasados?

Desde una perspectiva práctica, si bien una decretación de nulidad hace que el acto sea eliminado, algunos efectos que este produjo, de una u otra manera, aún subsistirían. ¿Cuáles sería las razones para que ello ocurra? Diversas: por la naturaleza de las cosas, por razonabilidad o hasta por criterios de justicia.

Pensemos en el caso de una ley invalidada: ¿se eliminan todas y cada una de las consecuencias que ella produjo? Muchos defienden que sí; sin embargo, no es exactamente así lo que ocurre en la realidad: hay actos (legislativos, privados) que llegaron a entrar al mundo jurídico y que allí permanecerán. Por eso, la doctrina dice correctamente que basta que el acto sea existente (jurídicamente) para que surta efectos (jurídicos).

Considero, por tanto, que habría que determinar qué actos celebrados por Acuña responden directamente a este acto viciado que le dio el grado de doctor. Más técnicamente: se trata de investigar qué actos integran los soportes fácticos de los diversos actos realizados por Acuña.

Rosa María no advierte esto. Más bien ofrece argumentos bastante débiles al momento de preguntarse si es que podría ocurrir algo con los títulos (rectius: resoluciones rectorales o del consejo universitario) de los alumnos firmados por Acuña-rector.

(i) Para la resolución que otorgaba los títulos o grados a los alumnos firmado por Acuña-rector no interesa si este era o no doctor. Esta sería un problema diverso que podría enunciarse así: ¿están viciado los actos de Acuña-rector si se anula el acto jurídico que lo hace doctor? No lo creo: hasta antes de la nueva Ley Universitaria no se exigía ese requisito.

(ii) Poco importa el dolo de Acuña para la existencia del vicio de la resolución de la UCM que lo reconoció como doctor. Ojo: seguramente sí interesa como argumento para que la UCM proceda a anular el título. Pero definitivamente no para la configuración del vicio. Este existe sin importar la existencia de dolo. En efecto, lo que interesa es si plagió o no y cómo ese plagio perjudica al acto, al punto de hacerlo viciado. Hasta podría defenderse a partir de la teoría de la buena fe objetiva, en donde interesa no la psiquis del individuo, sino los parámetros de conducta razonables.

(iii) No llego a entender cómo es que los efectos “se retrotraen” (solamente) para aquellos que actuaron con dolo, como afirma Rosa María. En realidad, la eliminación del acto viciado y de los efectos no es algo particular a la existencia del dolo (que configura un vicio), sino a la propia decretación de nulidad.

(iv) La cuestión del dolo de los alumnos que la autora coloca no tiene el más mínimo sentido. En realidad no importa que ellos hayan cometido dolo (¿?) puesto que no tienen nada que ver con el vicio del acto jurídico de la UCM que hace doctor a Acuña, ni mucho menos con su eventual decretación de nulidad. O sea, la validez de las resoluciones que les otorgan sus títulos firmadas por Acuña-rector no es algo que dependa ni pueda depender de algún comportamiento de ellos (conocer el plagio) sino exclusivamente de si la nulidad del grado de doctor afecta los actos jurídicos de Acuña como rector. Se trata de un problema totalmente diverso. Aún más: si hipotéticamente se comprueba que un estudiante sabía del plagio, ¿la resolución que le concede el título deberá invalidarse?

Finalmente, en caso la UCM decrete la nulidad del grado de doctor de Acuña, habrá que pensar con mayor detenimiento -sin generalidades apresuradas- qué actos del candidato presidencial (en cuyo soporte fáctico se encontrase precisamente la resolución que le concedía el grado de doctor) se podrían ver afectados. Se me ocurre, por ejemplo, los jurados de tesis doctoral que él integró. ¿Se deberían invalidar también? ¿O quizá puedan confirmarse? ¿Y qué hay de los honoris causa que él recibió, en caso que el reglamento de la universidad exija que el homenajeado deba ser doctor? ¿Y del postdoctorado que estudió en Colombia? ¿Podrían estos invalidarse?

El tema es realmente complejo. Creo que, por el momento, ello puede quedar para futuros posts.

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Explicando el curso de verano “Fundamentos de la teoría del proceso”

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Amigos, hace algunos días anuncié que ofreceré un curso de verano llamado Fundamentos de la teoría general del proceso, los días 2, 9, 16 y 23 de febrero. Aquí pueden acceder a la programación (con bibliografía) y a una parte de las lecturas.

En este post quisiera explicarles un poco de qué se tratará el curso.

