Incoherencias del proceso de ejecución peruano

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Amigos, comparto con Uds. el artículo que dio origen a mi ponencia realizada en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la PUCP, en el marco del IV Seminario Internacional Proceso y Constitución: efectividad y ejecición de las resoluciones judiciales, organizado por Ius et Veritas y por la Maestría en Derecho Procesal de la PUCP. Dicho texto se titula: “Incoherencias en el proceso de ejecución peruano: causales de contradicción y suspensión de la ejecución – Un análisis desde el derecho fundamental a la tutela efectiva, adecuada y tempestiva”. Pronto les alcanzo el PDF. ¡Espero que sea de su agrado!

https://www.academia.edu/7118075/Incoherencias_del_proceso_de_ejecucion_peruano_causales_de_contradiccion_y_suspension_de_la_ejecucion

Álvarez Miranda, los transexuales y las falacias lógicas

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Fuente: Justomedio

Fuente: Justomedio

Amigos, comparto con ustedes un artículo del juez del TC Álvarez Miranda aparecido hoy en El Comercio, que defendió la sentencia de dicho órgano que negó a un transexual la posibilidad  de cambiar el sexo del DNI (click aquí).

Más allá del fondo de este artículo, les invito a diseccionarlo de forma argumentativa para observar las graves falacias que contiene:

– Se dice que el transexual tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la orientación sexual pero en los límites de la racionalidad y de los derechos de los demás. El problema aquí es que se vale de argumentos genéricos que contrastan con el primer enunciado (los derechos del transexual) y que no fueron explicados. ¿Qué racionalidad? ¿Cuáles derechos de los demás?

– Se dice que el transexual es biológicamente de un sexo pero psicológicamente de otro. Muy bien, eso está fuera de discusión. El punto es por qué ello es impedimento para que la sociedad lo reconozca como el sexo con el que él mismo se reconoce o la razón por la que el derecho a la identidad sexual no incluye esa posibilidad. Esto es lo que tiene que ser justificado (más allá del peso de las razones, naturalmente)

El juez Álvarez dice: “El derecho a la identidad sexual no se reduce a una mera transformación quirúrgica, tampoco a la simple voluntad de ser lo que no se es” (E1). Luego de ese enunciado tiene que venir el porqué (E2) que lo compruebe. Llegado el momento de justificar, el articulista dice: “La jurisprudencia constitucional ya ha señalado que el derecho a la identidad sexual debe ser concebido necesariamente de forma integral y no de manera inmediatista, sesgada o parcial” (E2′) y, acto seguido, “la realidad biológica no puede ser simplemente ignorada a cambio de una inversión en cirujanos y endocrinólogos (E2”)”. E2 -que se descompone en E2′ y E2”- tiene que demostrar E1.

No obstante, el juez Álvarez, en realidad, no dice más que esto: la identidad sexual del transexual no puede contrariar la realidad biológica (E1)… porque la realidad biológica no puede ser contrariada (E2”). Esto es la falacia llamada petición de principio, porque la conclusión ya se encuentra en la propia premisa. De otro lado, se dice: la identidad sexual del transexual no puede contrariar la realidad biológica (E1)… porque el TC así lo dice (E2′). Se trata de un claro caso de argumento de autoridad (ad verecundiam). Se trata de justificar la validez de E1 porque para el TC así es. Es más, se podrían citar mil autores e igual se mantendría la falacia argumentativa.

¿Qué quiere decir todo esto? Muy simple: el juez Álvarez no justificó por qué el derecho de identidad de los transexuales debe estar limitado a la realidad biológica. La demostración del enunciado está desprovista de justificación, por tanto, al menos ante sus argumentos e independientemente de estar o no de acuerdo con el fondo, E1 no puede ser aceptado.

Finalmente, es verdad que muchos solemos cometer estos errores, pero que incurra en ellas alguien que integra el tribunal encargado de interpretar la Constitución mediante justificación suficiente de sus razones -y que inclusive fue su presidente- es, desde mi punto de vista, totalmente inaceptable.

TC y el CNM: Crónica de una vergüenza

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Amigos, comparto con ustedes un interesante (y triste) informe de LaLey.pe sobre el vergonzoso caso del TC y el nombramiento de fiscales supremos: http://laley.pe/not/1325/tc-vs-tc-lo-que-dijo-y-rectifico-en-el-caso-castaneda-segovia/

Apenas un pequeño comentario: vean cómo se habla del así llamado “principio de defensa preventiva del Estado” para argumentar que, además de tutelar a la persona humana, el TC también deber tutelar al Estado para que no lo demanden ante las instancias internacionales. Eso me genera dos reflexiones:

(i) Los principios jurídicos, en manos equivocadas, siempre van a ser una herramienta peligrosísima para argumentar cualquier cosa, sobre todo cuando no se justifica adecuadamente: (i.a) de qué parte del ordenamiento jurídico se extraen, (i.b) cuál es su fin y (i.c) cómo se realiza ese fin en su interacción con otras reglas y principios constitucionales.

