La nueva Ley Universitaria, a vuelo de pájaro

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Amigos, hoy se aprobó el proyecto de Ley Universitaria (click aquí). Algunos de los puntos que me llamaron más la atención:

Diferenciación entre Maestrías de especialización y maestrías de investigación o académicas (art. 43.2).

Para ser bachiller se necesita un trabajo de investigación (art. 45.1) y ya no una tesis, como constaba en proyectos anteriores.

Se debe presentar una tesis o trabajo de suficiencia profesional para obtener el título profesional (art. 45.2).

Obligatoriedad de la investigación en la Universidad (art. 48).

Un profesor sólo puede acceder por concurso público de méritos (art. 83). ¿Ello incluye a las universidades privadas? Pienso que sí.

Toda universidad debe tener como profesores ordinarios a tiempo completo un 25% de su staff docente (art. 83).

Para ser profesor ordinario principal se requiere tener el grado de doctor o PhD (art. 83.1) y es nombrado por siete años, tras lo cual debe ser ratificado (art. 84). En el caso de las universidades públicas, un profesor ordinario principal gana no menos que un juez supremo, un ordinario asociado no menos que un juez superior y un ordinario auxiliar no menos que un juez especializado (art. 96).

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El TC y sus sentencias

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STC n. 3588-2013-PA, STC n. 5512-2012-HC, STC n. 34-2010-PI.

¿Les suena a algo? A mí tampoco. Son números que coloqué al azar.

A veces me pregunto si no es posible mejorar esa forma de citar las sentencias del TC. Sí, claro, el art. 118 del CPConst ordena que “las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional se enumeran en forma correlativa y anualmente”, pero eso no quiere decir que el TC no pueda mejorar la forma de identificar sus sentencias.

Parto aquí de la premisa de un TC que realmente quiere constituírse como una corte de interpretación y precedentes y, por tanto, quiere reducir cada vez más los casos que resuelve para analizar mejor los casos que sí debe resolver y, así, ofrecer mejores precedentes judiciales a la sociedad. Si ello es así, entonces creo que sería interesante comenzar a llamar, de forma oficial, a sus sentencias por nombre propio, a fin que puedan ser mejor identificadas. Ello sería un complemento a la forma clásica de numeración (numeración que también existe, por ejemplo, en los EEUU).

Así, tendríamos, por ejemplo, Chacón vs. Poder Judicial peruano, PUCP vs. Arzobispado de Lima, Pérez vs. Congreso de la República, etc. Alguien diría que, en la práctica, de alguna manera se les coloca nombre propio. Eso es cierto, pero la ventaja es que se trataría de una denominación oficial (por tanto, al lado de la numeración, habría que colocar la denominación que el TC le dé) y, además, habrán otros casos, quizá menos famosos, que traigan consigo soluciones jurídicas a ser estudiadas para que puedan ser replicables a otros casos, y que por ello sería conveniente que sean más fácilmente identificables.

Puede parecer un detalle, pero creo que es una idea que vale la pena ser pensada.

El procesalista y el estudio de la teoría general y filosofía del Derecho

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El jurista, de Giuseppe Arcimboldo (1566).

El jurista, de Giuseppe Arcimboldo (1566).

Proceso civil, teoría del Derecho y  filosofía del Derecho parecen ser tres disciplinas jurídicas que, en gran medida, no parecen tener nexos tan claros. Tampoco se mostraría tan evidente cómo es que las dos últimas (con vocación innegablemente más general) pueden influenciar en la primera. Aquí no se está hablando de la cultura jurídica general que necesariamente debe tener el jurista-procesalista. Como es claro, él debe tener una idea sobre lo que es Derecho, si puede ser aprehendido científicamente o no, cuáles son sus fines, qué es una norma jurídica, conocer algunas teorías de argumentación jurídica, etc. Aquí se indaga por la vinculación a nivel aplicativo, es decir, cómo las discusiones en teoría y filosofía del Derecho determinan y condicionan el discurso procesal a nivel dogmático y, como lógica consecuencia, el discurso práctico.

