Un rey sin séquito: Julio Granda, el ajedrez peruano y los medios

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Julio Granda Zuniga

Foto: chessvibes

Columna publicada el martes 27 de agosto en Consulta Previa.

Julio Granda es sinónimo de ajedrez y, qué duda cabe, es conocido a lo largo y ancho del Perú, no sólo por los miles de cultores de este deporte, sino también por aquellos que no lo practican. Y no es para menos: Julio fue campeón juvenil a los 13 años, lo que le valió los laureles deportivos, y fue el primer gran maestro que tuvo nuestro país (en 1986, a los 19 años de edad).

Para los que hemos seguido su trayectoria con atención, a lo largo de su carrera Julio ha tenido resultados espléndidos contra ajedrecistas de primer nivel y hoy, además de ser el número 79 a nivel mundial, es, indiscutiblemente, uno de los mejores a nivel latinoamericano. De lejos, Julio es uno de los deportistas más exitosos que ha visto –y sigue viendo– nuestro país.

Hace pocos días Granda estuvo compitiendo en Tromsø, Noruega, y llegó a los octavos de final de la Copa del Mundo de Ajedrez. Salvo Magnus Carlsen, Viswanathan Anand (estos dos preparándose para su duelo por el título mundial), Veselin Topalov y un par más, este torneo agrupó a los mejores ajedrecistas del orbe. ¿Cómo fue que Granda llegó a este privilegiadísimo torneo? Ganando en mayo pasado, por segundo año consecutivo, el Torneo de las Américas, que congregó a los trebejistas más fuertes del continente. ¿Y cuál es el premio que otorga la Copa del Mundo? Además de dinero, un pase directo al Torneo de Candidatos de 2014, torneo que define quién será el retador del campeón mundial vigente. El solo hecho de participar en esa competición y tener una chance directa de luchar por el título mundial (aquel que detentó Karpov o Kasparov y que ahora ostenta Anand) ya significaría pertenecer a la élite mundial de este reñido deporte.

Pero la participación de Julio no fue debut y despedida, por el contrario: desde cualquier punto de vista fue extraordinaria. Después de dejar a dos rivales en el camino, en la ronda de los 64 mejores tuvo como rival a Peter Leko, prodigio en su tiempo, uno de los maestros más fuertes y respetados del medio, retador del título mundial en 2004… y lo superó. Llegando a los mejores 32 se topó con el holandés Anish Giri, otro prodigio que en los últimos años viene compitiendo en el más alto nivel, y le ganó con claridad en las partidas de desempate. Ya en octavos de final, Julio encaró un rival que, en ese momento, poseía el mejor ranking de toda la competición: el italiano Fabiano Caruana, tercero en el mundo, y ganador de varios torneos de elite. Y hasta allí llegó la aventura de Julio en la Copa del Mundo: quedando entre los mejores 16, dejando en alto el nombre del Perú.

Ante esta situación, veo, por ejemplo, que dos semanas antes del partido contra Uruguay, ya en el trecho final de unas Eliminatorias mediocres y poco auspiciosas, no dejan de aparecer noticias sobre, por ejemplo, cuáles son las claves para ganar ese bendito partido, sobre la gravedad de la lesión de Farfán, sobre el hecho que Markarián juegue contra la selección de su país, etc. De la participación de Granda, al menos en los diarios principales, no hubo ni una línea. Quizá habría existido alguna noticia si Julio hubiese ganado el torneo o si hubiese quedado en los primeros puestos. Y esto sería mucho pedir.

Yo me pregunto, además, qué ocurriría si tuviésemos un tenista que, como Lucho Horna, llegase al puesto 79 del ránking mundial y participase, digamos, en un Grand Slam y fuese eliminado en octavos de final. Esto, pienso, sería lo más parecido a lo que Julio hizo en Noruega. Pregunto: ¿cuál sería la cobertura de la prensa en aquel hipotético caso? Es más que seguro que inmensa.