(ii) Que una corte de vértice como el TC diga que también debe proteger al Estado refleja no otra cosa que una gravísima indefinición institucional. Esto es, el TC no tiene idea cuál es su verdadero papel en nuestro ordenamiento jurídico. Y es que si se asumiese como una corte de interpretación y precedentes llevaría directamente a la necesidad de afirmarse como una corte que tutela los derechos (de la persona y no del Estado) en una dimensión general, dirigiendo su discurso no al caso concreto, sino a la sociedad y a todo el ordenamiento jurídico.

En fin, tengo la esperanza de que todo esto cambie pronto.

http://laley.pe/not/1325/tc-vs-tc-lo-que-dijo-y-rectifico-en-el-caso-castaneda-segovia/

TC y Corte Suprema: una breve reflexión sobre la elección de sus miembros

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Presenciando nuevamente ese circo que es la elección de jueces del TC, yo me pregunto si el Congreso debe seguir teniendo el monopolio de dicha elección. Soy un convencido que es realmente positivo y necesario que exista un pluralismo en dicho colegiado, o sea, que sus miembros sean juristas, abogados y jueces de carrera. Ello influencia en el debate que se realice respecto de la interpretación de la Constitución, tarea fundamental del TC. Si eso es verdad, entonces pienso que sería bastante razonable que la elección del TC sea compartida entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así, el Presidente de la República, el Pleno Congreso y la Sala Plena de la Corte Suprema (tal como sucede en España, sólo que el Rey es el que nombra) serían los órganos que lleven personas al TC, pero no para que sean representadas, sino para garantizar, en la medida de lo posible, la calidad jurídica y moral de aquellas.

Y sinceramente, en mi opinión no debe ser diferente el modo de elección de los jueces de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque así como el TC interpreta el derecho constitucional, la Corte Suprema hace lo propio respecto del derecho infraconstitucional. Las tareas no son diferentes bajo esa perspectiva, y son ciertamente igual de importantes. Por tanto, también debe existir un pluralismo en dicho órgano, el cual se garantiza mediante indicación política conjunta entre el Ejecutivo y elLegislativo. Estoy absolutamente convencido que ser juez supremo no puede ni debe ser un “premio” para aquellos jueces que llevan un tiempo en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Suprema tiene una función distinta a la de los jueces de primer y segundo grado: aquella debe dar unidad al Derecho infraconstitucional nacional a través de precedentes, mientras que éstos deben dar justicia al caso concreto. Llegar a la Suprema mediante un examen de conocimientos tomado por un órgano sin legitimidad alguna y con miembros que no son formados en Derecho (el CNM) es un gravísimo equívoco. El candidato que llega a la Corte Suprema mediante indicación política debe presuponer obviamente un notorio conocimiento jurídico y una trayectoria en el campo del Derecho, siendo que con dicha modalidad, además, se busca garantizar la idoneidad moral del candidato a través de un riguroso escrutinio.

Ser miembro del TC y de la Corte Suprema es algo demasiado importante para dejarlo en manos de un sólo órgano o en meros exámenes de conocimiento. Si es que las decisiones hablan por los jueces que las firman, nuestra experiencia nos muestra que en los últimos años no hemos tenido a los más adecuados en ninguna de nuestras Cortes de vértice. Y eso está relacionado en modo directo con la forma de su elección. He aquí un problema que, en mi opinión, debe ser fuertemente atacado.

 

Un nuevo TC, nuevas esperanzas

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TC peruano

Ante la inminente elección de seis nuevos jueces para el Tribunal Constitucional peruano, corte máxima de interpretación del derecho constitucional en nuestro país, no puede no haber una gran esperanza. Más allá de los nombres que serían elegidos por el Congreso (dos de ellos son queridos amigos míos, de quienes puedo dar fe de su enorme capacidad y entereza profesional) y que se trata de una renovación que debió ocurrir hace mucho tiempo, no es posible ocultar que cada uno de nosotros, interesados por el estudio y conscientes que el TC es determinante para tener un país mejor, guardamos expectativas e ilusiones de las más variadas ante este acontecimiento.

