Corte Suprema puede (y debe) resolver procesos cautelares

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A lo largo de la vigencia del Código Procesal Civil, la Corte Suprema rechazó constantemente recursos de casación interpuestos contra resoluciones de las Cortes Superiores en materia cautelar. La justificación era que la medida cautelar impugnada y ulteriormente resuelta por el órgano de segundo grado no ponía fin al proceso principal. Ello sumado al entendimiento que la medida cautelar es variable y accesoria al proceso hizo que se concluya que no se cumplía el requisito del antiguo artículo 385 incisos 1 y 2 (ahora en el artículo 387, inciso 1, CPC, modificado por la Ley n. 29364 de 2009).

Dice el artículo 387, inciso 1, CPC: “El recurso de casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso; (…)”. Cabe resaltar que la ley habla de “requisitos de admisibilidad”, pero es claro que este es de improcedencia. ¿Por qué? Porque si el recurrente lo incumple, no hay posibilidad de que sea subsanado, tal como lo prevé el mismo artículo 387, segundo párrafo.

Dijimos que es posible ensayar una interpretación distinta a fin de que los recursos de casación en materia cautelar puedan ser conocidos. Para ello, es necesario tener presente los siguientes aspectos:

(i) A partir de un análisis del diseño procedimental realizado por el Código Procesal Civil, se verifican un proceso de conocimiento, un proceso cautelar y un proceso de ejecución. Más allá de las pocas bondades de esta estructura, es posible apreciar que, el proceso cautelar –y ahora más aún con la incorporación de la oposición– es un auténtico procedimiento separado del principal, y por serlo,  tiene un acto que le pone fin. A dicho acto es perfectamente posible llamarle de “sentencia”, ya que ella no está reservada a aquella decisión relativa al mérito del proceso principal, por más que nuestra práctica forense así lo identifique. Por cierto, no hay que olvidar que “proceso” no es más que un “procedimiento en contradictorio”.

(ii) Siendo posible hablar de una “sentencia cautelar”, la cual se identifica con la propia medida cautelar, entonces estamos claramente ante un acto que cierra el procedimiento (o proceso) cautelar. Es a partir de esta constatación que es posible adoptar una nueva interpretación del artículo 387, inciso 1, CPC: cuando el texto habla de “proceso” no solamente se refiere al proceso principal, sino también al cautelar. Al fin y al cabo, la discusión sobre la tutela de seguridad del derecho también posee un mérito propio, aunque sea diferente al mérito principal.

(iii) La medida cautelar adoptada por el juez, junto a la confirmación o revocación por parte del juez de segundo grado, posee una estabilidad. Esta estabilidad, aunque no sea tan fuerte como la de la sentencia con cosa juzgada, está condicionada a la cláusula rebus sic stantibus: apenas una alteración de las circunstancias fácticas puede motivar que la tutela cautelar dictada sea modificada. Por ejemplo, un juez no puede, a voluntad, alterar el monto afectado a un bien embargado o “variar” un embargo en secuestro. Tiene que presentarse una modificación en la realidad que justifique una tutela de seguridad diferente a la otorgada. De la misma manera, el cese de la tutela cautelar se da por la desaparición de la situación de peligro que justificó su aparición. Y el cese de esa situación de peligro sólo se verifica en el mundo material, no en el procesal. Esta estabilidad de la tutela cautelar, en nuestro criterio, refuerza el hecho de que se hable de una “sentencia cautelar” que le pone fin al proceso cautelar.

Podría decirse, por su parte, que esta solución no traería otra cosa que una enorme sobrecarga de trabajo, teniendo en cuenta la enorme cantidad de medidas cautelares que son confirmadas o revocadas por las salas superiores de todo el país. No obstante, contra esta idea pueden ser opuestos dos argumentos:

(i) El sistema no es el ideal para que la Corte Suprema pueda desempeñar correctamente su papel de promover la unidad del Derecho infraconstitucional a través de precedentes. Entre otros aspectos, la ley no permite que la Suprema seleccione los recursos que considera oportuno resolver. Y es que el acceso a las Cortes de vértice está inspirado en el hecho de que los recursos que permiten su intervención no constituyen derecho de las partes, sino un mero pretexto para que se logre la unidad del Derecho mediante interpretación. Con un mecanismo riguroso de selección de recursos, la Suprema podría liberarse de buena parte de la carga de trabajo que llegaría por recursos de casación en materia cautelar para privilegiar lo que realmente es importante.

(ii) Sin perjuicio de la inexistencia de un sistema de selección de recursos, resulta de gran relevancia que la Corte Suprema, en la medida de lo posible, unifique criterios en materia de tutela cautelar. Y es que gran parte de los problemas que ocurren en la práctica se han dado en materia cautelar, y las salas superiores –por temas de competencia y por su propia dispersión debido a la organización del Poder Judicial– no son capaces de dar una respuesta única al justiciable. El hecho que la Corte Suprema rehúya a resolver sobre esta materia tan importante a nivel de derecho infraconstitucional significa un incumplimiento de su papel en el ordenamiento jurídico nacional.

Por tanto, la interpretación ofrecida no está orientada a garantizar algún derecho fundamental de acceder a la Corte Suprema, pues este no existe. Lo que se trata es privilegiar su inherente función de unificar el derecho infraconstitucional.