Parto de una premisa que puede resumirse en dos ideas, de autoría de mi amigo el Prof. Adriano Soares da Costa:

En el condominio del derecho no hay muros entre las propiedades, hay demarcaciones naturales pero sin muros que separen el todo.

El procesalista hoy -como ayer y siempre- es el estudioso que se dedica a los estudios procesales sin perder de vista las imbricaciones de las diversas ramas jurídicas, que dialogan entre sí.

Esto es exactamente lo que, a lo largo de las cuatro sesiones, buscará demostrarse, aunque sea con un grado mínimo de profundidad, algunas conexiones entre teoría del derecho, filosofía del derecho y derecho constitucional con el derecho procesal. Hablo de “grado mínimo” porque la complejidad de cada uno de esos temas es inmensa: para llegar siquiera a visualizarla (ojo: no dominarla) se requiere la lectura atenta y profunda de decenas de libros.

En la primera sesión se hablará sobre ciencia del derecho, cuestionando si sería posible un estudio científico del derecho, teniendo en cuenta sus particularidades como objeto de conocimiento. ¿Será que el derecho, como fenómeno, debe ser estudiado como la dilatación del metal? ¿Qué es lo que lo diferenciaría? ¿Cómo ello impacta en el sujeto que quiere conocer el derecho (jurista) y el que debe usarlo para resolver (juez)? Se explorará, además, la conexión entre derecho y cultura, y cómo es que este discurso impacta en el abordaje del derecho procesal.

En la segunda sesión se explorará la teoría del hecho jurídico -esto es, la juridicización de los hechos del mundo- y cómo es que ello impacta en la propia definición de lo que significa “proceso”. Para ello se partirá de la sugerente idea de que relación jurídica es un efecto de un hecho jurídico, siguiendo las lecciones de Pontes de Miranda. Pero aquí vienen los problemas: ¿El proceso es una relación jurídica? ¿O, más bien, el proceso contiene una relación jurídica? ¿O quizá varias? ¿Cuál es la vinculación entre proceso y procedimiento? Proceso y procedimiento son categoría de la teoría del derecho y, siendo así, es necesario partir de ella.

En la tercera sesión se inicia el tópico “Proceso y Constitución” que abarcará también la cuarta.

Para entender este vínculo, no obstante, debe hablarse de la así llamada segunda constitucionalización que trajo nada menos que un cambio (prolongado, aunque no siempre pacífico a nivel de doctrina) en el pensamiento jurídico por causa de las fuertes críticas al positivismo ideológico o ingenuo, lo cual trajo consigo: (i) la alteración del sistema de fuentes, privilegiando la Constitución como anteparo al poder estatal (con la consecuente consagración de la dignidad humana); (ii) la propuesta de nuevas teorías de las normas y de la interpretación, con especial presencia del discurso sobre los principios jurídicos; y (iii) la plasmación de la técnica legislativa abierta en los textos normativos. ¿Cómo es que impactó todo ello en el proceso? Pues de diversos modos: a partir de aquí se justifica la aparición de la jurisdicción constitucional y de las garantías constitucionales del proceso.

En la cuarta sesión se dialogará sobre cómo el vínculo Constitución-proceso se intensificó en la medida que se fue desenvolviendo la compleja teoría de los derechos fundamentales y la superación de la progresiva de la dogmática tradicional a partir de la necesidad de respuestas a la crisis de la justicia. Pero no solo ello: a través de dos ejemplos se buscará demostrar cómo es que la teorización de los derechos procesales concretizados en la Constitución debe ser realizada a partir de los aportes de aquella teoría. Se emplearán los derechos a la tutela y al contradictorio.

Tenemos, por tanto, cuatro temas que, en conjunto, abarcarían para varios cursos, no solo de pregrado, sino también de maestría, y que podrían tener como resultado innumerables tesis y trabajos de investigación.

Son los fundamentos de la teoría (general) del proceso. Son los pilares, los cimientos, a partir de los cuales puede construirse un discurso teórico apropiado del derecho procesal, enmarcado en la complejidad que reviste el estudio del derecho.

Así, si este curso, a pesar de sus evidentes limitaciones de tiempo, logra incentivar al estudiante al interés por el estudio del proceso con la consciencia de las necesarias conexiones que este tiene con otros ramos del derecho, entonces ciertamente habrá logrado su objetivo con creces.

¡Nos vemos dentro de poco!

Acuña y el plagio: ¿puede ser retirado de la contienda electoral?