Ahora bien, no es posible negar que en los últimos años, gracias a las espectaculares victorias de los hermanos Cori y del propio Granda, los medios han tenido un cierto interés por nuestros ajedrecistas, pero quizá con no poca resistencia porque es un tema que no vende tanto o porque, en el caso de los medios virtuales, no genera mucho tráfico. Sea como fuere, los triunfos cosechados por el ajedrez peruano han sido inversamente proporcionales a la atención que la prensa le ha dado. Y es que no sólo debe ser noticia un primer o segundo lugar en un Panamericano u otro torneo, sino que el seguimiento debe ser intenso y no meramente residual. Ello traería no sólo justicia con uno de los deportes que, a diferencia de nuestro alicaído fútbol, más éxitos ha traído al país, sino también promovería, de forma determinante, el tan ansiado apoyo del sector público y privado. Al fin y al cabo, no es suficientes una que otra esporádica ceremonia en Palacio de Gobierno.

De lo contrario, si esta situación continuase, brillantes ajedrecistas como Julio Granda (quien vive en España debido al nulo apoyo por parte de una Federación de Ajedrez controlada hace años por una gavilla que se esmera por hacer una peor gestión que la anterior), seguirán compitiendo en torneos cuyo costo de inscripción sale de su propio bolsillo, y, aún peor, continuarán ofreciendo dignísimas participaciones sin que nadie, salvo algunos curiosos, se enteren y se lo reconozcan.

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Proceso justo y debido proceso legal: una reflexión

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Hace poco un amigo me pidió que le dé una opinión sobre un artículo publicado en el blog de la PUCP (hacer click aquí). Al ver que mi opinión se hacía cada vez más larga, decidí colocarla en mi blog. Mi intención no es otra que una crítica sincera, directa, rigurosa y constructiva, como, según entiendo, debe ser en el diálogo académico, más aún si se trata de un tema que me interesa sobremanera, como es el debido proceso legal y el proceso justo (respecto del cual tengo un artículo en portugués aún inédito). Dicho esto, y sin ánimo de ser exhaustivo, estas son algunas breves consideraciones sobre el texto cuya lectura mi amigo me sugirió:

1. Además de varios problemas de redacción y estilo, existe una falta evidente de bibliografía especializada: no están citados libros fundamentales como el de Mirjan Damaška (“The faces of justice and State Authority. A comparative approach to the legal process”, que es un estudio de derecho comparado importantísimo), Vincenzo Vigoriti (“Garanzie costituzionali del processo civile“), Sérgio Mattos (“Devido processo legal e proteção de direitos“) o, dado que se trabaja con la doctrina española, Joan Picó i Junoy (“Las garantías constitucionales del proceso“). Tampoco veo citado ningún artículo de la doctrina italiana que habla sobre el giusto processo ni tampoco un solo texto de doctrina del common law (al menos en EE. UU., la exposición sobre el tema suele estar en los libros sobre Constitutional Law, como el de Edwin Chemerinsky). Asimismo, falta una investigación bastante más profunda sobre teoría general del Derecho, principalmente sobre el tema de los valores: la exposición que se da parece un tanto improvisada.

2. Desde una perspectiva formal, el artículo va y viene por la historia, sin mucho orden. Prácticamente se comienza y se cierra el artículo apelando al análisis histórico, lo cual no está bien. Si se quiere hablar sobre historia, debe reservarse un punto específico para ella, y luego continuar con la construcción conceptual sin regresar atrás (salvo que sea un artículo sobre historia del Derecho, lo cual no es el caso).

3. Aún en el tema formal, el título del artículo, que anticipa una exposición sobre la relación que habría entre la teoría tridimensional del Derecho y el debido proceso, no se condice con lo desarrollado en el texto: la exposición sobre dicha teoría podría perfectamente ser eliminada y el artículo seguiría igual. Asimismo, no veo en qué manera influye el hecho de entender el Derecho como norma, hecho y valor en la construcción conceptual del debido proceso. Entender el debido proceso como un derecho humano no dice nada respecto de la teoría tridimensional; y cuando se habla de valores (apartado en el punto 4.2) no se especifica absolutamente nada al respecto. Tampoco veo la relación entre lo social y el debido proceso. La exposición sobre la teoría tridimensional es una isla en el artículo.

