La Corte Suprema que queremos

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Piero Calamandrei

Piero Calamandrei, uno de los mayores artífice del modelo de Cortes Supremas en la actualidad

Artículo publicado el 1 de agosto en Consulta Previa.

Los últimos días hemos visto las noticias plagadas de las tristes consecuencias de la “repartija”, de la probable absolución de quien ya había sido juzgada mediáticamente como parricida y de un insípido mensaje presidencial lleno de cifras y promesas. No obstante, el 28 de julio, día de la patria, debe ser una oportunidad para reflexionar sobre qué debemos hacer para tener un mejor país. Para ello es necesario que las instituciones públicas funcionen bien. Y una de las más importantes es la Corte Suprema de Justicia de la República[1].

Las reformas institucionales que nuestra Corte Suprema necesita se ven reflejadas en las funciones que ella debe desempeñar. Y para ello la doctrina especializada tiene un rol trascendental. No es raro, por ejemplo, que muchos tribunales supremos se hayan estructurado con base en un libro de 1920 escrito por uno de los más brillantes juristas del siglo XX[2]. Con la voluntad que la doctrina peruana siga reflexionando sobre cómo mejorar nuestra Corte Suprema, me aparto del discurso en que abundan las generalidad para proponer, a continuación, algunas brevísimas ideas al respecto.

Al ser el órgano vértice del Poder Judicial, encargado de orientar a futuro la interpretación del derecho infraconstitucional (porque del derecho de rango constitucional de encarga el Tribunal Constitucional), la Corte Suprema, debido a su limitada composición, no puede resolver todos los casos que le son llevados por los litigantes. Ellos apenas quieren que se haga justicia a su caso particular, pero ese no puede ser el objetivo de nuestra Suprema. Si así fuese, entonces ella sería apenas un tribunal cuya labor no se diferenciaría, por ejemplo, del tribunal de apelación. Pero ambos órganos son y tienen que ser diferentes.

Si el fin es la interpretación de la ley, entonces el caso concreto es el medio. En otras palabras, es absolutamente necesario que la Corte utilice el recurso como un pretexto. Ello implica que ella no se pronunciará sobre todas las impugnaciones que reciba de los justiciables; por el contrario, debe seleccionar aquellas que merezcan su apreciación. ¿Con qué criterio? Precisamente con orientar la interpretación y aplicación del derecho. Ello implica una ineludible discrecionalidad, es cierto, pero nadie más que la Corte Suprema puede determinar qué debe resolver e, inclusive, cuándo lo debe resolver.

Nuestra Corte Suprema debe trabajar hacia el futuro, por tanto, debe trabajar con base en precedentes judiciales. Ello implica un gran trabajo, primero, por desarrollar una teoría consistente que permita su formación, identificación y superación (lo cual hasta ahora no se ha realizado ni en doctrina ni en jurisprudencia). Un precedente no es una máxima jurídica; implica un complejo análisis del material fáctico del caso concreto y cómo éste fue resuelto jurídicamente. Sólo ello garantiza una verdadera orientación en la interpretación del ordenamiento jurídico, lo cual no es exactamente lo que se hace mediante los llamados plenos casatorios: ellos están preocupados con el pasado, es decir, que los jueces se adecuen a su decisión para ejercer un control represivo sobre sus decisiones.

Algo de enorme importancia es el mecanismo de selección de los jueces supremos. ¿Es verdad que un concurso público ante el Consejo Nacional de la Magistratura garantiza que aquellos designados son los ideales para desempeñar semejante cargo? La realidad es que no todos los jueces supremos –al menos por lo que se deduce de la calidad de sus decisiones– parecen poseer la suficiente preparación jurídica para desempeñar este postergado papel de la Corte Suprema. Aún más: ¿Es la antigüedad un elemento tan determinante para que un juez “merezca” ser supremo? No por el hecho de haber ejercido este noble cargo por mucho tiempo implica que un determinado juez lo haga bien en la Corte Suprema, más aun tratándose de un tribunal con funciones claramente diferenciadas que cualquier otro.