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César Acuña

¿Problemas a la vista? (foto: Perú 21)

Qué duda cabe que la noticia del momento es el supuesto plagio que César Acuña, candidato a la presidencia del Perú, habría cometido en su tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Más allá de consideraciones de orden personal (al respecto, ver artículo de Rosa María Palacios), en estas brevísimas líneas quisiera demostrar que, en caso la UCM resuelva anular el grado de doctor, César Acuña deberá ser excluido de la contienda electoral.

La normativa aplicable es la Resolución n. 0305-2015-JNE, del 21 de octubre de 2015, que establece el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales y de Representantes ante el Parlamento Andino.

Veamos:

Artículo 14.- Datos de la declaración jurada de hoja de vida.

14.1. La solicitud de inscripción de la fórmula o lista debe ir acompañada de la declaración jurada de hoja de vida de cada uno de los candidatos que la integran, la cual debe contener los siguientes datos:

1. Lugar y fecha de nacimiento.

2. Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el sector público y en el privado o si no la tuviera.

3. Estudios realizados (títulos y grados si los tuviere).

4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, consignando los cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad, que hubiese tenido.

5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva del fallo condenatorio.

6. Relación de sentencias, que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.

7. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, de ser el caso.

8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios públicos.

9. Aquellos rubros que se determinen como opcionales.

14.2. Cuando el JEE advierta la omisión de la información contenida en los acápites 5, 6 y 8, del numeral 14.1, o la incorporación de información falsa, dispondrá la exclusión del candidato correspondiente hasta diez días naturales antes de la fecha de la elección.

(…).

Lo relevante aquí resulta el 14.2. Una primera impresión del texto normativo llevaría a considerar lo siguiente: los acápites 5, 6 y 8 del numeral 14.1 versan sobre sentencias condenatorias y bienes y rentas, y no a los estudios realizados. Así, la falsedad no alcanzaría al tema de los estudios y Acuña saldría bien librado a pesar que la UCM anule su grado de doctor. Esta es la posición del portal Legis.pe.

En mi opinión, se trata, no obstante, de un entendimiento equivocado. La razón es que no se consideró adecuadamente la existencia de la disyunción “o”, antes del signo “la incorporación de información falsa”. Esto hace que el ámbito de aplicación de la falsedad no sea el mismo que el de la omisión, pues responde a supuestos diferentes. Mientras la omisión está limitada a los acápites 5, 6 y 8; la falsedad se refiere a la declaración jurada en general.

En términos más técnicos: el hecho jurídico “presentación de declaración jurada falsa” posee un soporte fáctico diferente al hecho jurídico “presentación de declaración jurada con omisiones”. Ambas conducen a la exclusión de un candidato de la contienda, pero su configuración es muy diferente.

Para que la falsedad esté referida solamente a los acápites 5, 6 y 8 el artículo debió estar redactado así: “Cuando el JEE advierta la omisión o falsedad de la información contenida en los acápites 5, 6 y 8, del numeral 14.1 (…)”. Sin embargo, no lo está.

A partir de esta premisa podemos extraer las siguientes normas del art. 14.2:

N1: Si el JEE advierte la omisión de la información contenida en los acápites 5, 6 y 8, del numeral 14.1. entonces el candidato será excluido hasta diez días naturales antes de la fecha de la elección.

N2: Si el JEE advierte la incorporación de información falsa en la declaración jurada, entonces el candidato será excluido hasta diez días naturales antes de la fecha de la elección.

Como puede verse, si existe falsedad en la declaración jurada sobre estudios realizados, entonces el candidato deberá ser excluido de la contienda.

Pero no todo acaba allí.

La falsedad en una declaración jurada presupone decir algo que no corresponde con la realidad. Es necesario percibir, no obstante, que, en este contexto, dicha palabra también debe ser interpretada.

Aquí es donde se presentan dos alternativas:

(i) Acuña no incurrió en falsedad porque, al momento de presentar la declaración jurada donde dijo ser doctor, de hecho lo era pues la UCM había emitido la resolución correspondiente para este tiempo, a pesar de existir plagio y que, posteriormente, se anule dicha resolución.

(ii) Acuña sí incurrió en falsedad porque, al momento de presentar la declaración jurada donde dijo ser doctor, y a pesar  de existir una resolución de la UCM, era plenamente consciente que había cometido plagio. El hecho que se cometa plagio ya denota falsedad. ¿Por qué? Porque se mintió respecto de las vías legalmente válidas para obtener el grado de doctor. La declaración jurada respecto del hecho de ser doctor, por tanto, no quiere decir apenas “cuento con una resolución de la UCM que dice que soy doctor” sino, además de ello, “tengo el grado de doctor por haber hecho una tesis original sin plagiar a nadie”.