4. Ya en el tema de fondo, existen errores históricos como por ejemplo afirmar que la claúsula del due process of law se encontraba en la Carta de 1215, cuando allí estaba consagrada, en realidad, la expresión the law of the land. Expresamente, la cláusula apareció en un statute (ley) de Eduardo III en 1354, pero en textos posteriores (Habeas Corpus Act de 1679, Bill of Rights de 1688 y Act of Settlement de 1701 no hay mención al due process of law – y esto no fue especificado en el artículo). Asimismo, es un error decir que en el texto original de la Constitución americana de 1787 no estaba el due process of law porque sí estaba en la Amendment V (cabe precisar que las Amendments I a X son precisamente el texto original). Otro error, precisamente por la falta de bibliografía, es aquella descripción, en el punto V, de la evolución del proceso (muy similar a lo que Omar Sumaria dijo en un artículo que critiqué en mi blog). Un error más -y este es muy común- es entender que en el sistema del common law no predomina la norma escrita. Basta leer lo que escribió Michele Taruffo sobre el tema para saber que ello no es así (a saber, el artículo “Il processo civile di common law e di civil law: aspetti fondamentali”, que tiene traducción al castellano).

5. Veo que existe una preocupación dogmática por colocar el debido proceso como categoría general, dentro de él, la tutela jurisdiccional efectiva y, como concepto más reducido, la tutela procesal efectiva. Pero los autores no justifican esa opción porque no definen cuál es el contenido de los dos últimos conceptos. Asimismo, construir teorías a partir de la legislación es bastante dudoso desde una perspectiva científica. Eso no justifica un dogmatismo sin asidero en el texto legislado, pero un trabajo coherente con los conceptos requiere que ellos estén muy claros y sean útiles para la práctica, sobre todo si son tan amplios como el debido proceso legal. Yo, particularmente, no veo esa claridad en este artículo.

6. Pienso que, al no haberse hecho una investigación sobre cómo es tratado el debido proceso legal en la cultura jurídica donde floreció (principalmente EE.UU.) se deja de percibir varias cosas: (i) que el procedural due process of law (o sea, en su sentido procedimental) es entendido hoy, por la Supreme Court norteamericana, como una protección contra el arbitrio (derecho negativo), y no como un derecho a prestaciones; (ii) que el substantive due process of law es indisociable de aquel y, en mi opinión, debido a sus características inherentes, no tiene ninguna razón de ser en nuestro país (cfr. Humberto Ávila. “¿Qué es el debido proceso legal?”); (iii) que el procedural due process of law no entraña un contenido de justicia, como los autores pretenden, por el hecho de que, (iii.1) en su país de origen prevalece un entendimiento de la procedural justice, es decir, una negación de la existencia de una justicia intrínseca en la decisión (cfr. Tom R. Tyler. “Procedural justice and the courts”) y que el propósito principal del proceso es resolver controversias (cfr. el libro de Damaška) y (iii.2) existe apenas una preocupación con las llamadas garantías procesales, sin tener en cuenta que no es posible llegar a una decisión justa si es que el juez no aplica bien el derecho al caso concreto ni efectúa un correcto análisis de los hechos de la causa: no es suficiente que sean respetados los derechos fundamentales procesales que estructuran y condicionan el procedimiento.