Yo también tengo mis propios anhelos de cómo nuestra corte debería desempeñar su función. He aquí algunos de ellos:

1. Para que las decisiones del TC sean coherentes, racionales y tengan el impacto que debería tener la sociedad, todas sus decisiones tienen que ser precedentes porque tienen que ser obedecidas por los jueces. El TC da la última palabra de cómo se interpreta la Constitución, vinculando al íntegro del ordenamiento jurídico. El TC debe promover la unidad del derecho constitucional y los jueces no pueden apartarse de esa interpretación, so pena de aniquilar la igualdad de todos ante el Derecho y la seguridad jurídica (cognoscibilidad, confiabilidad y calculabilidad). Los jueces no obedecen precedentes por sus buenas razones, sino porque están jerárquicamente vinculados. “Precedente persuasivo” es una contradicción en términos.

2. El TC no debe ser un órgano de control de la constitucionalidad de las decisiones del Poder Judicial. La preocupación del TC no debe ser el pasado, sino el futuro; no el caso concreto, sino la unidad del Derecho. Por ello, el TC solamente debe resolver casos que tengan suficiente trascendencia y relevancia que amerite su intervención. El TC debe dejar de ser un órgano de tercera instancia para pasar a ser una auténtica corte de interpretación, y los jueces del Poder Judicial, para facilitar su trabajo, deben saber cómo aplicar sus precedentes. No debe existir, por tanto, un “derecho” de que el TC resuelva nuestro caso. El TC no es un juez de primer grado.

3. Para que el TC elabore decisiones adecuadas, es imprescindible que trabaje menos. Demasiados recursos llegan al TC y ello hace inviable que se concentre en lo que es verdaderamente importante. El TC tiene que resolver pocos recursos, y para ello deben existir filtros muy rigurosos para acceder a esa corte. Inclusive, en mi opinión, debe trabajarse la posibilidad de que exista discrecionalidad en la selección de recursos. El TC tiene que escoger sus casos según la representatividad que ofrecen para el impacto en futuros casos.

4. Todas las decisiones del TC, dado que están orientadas a unificar el Derecho, dándole sentido a los textos normativos y elementos no textuales de nuestra Constitución, deben estar adecuadamente justificadas, tanto de una perspectiva interna (o sea, las decisiones deben ser lógicas, premisas no contradictorias) cuanto externa (o sea, deben haber buenas razones). El TC debe ser muy cuidadoso en este punto, porque su función es la de ser guía para todos nosotros. Podemos estar o no de acuerdo, pero el hecho de saber que un aspecto jurídico está definido y pacificado nos ofrece la seguridad que necesitamos para tomar decisiones de las más variadas en nuestra vida (contractuales, financieras, etc.).

5. El TC debe respetar las competencias de la Corte Suprema, corte de vértice encargada de dar unidad al derecho infraconstitucional. El TC tiene que asumir una posición pasiva para dejar que la Suprema desempeñe su papel y, además, debe entender que está vinculado a la interpretación que ella haga en el ámbito de su competencia.

6. La intervención del TC suele afectar el desempeño de otros poderes y órganos del Estado, por eso debe ser consciente que muchas veces es mejor auto-contenerse que crear un cisma político y democrático. La prepotencia característica de los colegiados anteriores debe ser dejada atrás, para dar paso a la sensatez y prudencia. El TC debe asumir su enorme rol político en nuestra sociedad y ser consciente que el self-restraint es una auténtica virtud democrática. Por ello, el TC no debe ser activista, esto es, no debe imponer sus soluciones en detrimento de las adoptas por el Ejecutivo y el Congreso que sean correctas a los ojos de la Constitución. La interferencia debe ser severamente reducida, dando oportunidad, inclusive que se discuta nuevamente las materias y así evitar colisiones innecesarias.

7. El TC debe ser extremadamente cuidadoso al momento de superar sus propios precedentes (overruling). La técnica de la superación debe ser realizada teniendo en cuenta la confianza con que los litigantes actúan. Tiene que protegerse, por tanto, la legítima expectativa colocada en el precedente que quiera revocarse.

8. El TC es una de nuestras cortes de vértice y tiene que dar el ejemplo. El TC debe imponerse como tarea reformar la cultura judicial en nuestro país, no sólo fomentando el respeto a sus decisiones, sino también enseñando cómo es que se debe realizar la ardua tarea de justificar una decisión. Para reducir la arbitrariedad judicial –que ciertamente padecemos en el Perú– es necesario obrar en base a criterios que adecuados. Es necesario dar seguridad y promover razonablemente la confianza de cuál sería el resultado que nos aguarda si nos involucramos en un proceso ante el Estado. Sin igualdad ni seguridad jurídica estamos a la deriva como país. Y el TC, en el ámbito de sus competencias, es el órgano indicado para protegerlas.