Si es que la UCM anula el grado de doctor a Acuña, entonces, a mi juicio, el JEE bien podría enfrentarse con estas dos posibilidades interpretativas. ¿Qué es lo que privilegiará? Lo sabremos dentro de poco.

Curso de verano UNMSM: fundamentos de la TGP

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Amigos, por todos los martes de febrero (2, 9, 16 y 23) dictaré gratuitamente, en la Ciudad Universitaria San Marcos, un curso de verano denominado “Fundamentos de la Teoría General del Proceso”. Está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de la UNMSM, pero el ingreso es libre para toda la comunidad académica, previo contacto con la Srta. Julia Romero Herrera, de la comisión de organización de cursos de verano del Centro Federado (cf.academica@gmail.com).

El curso tiene como propósito discutir críticamente sobre los pilares esenciales para la construcción de una teoría del proceso, pilares que están fuera de él. Algunos de ellos son, por ejemplo: ciencia del derecho, teoría del hecho jurídico, fuentes del derecho, interpretación jurídica, teoría de los derechos fundamentales. De lo que se trata, por tanto, es sacar a la luz la íntima conexión existente entre teoría del derecho, jusfilosofía, derecho constitucional y proceso y, principalmente, como las tres primeras materias le dan forma y contenido a la teoría del proceso.

A continuación, comparto la programación. Pueden acceder a una buena parte de las lecturas haciendo click aquí.

¡Desde ya les agradezco por divulgar!

Los prácticos y la enseñanza del derecho procesal

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H. L. A. Hart

H. L. A. Hart.

Hace minutos leí un interesante artículo publicado en el portal Legis.pe en donde se argumenta que los abogados que dan clases deberían tener un menor porcentaje, en la plana docente, que los abogados académicos.

En lo particular, a pesar de que suene duro, para mí un práctico no debe enseñar derecho procesal. Nunca.

Entiendo por práctico a un abogado cuyos conocimientos provienen preponderantemente de la práctica forense y judicial. Este abogado suele ser un litigante, juez, procurador o fiscal cuya principal carga de tiempo está dedicada a su trabajo y, en el caso del derecho procesal, el contenido teórico de sus clases radica en doctrina mayoritaria nacional, no siempre actualizada. Ello hace que el contenido teórico sea muchas veces bastante pobre. Las lecciones contienen ideas repetidas hace mucho y no suele ofrecer un abordaje teórico-crítico. Es común, además, que este abogado vea la docencia más con el propósito de colocar en su CV que tiene experiencia en ese campo, pues ello da mayor prestigio a sus aspiraciones profesionales. La docencia es circunstancial para él.

Que un práctico no deba enseñar derecho procesal obedece, principalmente, a la necesidad de ofrecer los fundamentos teóricos suficientes para poder estudiar y aprender críticamente esta disciplina. La conexión con la teoría del derecho, filosofía del derecho y derecho constitucional es imprescindible. Esta conexión simplemente es ignorada por el práctico, no porque no sea inteligente  ni incapaz ni nada por el estilo; sino porque no ha tenido oportunidad de estudiar lo suficiente ni reflexionar, desde una perspectiva académica, sobre los aspectos problemáticos de la ciencia procesal civil (aspectos que hunden sus raíces en complejas cuestiones teórico-filosóficas de no fácil aprehensión ni explicación). Se trata, en una palabra, que el profesor de derecho procesal sepa, en primer lugar, derecho.

No es que el conocimiento de la práctica no interese. Evidentemente que sí. El profesor de derecho procesal debe razonablemente conocerla. Pero como queda claro se trata de un abordaje diverso: no es a partir de aquí que se enseñan los fundamentos de la teoría del proceso. 

Vale la pena aclarar que no todos los litigantes, jueces, procuradores o fiscales son prácticos en el sentido que le he dado a esta palabra. Ellos ciertamente pueden tener un perfil diferente, con una preocupación por estudiar y pensar críticamente el derecho procesal. Ejemplos en nuestro país sobran. Yo mismo conozco a muchos, peruanos y extranjeros, y a algunos de ellos me honra llamarlos de amigos.

Entonces, ¿un práctico no debe ser docente universitario? Claro que sí. Su presencia es importante. Pero no para enseñar derecho procesal, sino, a lo sumo, “práctica del derecho procesal”, lo cual parece lo mismo, pero no lo es.