Introducción al proceso civil: una propuesta de enseñanza

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Apreciados amigos, en la línea del anterior post, resolví compartir con ustedes el syllabus del curso introductorio al proceso civil (y no teoría general del proceso) que di en la USIL en 2014-2. En otras palabras, se trata de las lecciones básicas de un alumno que toma el primer contacto con el mundo del derecho procesal. Fue construido como una propuesta nueva producto de una forma diferente de pensar el proceso civil, principalmente a partir de su diálogo con el derecho material y con la teoría del Derecho. Confieso que ningún syllabus que revisé me satisfizo.

Espero que sea de motivo de diálogo crítico con profesores amigos y, además, que sea de alguna utilidad para los alumnos de otras universidades.

Dejo constancia de que hay algunos detalles que ya he modificado para el siguiente semestre (y otros en los que vengo pensando), pero aún así quise compartir el texto original.

¡Quedo a la espera de sus atentos comentarios!

https://www.academia.edu/9831310/Renzo_Cavani_-_Introducción_al_derecho_procesal_civil_2014-2_

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“Autonomía procesal”, interpretación y racionalidad

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Apreciados amigos, comparto con ustedes la primera parte del evento “Revisión crítica del Código Procesal Constitucional” en que tuve el honor de participar. En este video podrán apreciar la apertura del evento y los debates en la mesa 1, que compartí con los profesores Ana Neyra y Edgar Carpio. Mi ponencia se tituló “‘Autonomía procesal’: entre la interpretación y la racionalidad” (hablo desde el minuto 30).

¡Espero sea de su agrado!

TC, Sunat y cosa juzgada: nuevas impresiones sobre un tema no tan nuevo

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Nuevo TC peruano

Nuevo TC peruano emite polémica decisión en discordia

Apreciados amigos, acabo de toparme con una resolución del TC en donde, en realidad, cobra mayor atención la fundamentación de los votos singulares de los jueces Marianella Ledesma y Eloy Espinosa. Los leí con mucha atención y me dejó muchísimo que pensar, puesto que el tema de la cosa juzgada a nivel de jurisdicción constitucional viene siendo una clara preocupación tanto de nuestra Corte Constitucional como de la doctrina especializada, con no pocas idas y venidas.

Confieso que debo meditar con más calma sobre este asunto concreto (el caso es tremendamente sensible), pero algunas reflexiones me vienen a la mente:

– La cosa juzgada no puede ser más entendida como una garantía de inmutabilidad o inmodificabilidad de una decisión, sino, en realidad, como un alto grado de indiscutibilidad (para usar términos del prof. Paulo Mendes), ciertamente el mayor que puede otorgar el ordenamiento jurídico a un acto de poder. Y se habla de alto grado de indiscutibilidad precisamente porque la sentencia con autoridad de cosa juzgada ciertamente puede ser rescindida (= dejada sin efecto, sea o no a través de una invalidación). Es contradictorio afirmar que algo es inmutable pero decir que en ciertas situaciones puede ser modificado; de allí, a priori, considero que el término anterior se salva de este problema lógico que, aún siendo terminológico, no es menos grave.

– Pienso, además, que no se puede hacer tabula rasa y sostener que ese alto grado de indiscutibilidad es el mismo en cualquier hipótesis o asunto, cuando ello claramente no es así. Un ejemplo es el proceso fraudulento que nuestra legislación procesal repudia. Allí no se niega la existencia de cosa juzgada, sino que se permite que ella pueda ser rescindida en un cierto plazo. Otro ejemplo lo tenemos en la experiencia comparada de los procesos colectivos, en donde no se forma cosa juzgada si es que la demanda es declarada infundada por falta de pruebas o si pierde el demandante. Finalmente, otro ejemplo son los casos que implican filiación extramatrimonial: allí sí existe cosa juzgada, pero el grado de indiscutibilidad es mucho más bajo que en otras hipótesis.