7. Todo esto me lleva a afirmar que “debido proceso legal” no equivale a “proceso justo”, a pesar de que este concepto fue forjado a partir de aquel. Pienso que en este tema es absolutamente imprescindible realizar un estudio de derecho comparado que permita determinar, entre otras cosas: (i) que al hablar de proceso justo debe tenerse en cuenta las particularidades de cada experiencia jurídica (due process of law en EE. UU., right to a fair trial en Inglaterra, giusto processo en Italia, procès équitable en Francia, processo equitativo en Portugal, tutela judicial efectiva en España, faires Verfahren en Alemania, devido processo legal en Brasil e, inclusive, el right to a fair trial a nivel de la Corte Europea de Derechos Humanos y el debido proceso legal a nivel de la Corte IDH); (ii) debe construirse un modelo con características que sean independientes de un ordenamiento positivo (lo cual implica vincularlo con el paradigma del Estado Constitucional y destacando la necesidad de una decisión justa – cfr. Michele Taruffo. “Idee per uma teoria della decisione giusta”); y (iii) dependiendo del ordenamiento específico, entenderlo como principio y como derecho fundamental capaz de generar deberes organizacionales en el Estado.

8. Last but not least, la teoría trimensional del Derecho, en mi criterio, por más que parezca seductora y que haya sido formulada por una voz autorizada como es Miguel Reale y difundida por Sessarego, me parece que no satisface la más mínima pretensión de rigurosidad científica que es necesaria para construir una teoría jurídica. Decir que Derecho es “norma, hecho y valor” dice todo y nada a la vez. Está bien destacar, al lado del derecho positivo, la importancia de la sociedad y del hombre (aunque eso, pienso, es un tanto obvio porque el Derecho, como mecanismo institucionalizado de poder dirigido a orientar conductas, se dirige a regular no otra cosa que relaciones sociales) y también de los valores (aunque, por mi parte, sostengo la idea de que son meta-jurídicos, están fuera del Derecho existiendo en éste, apenas, valores positivizados, es decir, ya normas jurídicas), pero no ofrece herramientas para solucionar los problemas concretos que se presentan. Por ejemplo, ¿cómo es que un juez resuelve un caso a partir de la teoría tridimensional del Derecho? Parece que esa teoría se queda apenas en la descripción, en lo meramente filosófico, y no va más allá que eso porque, quizá, no tiene ninguna vocación para ello. Y si es así, pienso que no es útil.

Tutela cautelar y anticipación de tutela en Brasil: fundamentos para una reforma del proceso civil peruano

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Amigos, sigue a continuación mi último artículo, a ser publicado en la obra colectiva “Ovídio Baptista da Silva e a ciência processual civil brasileira“, coordinada por Pedro Henrique Nogueira. En este texto, además de hacer una diagnóstico de la experiencia brasileña sobre el tema dirigido a países de habla hispana, muestro algunas inquietudes iniciales que serán posteriormente desarrolladas en mi tesis de maestría en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Asimismo, esas líneas contienen una firme esperanza de que en el Perú, a partir de lo sucedido en Brasil, podamos aspirar a una verdadera reforma de nuestro proceso civil que traiga como resultado no otra cosa que una tutela más efectiva de los derechos.

¡Espero que sea de su agrado!

http://www.academia.edu/4307919/_Veinte_anos_no_es_nada_Tutela_cautelar_anticipacion_de_tutela_y_reforma_del_proceso_civil_en_Brasil_-_Un_diagnostico_para_el_Peru

Negociando con las FARC: ¿se cambia justicia por paz?

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Niños en las FARCColumna publicada en Consulta Previa.

Para nadie es desconocido el intenso y larguísimo que involucró, por más de cincuenta años, al Estado Colombiano y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tampoco es novedad las esforzadas conversaciones de paz que vienen ocurriendo en La Habana para ponerle fin a esa desgarradora conflagración que ya tomó la vida de más de 200 mil colombianos (más del triple del número de muertos tras el conflicto armado contra Sendero Luminoso, en el Perú).

Pero un acontecimiento causó una enorme conmoción y que quizá sea un punto de no retorno en la historia del país norteño: el expreso reconocimiento de los dirigentes de las FARC que su accionar causó “víctimas y dolor” y que están dispuestos a indemnizar a todos los afectados. Ello es de suma relevancia porque el grupo armado, desde siempre, dijo defender al pueblo colombiano.