El proceso civil es, probablemente, la rama del Derecho que más cercana se encuentra a la forma cómo éste es concretizado. El hecho de que su principal preocupación (aunque no la única) tenga que ver con jurisdicción, procedimientos y decisiones hace que esté en mayor contacto con el así llamado «Derecho vivo», esto es, el que se vive en los tribunales. Ello hace que, necesariamente, el procesalista esté preocupado con resolver problemas, dado que éstos suelen darse en el contexto de un proceso. Pero la solución a estos problemas, muchas veces, no provienen desde la propia ciencia del proceso, sino desde un ámbito más elevado y complejo. Ese es el ámbito que la teoría general del Derecho y la filosofía del Derecho suelen abarcar, detectar problemas y –lo principal– buscar dar soluciones al respecto.

Aquí se comienza a develar con claridad las limitaciones del procesalista para resolver los principales problemas que le ofrece el día a día. Si, por ejemplo, él estudia no sólo para saber los plazos y requisitos legales, sino también, y sobre todo, para entender y mejorar el proceso civil y, como consecuencia de ello, el propio funcionamiento de la justicia civil, entonces es absolutamente indispensable que tenga preocupación, entre otras cosas, con la calidad de las decisiones judiciales. Y si ello es así, entonces los arduos temas de la justificación (motivación) de las decisiones y la prueba y su valoración surgen por sí solos. Y cuando se asume, aunque sea mínimamente, las implicaciones con la teoría del Derecho y la jusfilosofia que cada uno de esos campos encierra, entonces se entra a un mundo infinitamente más complejo y laberíntico que el que ofrece el propio derecho procesal. En una palabra: el procesalista sale de su cascarón donde dormitaba cómodamente con sus teorías y conceptos.

En efecto, definir lo que significa «interpretación» o «interpretar», o cuáles son los elementos que deben confluir para estar ante una decisión adecuadamente justificada, o saber si un juez constitucional debe o no trabajar con valores y cuál es la diferencia de éstos con los principios jurídicos, son temas que no pueden escapar al procesalista. Tampoco si el neoconstitucionalismo, con sus connotaciones teóricas e ideológicas ajenas al proceso civil, es un paradigma sobre el cual se pueda seriamente trabajar.

Así, sin ninguna pretensión de que el procesalista se convierta en un teórico o filósofo del Derecho (lo cual resultaría en no otra cosa que deje de ser procesalista), él debe recurrir a estas complejísimos y desafiantes materias buscando criterios para resolver los problemas que él detecta en su quehacer como académico o profesional. Y siendo que a través criterios se construyen soluciones sólidas para resolver problemas, entonces el procesalista debe buscar teorías, ideas, corrientes, críticas, métodos, conceptos y categorías trabajadas por teóricos y filósofos en las cuales apoyarse.

Y –aquí lo importante– dado que está preocupado con resolver problemas, entonces debe buscar teorías y autores que, a su vez, trabajen en la construcción de criterios para orientar la práctica. De ahí que evitar posiciones que privilegien ideas retóricas por sobre una explicación y desarrollo adecuado de cómo implementarlas, a pesar de su profunda abstracción teórica, en la práctica, constituye un auténtico must.

Salgamos de una buena vez de nuestro cascarón.

Derecho: ¿es posible estudiarlo científicamente?

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Queridos amigos, les cuento que suelo tener conversaciones muy interesantes con mi hermano, que es un estudiante de biología muy aplicado en la Universidad Cayetano Heredia. Allí discutimos, entre otras cosas, sobre el papel de la ciencia y cómo él, siendo científico, enfrenta su objeto de estudio. Ello me hace pensar, en primer lugar, el gran problema que tenemos los juristas porque nuestro objeto de estudio -el Derecho- no es equiparable a una entidad física que está lista para ser descrita. Cuando le pregunté a mi hermano qué pensaba sobre la posibilidad de que sus valoraciones subjetivas interfieran en la descripción del objeto, me respondió, categórico: “Eso no es ciencia”. En otra ocasión le pregunté si su trabajo apenas se limitaba al uso de la lógica. Él lo negó diciendo que también era importante la argumentación para demostrar la bondad de los métodos y conceptos empleados para describir de mejor manera el fenómeno.

