Incompetencia territorial prorrogable declarada de oficio y los negocios procesales

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Con la reforma producida en la Ley n. 30293, la diferencia entre incompetencia absoluta y relativa dejó de ser el pronunciamiento de nulidad que necesariamente seguía a una constatación de la primera, dándose la misma solución para cualquier caso de incompetencia: la traslación del expediente al juez competente. Pero eso no quiere decir, en lo absoluto, que el régimen se haya unificado, pasando a ser indistintas.

Ese, no obstante, parece ser el entendimiento de muchos jueces que, ante un caso de incompetencia territorial prorrogable (o sea, competencia relativa), de oficio y de forma inmediata lo remiten a quienes ellos consideran ser los jueces competentes, como ocurrió en los casos, por ejemplo, en que el juez se limita a verificar que las partes pactaron la competencia territorial de un distrito judicial diferente a donde se interpone la demanda.

No obstante, esto choca frontalmente contra el propio sistema, en donde se consagra la posibilidad de que las partes negocien (expresa o tácitamente) respecto de la competencia territorial. Esto es precisamente el margen de maniobra que permite la competencia relativa, cuya característica esencial es la de ser renunciable.

Muchas disposiciones del CPC apuntan a ese entendimiento. Por ejemplo, el art. 35, CPC, señala: “La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio al calificar la demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción” (cursivas mías).

Nótese que se excluye la incompetencia territorial prorrogable. ¿Será que fue un descuido del legislador o fue a propósito?

Veamos: el art. 38, CPC, comienza diciendo: “La incompetencia territorial relativa puede ser invocada, excluyentemente, como excepción o como contienda” (énfasis agregado). Pero, ¿a qué incompetencia territorial se estará refiriendo? ¿A la prorrogable o a la improrrogable? No puede ser otra que la prorrogable, porque esta es el único tipo de competencia relativa que existe. Y cuando el texto de la ley dice “puede ser invocada”, ¿será que está dando al demandado la posibilidad de cuestionar la competencia o, inclusive, de no hacerlo y someterse a la competencia de dicho juez? Sí.

La razón de ello reside en el art. 26, CPC: “Se produce la prórroga tácita de la competencia para el demandante por el hecho de interponer la demanda y para el demandado por comparecer al proceso sin hacer reserva o dejar transcurrir el plazo sin cuestionar la competencia”. Nótese cómo si es que, al contratar, se pacta el sometimiento a la competencia -digamos- del juez de Lima Norte (permitido expresamente por el art. 25, CPC), pero se inicia el proceso ante un juez de un distrito judicial diferente, entonces se tiene, claramente, que hubo una renuncia del demandante a dicha competencia. Ello se justifica porque está en el marco de su libertad. Y no es posible que el juez -constitucional o legalmente- cuestione esto.

De la misma manera, el demandado podría aceptar dicha competencia o, en todo caso, exigir que se respete el pacto sobre el foro celebrado anteriormente. También estamos ante un margen de libertad, estando plenamente impedido el juez de inmiscuirse. En otras palabras, estamos hablando de un negocio jurídico procesal que puede ser celebrado sin aprobación del juez y, por tanto, eficaz inmediatamente.

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PD: Una mayor profundización del tema de los negocios procesales puede verificarse en la obra Convenciones procesales – Estudios sobre negocio jurídico y proceso, vol. 1 (coord: Pedro Henrique Nogueira, Renzo Cavani). Lima: Raguel, 2015 (para comprar el libro, click aquí).

PHN, Renzo - Convenciones procesales

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Quiero ser juez supremo

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Palacio de justicia

Quiero ser juez supremo.