Está fuera de discusión que las FARC incurrieron en actos terroristas y violaron gravemente las convenciones internacionales sobre los conflictos armados. En efecto, hubo ataques a la población civil como secuestros, asesinatos selectivos, bombardeos, desplazamientos forzados y uso de coches-bomba, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento forzado de niños, violaciones sexuales contra niñas reclutadas, muerte y mutilaciones por minas antipersonales, entre muchísimas otras. Un rápido repaso de las acciones militares de las FARC demuestra el horror y la atrocidad que guió, por muchos años, el comportamiento de este grupo paramilitar.

No obstante, la histórica declaración de las FARC ya había sido precedida de un expreso reconocimiento, por parte del presidente Juan Manuel Santos, en el marco de una audiencia ante la Corte Constitucional colombiana, de que el Estado colombiano era responsable de violaciones al derecho internacional humanitario. Él mismo estaba defendiendo la impugnación que se había hecho contra el proyecto de reforma constitucional (el llamado “Marco Jurídico para la Paz) impulsada por el Congreso y apoyada por el Ejecutivo, y allí, frente a decenas de periodistas, fue donde lo dijo solemnemente.

No es posible negar que ambos lados desean la paz. Y la voluntad por crear condiciones que la aseguren ha llevado al Gobierno colombiano a intentar reformar su Constitución, lo cual, ciertamente, es un acontecimiento sui géneris en la solución pacífica para este tipo de conflictos internos. La intención es clara: se quiere garantizar de la forma más segura posible que los guerrilleros que depongan las armas y se desmovilicen de la zona de conflicto puedan reinsertarse a la sociedad. No es extraño, por tanto, que organizaciones nacionales e internacionales (especialmente la Human Rights Watch) hayan expresado su gran preocupación al respecto, puesto que, de prosperar esta reforma, se estaría generando un sombrío clima de impunidad, en donde, si bien algunos recibirían castigo por sus crímenes, de hecho, habrían otros que saldrían limpios de polvo y paja.

De lo anterior no hay duda: la modificación prevé un sistema de justicia de transición, a ser regulado mediante ley estatutaria por el Congreso, que presupone mecanismos extrajudiciales para el esclarecimiento de la verdad, seleccionando los crímenes prioritarios a enjuiciar (el proyecto habla únicamente de los crímenes de lesa humanidad), renuncia a la persecución penal de otros, todo ello aplicable tan sólo a aquellos que hayan sido parte del conflicto armado interno que se desmovilicen individual o colectivamente. En otras palabras, se está tratando de crear, constitucionalmente, un régimen (y, también, una jurisdicción paralela) especialísimo más benevolente con los partícipes del conflicto. Según los impulsores del proyecto de reforma, todo ello es indispensable para asegurar el proceso de paz que se está llevando a cabo actualmente.

Por su parte, la Corte Constitucional deberá pronunciarse en esta semana sobre la constitucionalidad del proyecto, en lo que seguramente será un fallo histórico. Curiosamente, algunos han señalado que si el proyecto no prospera, ello no perjudicaría en nada las negociaciones con las FARC. Pero, ¿será ello realmente cierto? ¿Aceptarán las FARC ser juzgadas como cualquier otro criminal de guerra? Aún más: ¿Es realmente la voluntad del pueblo colombiano –sobre todo de aquellos afectados directa o indirectamente por los terribles crímenes del grupo armado– de que el conflicto armado llegue a su fin otorgándole a las FARC una justicia distinta a la que, hoy, prevén la Constitución y los tratados internacionales? ¿Debe sacrificarse la justicia (la verdadera, la que exige tratar a todos por igual) por la paz?