– No creo que el tema deba ser reconducido a un dilema entre justicia y seguridad. Se trata de un problema filosófico de altísima complejidad y que no siempre es fácil engarzarlo con la realidad de un ordenamiento jurídico concreto (al final, los jueces deben resolver atendiendo a éste y no con base en elucubraciones filosóficas). Creo que es posible admitir que el derecho fundamental al proceso justo requiere, entre otros aspectos, que exista un proceso seguro, esto es, cognoscible, confiable y calculable (según la lección de Humberto Ávila). Pues bien, estas exigencias eliminan la posibilidad de que deba existir previsibilidad total o, inclusive, inmutabilidad en ciertas conductas estatales una vez producidas. Más bien, hoy, se asumiría que los actos estatales pueden ser modificados, pero, también, que existe una razonable anticipación, por parte de los ciudadanos, respecto de cuál sería el contenido normativo y las consecuencias que podrían darse para su esfera jurídica. La seguridad jurídica, según se afirma, ha pasado de estática a dinámica. Ello, evidentemente, tiene diversas implicaciones que no es posible desarrollar aquí. Ciertamente habría sido interesante que ello sea profundizado por alguno de los jueces del TC: se trata, en mi opinión, de una argumentación decisiva para la resolución del caso.

– Resulta muy interesante que la juez Marianella Ledesma haya recurrido a la doctrina de la defeasibility (derrotabilidad o superabilidad) para justificar la creación de un significado no previsto en el sentido mínimo del texto del artículo 121 del Código Procesal Constitucional, que impide la impugnación contra las sentencias del TC. No obstante, lo más llamativo, más allá de estar o no de acuerdo con la argumentación, es que el voto ofrece diversos criterios para determinar si la sentencia del TC cuesitonada puede ser anulada. Aquí lo importante: una corte de vértice debe preocuparse por la argumentación consistente, coherente, razonada y, además, que pueda ser universabilizada (tal como sugiere MacCormick).

– Considero que los votos de los jueces Marianella Ledesma y Eloy Espinosa ciertamente ponen en jaque muchas decisiones y entendimientos respecto de la así llamada “cosa juzgada constitucional” y, además, ofrece valiosos insumos para que la doctrina, a su vez, reflexione sobre los límites que la cosa juzgada, como alto grado de indiscutibilidad, tiene en el marco de la jurisdicción constitucional.

Dicho todo esto, por mi parte no puedo hacer más que prometer una cosa: seguir meditando sobre estos temas tan relevantes para nuestro país y contribuir con la discusión a partir de este caso -que seguramente no será escasa.

La ley universitaria y la calidad de la educación: una respuesta a Alfredo Bullard

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Mala calidad en educación

Amigos, comparto con ustedes el artículo llamado “Leyes viciosas” de Alfredo Bullard, publicado hoy en “El Comercio”. Algunas apreciaciones a vuelo de pájaro:

(a) Bullard piensa de que la ley universitaria no garantizará ningún tipo de calidad por la simple razón de que esta no es objetiva sino subjetiva y, por tanto, dado que cada quien espera cosas diferentes, la solución no es otra que diversificar y promover la competencia. En otras palabras, si es que no entendí mal, él piensa que la calidad se mide por el grado de aceptación que las personas tienen frente al servicio ofrecido. O sea, no es posible afirmar, objetivamente, si una facultad de Derecho sin biblioteca cumple o no con un estándar de calidad mínima; puesto que, si es que tiene consumidores que compran el servicio… entonces la calidad es incuestionable. ¿En serio? Sí, porque la calidad es subjetiva; no es mensurable objetivamente.

(b) Bullard propone como gran novedad una realidad que padecemos hace mucho tiempo: la existencia de facultades que forman profesionales que no poseen un nivel mínimo para actuar en la sociedad; facultades que cambian dinero por cartones; que no tienen la más mínima preocupación por educar; que dan mala información y estafan, y, cuando no lo hacen, perjudican seriamente a las instituciones sociales (servicio de justicia, ámbito empresarial, etc.). ¿Y el Estado? Allí, bien gracias: él debe estar de brazos cruzados. Pero Bullard omitió explicar cómo es que la libre competencia, solución non plus ultra para los males de la educación peruana, ha generado abogados que él ciertamente no contrataría como jefes de práctica ni como practicantes en su Estudio. Es muy fácil sustentar opiniones en dogmas; lo difícil es aterrizar y comprobar si funcionan o no en nuestra realidad.

(c) Bullard incurre en la falacia lógica de pensar que el legislador, por el solo hecho de serlo, considera como calidad apenas lo que él quiere y no lo que los ciudadanos queremos. ¿Acaso no hay una porción significativa de la población que está de acuerdo con que exista un mínino de profesores a tiempo completo o que un porcentaje de los recursos se destinen a la investigación? Claro, hay otros -como él- que tienen un entendimiento diverso de lo que sería calidad. Pregunto: ¿tenemos que satisfacer a todos? ¿Es que acaso es imposible proponer, de forma razonable, cuáles deben ser las condiciones mínimas para que un centro universitario pueda operar? Podemos discutir en los requisitos, pero es posible llegar a un consenso. Pero no: Bullard quiere que cada universidad se auto-imponga esas condiciones. Todo bien con la PUCP, la Cayetano o la UNI, que tienen un prestigio que cuidar. Pero eso no necesariamente va a funcionar con otras.