Eso hace que el proceso de selección deba ser repensado. Teniendo en cuenta que los miembros del CNM representan, al menos en teoría, una saludable pluralidad, y si los mejores juristas deberían estar en la Suprema, ¿no sería mejor una elección que consista en entregar una propuesta de nombres que deba ser aprobada por el Congreso? Es verdad que ello dotaría de un alto contenido político la elección de los jueces supremos, sin embargo, teniendo en cuenta los relevantísimos temas que la Corte Suprema decide –siempre en el contexto de su auténtica función– no es un error que se busque equilibrar políticamente su composición, a partir de las características de los candidatos.

Si bien estas inacabadas reflexiones merecen ser ampliamente discutidas, lo cierto es que la Corte Suprema que tenemos, hoy por hoy, no puede ser la que queremos. Es necesario trabajar arduamente para revertir nuestra realidad antes que ella quede petrificada por una condenable inacción.


[1] Este artículo se inspira en las interesantes ideas de Daniel Mitidiero, en su libro “Cortes Supremas e Cortes Superiores – Do controle à interpretação da jurisprudência ao precedente” de futura aparición por la editorial Revista dos Tribunais.

[2] Me refiero a “La Cassazione Civile”. Milán: Fratelli Bocca, 1920, escrito por Piero Calamandrei.

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Una gran lección de decencia

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Francisco Eguiguren

Francisco Eguiguren (foto: La Mula)

Artículo publicado el 23 de julio en Consulta Previa.

Cuando todos pensábamos que la inmoralidad con que fueron escogidos los miembros del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo ya no tenía vuelta atrás. Muchos de los candidatos ya elegidos –comenzando por Francisco Eguiguren y seguido por Ernesto Blume, dos juristas con pergaminos para integrar el TC– propinaron a nuestros congresistas una ejemplar lección de decencia y ética. Además de decir “mis principios morales no me permiten integrar este Colegiado”, también dijeron “señores del Congreso, hagan bien su trabajo de una vez por todas”.

Esta actitud fue secundada por otros candidatos elegidos que tuvieron que subirse al barco para no quemarse ante la opinión pública. Sea como fuere, felizmente aún tenemos personas capaces de renunciar al poder y a la necesidad de congraciarse con el partido, a diferencia de nuestros “Padres de la Patria”, para quienes la institucionalidad del país está lejos, muy lejos de ser una prioridad.

Pero si la bien llamada “repartija” fue un escándalo de proporciones gigantescas, la indignación es aún mayor cuando se verifica que los autores (directos e intelectuales) de esta vergüenza se lavaron las manos sin mayores problemas, comenzando por el Presidente de la República. Sería ingenuo pensar que Ollanta Humala (rectius: su mujer) no fue pieza clave en esta descarada distribución de los cargos públicos, con el único objetivo de tener a Mayorga y a Galindo en el TC. Poco le importó que, por ejemplo, ellos tengan que compartir una mesa con Rolando Sousa (cara visible del régimen que él se vanaglorió de combatir), o que la Defensoría del Pueblo sea hipotecada a Perú Posible, en la imagen de Pilar Freitas. Pero después que el tema llegó a ser inmanejable, Humala fue el primero en pedir que ellos den un paso al costado, tratando de despercudirse políticamente, dando a entender que no tuvo nada que ver. Quizá engañó a varios. Pero no lo consiguió con muchos otros.

El ex presidente Alejandro Toledo tampoco se queda atrás. Después de defender a capa y espada a Freitas cuando el principal cuestionamiento era, precisamente, su filiación partidaria a Perú Posible, luego de la ola de renuncias (la de ella incluida) salió públicamente a exigir la elección de profesionales idóneos y una mayor responsabilidad por parte de los congresistas. Pero de Toledo no se puede esperar menos que comportamientos severamente contradictorios, un manejo descarado de las decisiones de su partido y una enorme dosis de inocultable mitomanía.