Es verdad que cada Nación debe solucionar sus problemas de la mejor forma posible, y la experiencia que ha tenido el pueblo colombiano frente al conflicto armado es única, incomparable. Muchas personas han nacido y muerto cuando éste ya existía, pero muchas estarán vivas cuando las FARC depongan, de forma definitiva, las armas, si es que lo hacen. No obstante, de una u otra manera, habrá un precio que los colombianos tendrán que pagar, quizá uno mucho mayor al que ya han pagado injustamente: y es que no será fácil ver caminando por la calle a quien asesinó o secuestró a tu padre o a tu hijo, y saber que no habrá condena para él.

ACTUALIZACIÓN 23/08/2013http://elcomercio.pe/actualidad/1621300/noticia-farc-anunciaron-pausa-dialogo-paz-colombia

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/22/actualidad/1377205171_334984.html

Fujimorismo e injerencia en el Judicial: recordar para no volver a vivir

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Foto: El Comercio

Foto: El Comercio

Artículo publicado en Consulta Previa.

La Constitución Política del Perú prohíbe expresamente que cualquier autoridad (sea el Presidente de la República, el ministro de justicia o el Presidente del Poder Judicial, por ser juez supremo) interfiera en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales (artículo 139, inciso 2, segundo párrafo). Si lo hace, existe infracción a la Constitución, cabe la acusación constitucional, la cual, previo antejuicio político, puede degenerar en una suspensión o destitución del funcionario acusado e, inclusive, inhabilitación para ejercer cualquier función pública hasta por diez años (arts. 99 y 100).

Así, si la Comisión Permanente decide acusar al ministro Jiménez Mayor y al juez San Martín, y el Pleno del Congreso acoge la acusación (nota: contra Pedro Cateriano no procede), entonces deben ser drásticamente sancionados. Más allá de cualquier responsabilidad administrativa o penal, es importante que se imponga responsabilidad política a quien interfiera o pretenda interferir con el desempeño del ejercicio de la jurisdicción, sea cual fuere el juez que la ejerza.

Sin embargo, es particularmente curioso la forma cómo viene siendo impulsado este pedido de acusación constitucional o, más concretamente, cuál es la bancada del Congreso que, con mayor entusiasmo, ha puesto el grito en el cielo ante este hecho probable de injerencia en el Poder Judicial. Se trata de la bancada que, durante años, defendió al régimen que no tuvo mayores reparos en aniquilar el servicio de justicia peruano ni colocarlo bajo sus pies, todo para que no obstaculice la realización de sus nefastos planes. Por eso, ante esta grave coyuntura, vale la pena un recordaris, apoyado en el Segundo Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en el Perú de 2000, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El golpe de 1992 significó el quiebre del orden constitucional no sólo porque disolvió el Congreso cuando la Constitución no lo permitía, sino también porque echó a la calle a trece de los 25 miembros de la Corte Suprema, a todos los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y del Consejo Nacional de la Magistratura, el Fiscal de la Nación y 134 jueces y fiscales, con base en decretos leyes, sin ningún tipo de procedimiento administrativo. Todos fueron sustituidos por el Ejecutivo y por la mayoría en el Congreso. Pero un aspecto particular fue la situación de los jueces y fiscales, puesto que la provisionalidad que propició el fujimorismo llegó a la escandalosa cifra de 85%. La explicación es muy sencilla: si algún juez o fiscal hacía algo “incorrecto” a los ojos del régimen, era echado. Al fin y al cabo, no tenían ninguna estabilidad: apenas eran provisionales, no habían ingresado por concurso público y, por tanto, eran fácilmente descartables.

El control del Poder Judicial, como es claro, sirvió, por ejemplo, para perseguir a enemigos políticos (Ivcher, Jaime Mur), resolver favorablemente causas con clara implicación política (el amparo de Martha Chávez), para que no prosperen denuncias por ataques y hostigamientos a candidatos, por interceptaciones telefónicas, por torturas como la perpetrada contra Leonor La Rosa, entre otras.