(d) Bullard dice que comete un error quien piensa que exigir dos idiomas para el doctorado no contribuye en nada a la calidad. Además de la soberbia que ya le es conocida de entender que quienes no piensan como él están equivocados, creo que no está muy enterado de lo que ocurre a la vuelta de la esquina. Un pequeño ejemplo: Brasil nos lleva años de ventaja en materia educativa (eso, creo, es una obviedad) y, al menos en Derecho, TODOS los doctorados exigen proficiencia en dos lenguas extranjeras (inglés, francés, italiano o alemán – el español no cuenta). Ese es un filtro muy importante para los candidatos; por ello es la primera prueba del exigente proceso selectivo que suele haber. Por cierto, ese requsito es adoptado por la Universidade de São Paulo (USP), la número uno de América Latina. ¿Será casualidad que ello sea así?

(e) Asimismo -y de nuevo pensando en la rama jurídica- si el doctorado es la cúspide de la carrera académica (no profesional, ojo) de un formado en Derecho y, para ello, debe demostrar que es capaz de realizar una investigación original, metodológicamente rigurosa y que contribuya con la doctrina nacional, ¿acaso está mal garantizar, mediante el dominio de al menos dos lenguas, que pueda tener acceso a literatura ajena al español? ¿Qué acaso no se trata de un requisito objetivo que razonablemente aseguraría algo positivo para la tesis? Pienso que el dominio de varias lenguas en una investigación del nivel de una tesis de doctorado es plenamente adecuado: hay razones válidas y plausibles que así lo demuestran.

(f) En la línea de lo anterior, dice él: “Las personas estudiarán idiomas fáciles (como el portugués) antes que idiomas académicamente útiles. Ese tipo de exigencias realmente no ayudan a nadie”. Desconozco si don Alfredo Bullard es fluente en portugués al punto de calificarlo de “idioma fácil”, pero puedo dar fe de lo siguiente: dominar su escritura es difícil hasta para el propio nativo; conseguir reproducir su riqueza fonética (sobre todo el sonido nasal) no cuesta poca práctica; y, debido a esa misma riqueza, comprenderlo en la velocidad media de un brasileño no resulta tarea fácil para cualquier oído latino-americano.

(g) Asimismo, Bullard parece sugerir que el portugués no sería un idioma académicamente útil. Con el debido respeto, de dos una:  o es ignorancia en su máxima expresión (y por ello de una insolencia insoportable) o tiene el deliberado propósito de equivocarse. Y no sólo eso: de un sólo porrazo minimizó a todos aquellos profesionales (ingenieros, químicos, odontólogos, abogados, etc.) que fueron a perfeccionarse a Brasil o tienen la ilusión de hacerlo.

(h) Bullard ataca ahora la exigencia de que un profesor universitario deba ser magíster. Vamos por partes: ¿Hay magísteres mediocres? Sí. ¿Hay no-magísteres que son buenos? Sí. No obstante, siendo que la ley parte de la premisa que es importante la investigación en las universidad ¿es razonable exigir que quien educa haya pasado por una experiencia académica en donde tuvo que investigar? En mi opinión, la respuesta se cae de madura. Por ello, en vez de correr el riesgo de que alguien sin maestría pueda enseñar, mejor subimos el nivel, exigimos que quien quiera enseñar primero haga su maestría (lo cual, hoy por hoy, está al alcance de la mano) y evitamos promover el conformismo… salvo que pensemos que hacer una maestría, grosso modo, no sirve para nada.

(i) Finalmente, Bullard incurre en una nueva falacia argumentativa: descalificar los esfuerzos del Congreso por generar una mayor calidad en las universidades sugeriendo que ellos deberían pasar por un examen de español. Que hay congresistas que no conocen bien nuestro idioma es indiscutible, pero esa premisa no lleva a la conclusión de que la ley votada por ellos, por el hecho de exigir dos idiomas para un doctorado o que quien enseñe sea un magíster, esté mal. Adviértase: se trata de una estrategia para dislocar la discusión a otro lado.