No es por un tema de vanidad. Tampoco por un tema de tener poder. Tampoco por sentir que me lo podría merecer por llegar a ser un gran académico o juez de carrera. Mucho menos con el objetivo de ganar dinero (quisiera no necesitarlo para ese momento).
Yo quiero ser juez de la Corte Suprema de Justicia peruana porque, entristecido, veo cómo es que, cada día que pasa, se pierden oportunidades valiosísimas para cambiar el país; veo mezquindad en el trabajo con el ordenamiento jurídico; percibo conformismo para poder emprender reformas institucionales; compruebo desorientación al momento de sugerir reformas legislativas. Inclusive, recibo noticias de malas prácticas, inmoralidades, corrupción.
Quiero ser juez supremo porque creo que nuestra Corte Suprema debe cambiar su historia, en la que no hubo poco sometimiento a viles presiones del poder político y económico. Quiero ver a nuestra Corte Suprema como un actor político del sistema, que inspire el máximo respeto; que se le critique, sí, pero no por decisiones que no pasan el más mínimo test de una argumentación sólida, sino por opciones debatibles y delicadas, pero bien fundamentadas. Y es que no debe olvidarse nunca que los miembros de la Corte Suprema son tan importantes como los del Tribunal Constitucional.
Quiero ser juez supremo para que podamos tener un sólido sistema de precedentes, el cual, lejos de ser una importación acrítica de otras realidades, responde a la necesidad de racionalidad para que los ciudadanos sepan cuáles son las consecuencias de las decisiones de su vida diaria. Y es que hoy vivimos en la más pura incertidumbre, en donde las contradicciones en las sentencias supremas seguramente benefician a unos pocos, pero, en definitiva, no a la sociedad como un todo.
Confieso, sin embargo, que no sé si me animaré a postular cuando llegue a la edad mínima requerida (45 años, siendo que hoy tengo 29). Reflexionaré si, en ese momento, poseo un conocimiento jurídico y una madurez emocional suficiente para enfrentar ese desafío. Tendré que tomar la decisión definitiva con mi familia, pues ellos también serán parte de esa nueva vida de tensiones y responsabilidades.
Pero tampoco sé si, luego de postular, llegue a ser juez supremo. No ignoro que dependeré, en gran medida, de los vicios del sistema, del compadrazgo, de influencias políticas externas, de evaluaciones de mi saber jurídico por profesionales ajenos al derecho. Pero por más que el orgullo quiera ganar su partida, será necesario controlarlo y encarar todo un proceso con humildad.
Y, si llego, sé que no podré hacer todo lo que quisiera para cambiar la cara de la Corte Suprema ante la opinión pública, los otros poderes del Estado, los ciudadanos con hambre de justicia. Muchos buscarán impedirlo, comenzando, seguramente, por algunos colegas jueces que no compartirán mi visión. No será fácil convencerlos ni saber lidiar políticamente
Pero si llego, hoy, a los 29 años, siento que no bajaré los brazos en la lucha, al menos para que, al momento de mi retiro, otros puedan continuarla. Y, sobre todo, ser recordado por eso.

Recurso de queja genera prevención

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Dice el art. 31, segundo párrafo, CPC: “En segunda instancia previene el órgano jurisdiccional que conoce primero el proceso. Este conocimiento se tiene efectuado por la realización de la primera notificación”.

Esta figura –denominada “prevención”– tiene su razón de ser en el derecho fundamental al juez natural (siendo la competencia uno de sus elementos) y, además, en la necesidad de un mayor orden en la tramitación del procedimiento. Así, se trata de una regla para determinar la competencia del juez, la cual exige que sea establecida antes de la presentación de la demanda. Lo mismo ocurre para el juez de segunda instancia o, mejor, el juez revisor, el cual asume competencia frente al proceso (“previene”) en la medida en que conozca del primer recurso, notificando a la contraparte. Esta competencia no puede ser alterada. De allí la importancia del juez natural.

Para ejemplificar la prevención en segunda instancia se suele colocar el ejemplo de una apelación sin efecto suspensivo. Allí una determinada sala (o un juez especializado o mixto, si el proceso se inició ante el juez de paz letrado) conoce el recurso y asume competencia respecto del caso.

No obstante, ¿qué ocurre si se apela, el juez deniega la apelación, se formula recurso de queja, el superior confirma el auto denegatorio y, posteriormente, en la tramitación del principal, se concede la apelación contra otra resolución? ¿Es competente para conocer el nuevo recurso (y el proceso) la sala que denegó el recurso de queja?

En nuestra opinión, la respuesta es afirmativa. La razón es que la finalidad del art. 31, segundo párrafo, CPC, no es precisamente que el juez de segunda instancia conozca el proceso únicamente si resuelve el mérito de la apelación (el hecho que, en los casos de autos sujetos a apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, notifique a la contraparte, implica que resolverá el recurso). Ello implicaría un reduccionismo que, según pensamos, no está en consonancia con la idea de que el juez revisor “conozca el proceso”.

La literalidad en este caso, según pensamos, debe prevalecer: cuando el art. 31 habla de “conocer primero el proceso” también alude, naturalmente, a un conocimiento del proceso mediante un recurso de queja, así este sea ulteriormente denegado (conociendo el mérito, por tanto). Ello ciertamente contribuiría para un mejor orden en los futuros recursos que se presenten contra las resoluciones del juez de primera instancia.