Luego de la arbitraria colocación, en el Judicial, de autoridades adeptas al régimen, cómo olvidar la famosa Comisión Ejecutiva de la Magistratura (Ley n. 26546), conformada por jueces que Fujimori colocó y que tuvo como Secretario Ejecutivo no a un juez, sino a un militar en retiro como Juan Dellepiane. Aún más: esta Comisión creó 16 nuevos plazas para jueces supremos y nombró a igual número de jueces provisionales. ¿Cuál fue la consecuencia? Entre ellas, que la elección de todos los cargos que a la Sala Plena le correspondía (como el jefe del Jurado Nacional de Elecciones) estaba controlada por el fujimorismo.

Cómo olvidar, asimismo, la tenebrosa conducción del Ministerio Público a cargo de Blanca Nélida Colán quien, en su misión de “reorganizar” su institución, no hizo más que mutilar sus facultades para hacerlo inoperativo e inerme contra el régimen. Tampoco es posible dejar de recordar a Miguel Aljovín Swayne, Fiscal Supremo Adjunto Titular expulsado por Colán pero que, valientemente, regresó al Ministerio Público como Fiscal Supremo Titular, vía concurso público, y que llegó, en 1997, a ser Fiscal de la Nación, con todas las intimidaciones y denuncias que tuvo que soportar.

Otro hecho no menos nefasto que los anteriores fue la cobarde acusación constitucional contra Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca y Delia Revoredo Marsano, jueces del Tribunal Constitucional que decidieron declarar la inconstitucionalidad de la famosa ley de interpretación auténtica. La escaramuza fue la siguiente: se les acusó de haber usurpado las funciones que le correspondían al Colegiado por el simple hecho de haber resuelto, apenas estos tres jueces, un pedido aclaratorio contra el voto que ellos firmaron. Esa “usurpación” llevó a su destitución y a que el Tribunal Constitucional funcione, en lo sucesivo, sólo con cuatro miembros y sin quorum para cuestionar la inconstitucionalidad de una ley.

Finalmente, nótese bien que este pequeño recuento histórico no pretende opacar, en lo absoluto, la gravísima responsabilidad política que tendría Jiménez Mayor y San Martín. No se trata, como lo viene haciendo el partido de gobierno y otras bancadas de la oposición, de restar importancia a ese condenable hecho apenas porque el fujimorismo “está tratando de desestabilizar al régimen”. De hecho, en mi opinión, lo está haciendo con el claro propósito político de obligar a negociar a Gana Perú. Sin perjuicio de ello, es absolutamente necesario que se imponga el Estado de Derecho, y que quien viole la Constitución reciba el castigo que merece, principalmente si se trata de un autoridad tan importante como es la de un ministro de Estado o el presidente del propio Poder Judicial, ese que decía defender, a toda costa, la independencia de sus pares.

Contra el neo-constitucionalismo: una opinión de Riccardo Guastini

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Riccardo Guastini

Riccardo Guastini

Riccardo Guastini probablemente sea el teórico del Derecho vivo más importante a nivel mundial. Por ello, su opinión sobre el neoconstitucionalismo merece ser conocida y meditada. Sigue a continuación la traducción del artículo “A proposito di neo-costituzionalismo” al castellano, realizada por mi amigo Vitor de Paula Ramos y por quien escribe.

La referencia es: GUASTINI, Riccardo. “A propósito del neoconstitucionalismo”, trad. Renzo Cavani. En: Gaceta Constitucional, n. 67. Lima: Gaceta Jurídica, junio 2013 (revisión técnica de Vitor de Paula Ramos), pp. 231-240.

¡Espero que sea de su agrado!

Sendero Luminoso: entre el conflicto armado y el terrorismo

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Foto: La República

Foto: La República

Interesantísima columna de un querido amigo, cuya lectura recomiendo mucho. Sólo pido que sea leído sin ningún tipo de prejuicios porque se trata de una opinión técnica, de especialista en la materia. La versión completa fue publicada en Themis, 63.

http://enfoquederecho.com/el-peru-de-1980-a-2000-¿conflicto-armado-o-delincuencia-terrorista/