“Prueba y proceso judicial”: una sincera presentación

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Queridos amigos, acabo de traducir la presentación que mi maestro, Daniel Mitidiero, hizo para la obra colectiva organizada por mí y por Vitor de Paula Ramos, que pronto saldrá al mercado. Imposible no emocionarse con estas palabras. Las comparto con ustedes:

Presentación

Prueba y proceso civil, rigurosamente, exime de cualquier tipo de presentación. La superfetación en que alegremente incurro, por tanto, sólo encuentra sentido contextualmente, esto es, teniendo en consideración la amistad que me une a los Profesores Renzo Cavani y Vitor de Paula Ramos, coordinadores de este bellísimo volumen, y que, por esa razón, decidieron distinguirme con la honrosa invitación de presentarla a la comunidad latino-americana y, en especial, la peruana.

De ese modo, quiero aprovechar la oportunidad para registrar públicamente mi admiración por el compromiso académico de Renzo y Vitor, que, con mucho ahínco vienen trabajando para la promoción de un diálogo académico de altísimo nivel intercontinental (Europa y América) y continental (especialmente en lo que respecta a la transposición de fronteras entre Perú y Brasil). Y la presente obra colectiva es prueba cabal de ese esfuerzo. Como es intuitivo, se trata de una empresa que sólo la pasión por el proceso civil y el compromiso con una efectiva reforma de la justicia civil –por medio de la transformación de la cultura jurídica– que mueve a mis amigos Renzo y Vitor, puede encontrar una adecuada justificación.

Si es verdad que el proceso civil es un medio para la tutela de los derechos –y que la dimensión particular de ese compromiso está precisamente en la emisión de una decisión justa para el caso concreto– entonces es intuitivo que la formación de una sólida cultura jurídica vinculada a la prueba judicial es imprescindible para la consecución de ese intento. Ello porque sin un apropiado dimensionamiento de la verdad, de su vinculación con la prueba y con la justicia de la decisión, se corre el riesgo de que el Derecho se convierta en un instrumento de arbitrio, cuya aleatoriedad en sus decisiones sirve apenas para la desorientación de la conducta social.

Es precisamente por causa de ese verdadero proyecto para la justicia civil que Renzo y Vitor organizaron esta obra colectiva a partir de los seis ejes temáticos que la estructuran, invitando para formar parte de ella a profesores cuyos trabajos, incuestionablemente, contribuyeron al desarrollo del tema a partir de bases apropiadas. Los ejes a partir de los cuales el libro está estructurado –(i) prueba y verdad; (ii) prueba y motivación de las decisiones judiciales; (iii) prueba de oficio; (iv) prueba ilícita; (v) prueba científica y (vi) carga de la prueba– desvendan los más importantes confines del horizonte de la prueba. Los autores que componen la publicación –Michele Taruffo, Sérgio Cruz Arenhart, Jordi Ferrer Beltrán, Joan Picó i Junoy, Roberto González Álvarez, Luis Genaro Alfaro Valverde, Luiz Guilherme Marinoni, Jordi Nieva Fenoll, María del Carmen Vázquez Rojas, César Higa, Raffo Velasquez, Danilo Knijnik, Artur Carpes y Vitor de Paula Ramos– son conocidísimos especialistas. Es claro que otro destino no está reservado al libro a no ser el de volverse referencia obligatoria para todos los interesados en el tema de la prueba en el proceso judicial.

Una simple lectura de los temas y de los autores que los enfrentan hace cualquier agregado totalmente innecesario. Como es evidente, se trata de una publicación que sólo puede ser saludada con gran entusiasmo por quien quiera que se encuentre preocupado con la formación de una sólida cultura jurídica en torno al proceso civil. Siendo este trabajo organizado por Renzo y Vitor, sin embargo, el entusiasmo viene complementado de algo más: la alegría de un profesor reside en formar profesores –y no meros discípulos– capaces de desarrollar críticamente la doctrina y promover, con sus propios esfuerzos, un ambiente académico y forense de alto nivel por donde quiera que pasen. Formar profesores comprometidos con la construcción de un proceso efectivamente capaz de prestar tutela a los derechos. Esa es la razón por la cual, además de entusiasmado, me siento muy feliz por esta al lado de los profesores Renzo y Vitor también en esta empresa, presentando esa obra colectiva de valor inestimable para la doctrina.

Porto Alegre, primavera de 2014

Daniel Mitidiero

Profesor de Derecho Procesal Civil en los cursos de Pregrado, Especialización, Maestría y Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).