Negocios jurídicos (convenciones) procesales y el Código Procesal Penal peruano

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Juicio penalCuando escribía mi libro La nulidad en el proceso civil (concretamente el inicio del tercer capítulo, sobre actos procesales) y al traducir el libro Teoría de los hechos procesales de mis queridos amigos Fredie Didier Jr. y Pedro Henrique Nogueira, allá por julio o agosto de 2013, me deparé con un tema realmente interesante: los negocios jurídicos procesales o convenciones procesales. Desde ese momento comencé a leer algunas cosas y conversé con muchos profesores, en la búsqueda de asumir posición sobre aspectos dogmáticos y de su conveniencia para el proceso civil. Allí descubrí que ya en 1978 Vittorio Denti había abordado el tema, y que algunos años después José Carlos Barbosa Moreira había hecho lo propio.

De cualquiera manera, después de mucho tiempo, y acompañando las discusiones producto del proyecto de CPC brasileño, adopté una posición favorable a ellos con ciertas limitaciones (en materia probatoria, por ejemplo), y así lo defendí en mi ponencia del I Congreso Brasil-Perú de Derecho Procesal Civil que ocurrió hace pocas semanas. Aún está pendiente escribir algo al respecto: ello no sólo acrecentaría a los temas para la segunda edición de mi libro, sino también podría ser un proyecto de monografía. El tema lo vale.

No obstante, cuán grande sería mi sorpresa hace unos días que estaba estudiando nuestro Código Procesal Penal por un tema de trabajo, me topé con una cláusula atípica de convenciones procesales sobre medios probatorios. Aquí los artículos pertinentes:

“Art. 350. Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales.
(…)
2. Los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el Juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El Juez, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos; en caso contrario, si no fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecerá de efecto la decisión que los desestime” (énfasis agregado).

“Artículo 352 Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar.
(…).
6. La resolución sobre las convenciones probatorias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 350, no es recurrible. En el auto de enjuiciamiento se indicarán los hechos específicos que se dieren por acreditados o los medios de prueba necesarios para considerarlos probados” (énfasis agregado).

En ámbito de la doctrina procesal civil, existen muchos juristas que se resisten a admitir los negocios jurídicos por razones que, en mi opinión, son improcedentes, como pensar que en el proceso civil, por ser estatal, la autonomía de la voluntad queda severamente restringida o que ella es canalizada siempre a través de la ley, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito negocial privado.

Hay otros que, por abrazar la importancia de la búsqueda de la verdad en el proceso, niegan cualquier tipo de posibilidad (constitucional, epistémica) de convencionar sobre la prueba, dado que ésta posee un vínculo teleológico con la verdad. Así, que las partes puedan pactar, por ejemplo, que en tal proceso no habrá pericia o inspección judicial comprometería uno de los objetivos esenciales del proceso, cual es la búsqueda de la verdad y, por tanto, la emisión de una decisión justa.

Estos argumentos son, en mi opinión, bastante fuertes. Al menos por mi parte, estoy en la línea de los que creen que no hay decisión justa sin una adecuada verificación (racional) de los hechos y, por tanto, un abertura del acervo probatorio. No obstante, también debe ser tenido en cuenta que la libertad de las partes (aún cuando no es absoluta – Sache der Parteien) es un principio que debe ser tutelado. A final de cuentas, el Derecho del Estado Constitucional tiene como fines la libertad y la igualdad, mientras que la verdad es un medio.

Pero volviendo a nuestro tema, el art. 350, inciso 2, CPP, suscitan algunos comentarios muy interesantes, como por ejemplo el hecho de condicionar el rechazo de los acuerdos a una fundamentación (adecuada, agregaría yo) del juez. Pregunto: si el acuerdo fuese claramente desventajoso para el imputado o violatorio de sus derechos fundamentales, pero el juez no fundamenta bien, ¿opera la preclusión? ¿Lo vinculará a él mismo al momento de dictar el auto de enjuiciamiento? ¿Vinculará al juez de la etapa del juzgamiento?

Más aún: ¿Qué significa “exponer los motivos que lo justifiquen” o, mejor, justificar adecuadamente? ¿Cuáles son los criterios? Algo que el CPP no hace (y esto es, en mi opinión, muy negativo) es establecer expresamente los límites para el análisis que debe realizar el juez, aunque es verdad que diversas disposiciones del Título Preliminar del CPP ayudan bastante para la interpretación. Por ejemplo, el Art. I, inciso 3, dice que: “Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia” (énfasis agregado). No obstante, es tarea pendiente de la doctrina determinar qué significa exactamente esa igualdad y, sobre todo, cómo se consigue.

El art. VIII, inciso 3, también es de gran importancia: “La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio” (énfasis agregado). Naturalmente, ello también se aplica para las convenciones procesales del art. 350, inciso 2.

El art. IX no puede ser pasado por alto. En efecto, el inciso 1 manda que: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto (…) a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala” (énfasis agregado); mientras que el inciso 2: “Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo (…)”.

Finalmente, es de notar que, a lo largo del CPP, se destaca muchísimo la importancia de la búsqueda de la verdad.

Puede apreciarse, por tanto, que uno de los límites principales de las convenciones probatorias es, precisamente, que no se viole la igualdad entre las partes. Determinar, sin embargo, cuál es el contenido normativo de dicha figura (regla, principio opostulado normativo) es tarea no poco fácil, tal como demuestra, por ejemplo, Humberto Ávila en su libro sobre el tema (Teoria da igualdade tributária, 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2009).

Una pregunta más de fondo: ¿es constitucional la posibilidad de convencionar sobre prueba en el marco de un proceso penal tan garantista como el nuestro? Responderla en uno u otro sentido, pienso, requiere una argumentación seria y bien detallada.

Y ustedes amigos: ¿qué opinan sobre lo que existe en nuestro proceso penal? ¿Creen que también pueda ser aplicable al proceso civil? Yo, por mi parte, continuaré por aquí con mis reflexiones.

 

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