Todo eso me hizo pensar mucho, lo confieso.

Como es claro, ello lleva a preguntarnos si el Derecho (¡nuestro objeto de estudio y trabajo!) es ciencia o no. A los amigos procesalistas que gustan de la doctrina brasileña, seguramente deben tener presente las lecciones de Ovídio Baptista da Silva, quien criticaba precisamente el hecho de entender el Derecho y el proceso bajo los cánones científicos de las ciencias exactas. Ovídio rechazaba cualquier tipo de calificación de “científico” al trabajo del jurista. No obstante, una cosa es que el Derecho no puede ser tratado científicamente y otra, muy distinta, que pueda ser trabajado científicamente… pero no con los mismos métodos que las ciencias exactas usan para conocer los fenómenos que son objetos de su estudio. Son cuestiones clara y absolutamente diversas. Si es verdad que el texto normativo -entendido como un conjunto de signos lingüísticos- ofrece una gama diversa de significados y que el intérprete realiza elecciones y decisiones para determinar cuál es el significado (norma, “interpretación-producto”) que debe atribuirse al texto, entonces es evidente que trabajar con el Derecho (i) no es apenas describir (como, por ejemplo, quería Kelsen) ni (ii) puede aprehenderse de forma exclusivamente cognitiva.

Ello no obsta, sin embargo -y aquí lo importante- para atribuir dignidad científica al trabajo que realiza el jurista. La razón es que tiene que haber rigor en la formulación de conceptos, porque se usa los diversos tipos de lógica (deductiva, inductiva, abductiva, etc.), porque se emplean silogismos, porque los argumentos, para ser válidos, deben justificarse en premisas válidas (por tanto, deben evitarse vicios lógicos),entre muchas otras cosas.

Y así, traduciendo un artículo del profesor Humberto Ávila (titulado “Da função da ciência do direito tributário – Do formalismo epistemológico ao estruturalismo argumentativo”), me deparo con el siguiente pasaje:

«El ideal de los empiristas, de crear un único método para todas las ciencias, surgió inicialmente para las ciencias naturales, propagándose más tarde para todas las ciencias, inclusive la del Derecho. Ocurre que las ciencias naturales consisten en discursos que tienen por objeto una entidad física, capaz, en teoría, de ser descrita, como es el caso de la Ciencia Astronómica, que tiene por objeto el movimiento de los planteas, descrito por los astrónomos. Ya la Ciencia del Derecho implica un discurso de que no tiene por objeto una entidad física, sino una realidad discursiva, incapaz de ser descrita como supuestamente lo es una entidad física, por la simple y buena razón de que no está lista sin la participación del intérprete. Por ello tiene razón Guastini quien, después de realizar la diferenciación definida arriba, afirma: “El lenguaje de los juristas no ‘vierte sobre’ el lenguaje del Derecho: al contrario, los juristas modelan y enriquecen continuamente su objeto de estudio, como un violinista que inserta notas apócrifas en la partitura que está ejecutando”».

Así, las particularidades del objeto de estudio deben modelar a la ciencia y sus métodos, y no al revés. Por muchos años se trató de adaptar el objeto al método, y no el método al objeto. Como el propio Humberto Ávila enseña, en vez de una “Ciencia del Derecho” se insistió en un “Derecho de la Ciencia”.

En fin, creo que ahora estoy obligado a introducir este tema de la ciencia del Derecho y de la ciencia del proceso civil en la primera clase de Introducción al Derecho Procesal (TGP). No hay otra salida: las cosas deben estar claras desde el principio.