Mejor parados quedaron Alan García y Lourdes Flores. El primero por no aparecer como cabeza visible de la repartija política y porque el Apra estaba tratando de patear el tablero días antes de la elección. La segunda porque, de manera muy hábil, le cargó toda la responsabilidad a Raúl Castro, por ser el presidente del PPC y por haber tenido influencia en la decisión de los congresistas de su partido de apoyar la elección. Salvando las diferencias entre uno y otra, aquí se nota un manejo político más sagaz.

Sea como fuere, responsabilizar al Apra sería colocarle una raya más al obeso tigre de corrupción e inmoralidad que caracteriza a este partido, mientras que Alianza por el Gran Cambio hizo gala de una mayúscula indolencia, graficada en la confesión de Alberto Beingolea, en donde evidenció que más importante es “respetar el acuerdo político” (así haya sido un desastre) que el propio país. No fue sorpresa, por tanto, que los congresistas de esta bancada aparezcan junto a Ernesto Blume –candidato propuesto por ellos– cuando éste decidió no aceptar el nombramiento. De alguna manera tenían que limpiarse, pero tampoco lo consiguieron.

Sin embargo, la lección de decencia no sólo llegó desde la saludable abdicación de los candidatos. A pesar de que buena parte de la población, según la última encuesta de Ipsos, desconoce qué es exactamente lo que hace el TC, miles de personas alzaron su voz en las redes sociales y muchas otras se congregaron frente al Congreso para expresar su rechazo por la repudiable forma de hacer política. Y no sólo ello: ayer lunes también hubo un plantón para expresar el rechazo por esta insoportable cobardía de echarle la culpa a otros y no hacer una reflexión sincera y oportuna. Darle la espalda al país y a sus representados es moneda corriente entre los congresistas de la República; enmendar sus errores demostrando una decencia mínima y elemental no lo es.

Finalmente, después de muchos actos de esta tragicomedia que fue la elección de los jueces del TC y del Defensor del Pueblo, los legisladores tienen una nueva y valiosísima oportunidad para rectificarse, llegar a un auténtico acuerdo político y llevar a estas instituciones personas cuyo mérito y trayectoria académica pueda redundar en un beneficio para el Perú, y no para que Ollanta pueda gobernar sin que le hagan la vida imposible, o para que oscuros personajes (encarcelados o no) puedan verse favorecidos.

Para el bien de todos nosotros, ojalá nuestros congresistas hayan aprendido esta gran lección de decencia.

Corrupción y Poder Judicial peruano: Luchando contra Leviatán

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Leviatán

Columna publicada el martes 16 de julio en Consulta Previa.

Uno de los datos más reveladores del Barómetro Global de la Corrupción de 2013 es que, actualmente, el Poder Judicial peruano es la institución pública más corrupta, inclusive más que la Policía Nacional, que solía llevarse el primer lugar.

Pero a la corrupción también se le suman diversos factores, no menos preocupantes y que, inclusive, contribuyen a formar la percepción de la existencia de corrupción cuando, en realidad, son otras las causas. Seguramente ninguna de ellas es novedosa para Ud., querido lector: la agobiante lentitud de los procesos; fallos inverosímiles; trámites y fórmulas legales incomprensibles; colas para presentar un miserable escrito y para que le digan que en esta ventanilla no, que en la otra (claro, eso si su abogado es lo suficientemente malvado para enviarlo por su cuenta a ese intestino de Leviatán que son los tribunales); una Corte Suprema que se queda con su caso por un año mientras Ud., mal que bien, se ve obligado a seguir con su vida; su abogado despotricando contra los jueces y con los secretarios, diciendo que son unos incapaces, etc. A aquel que ya padeció un proceso sabe Kafka decía la verdad.

No obstante, a pesar de estas desoladoras conclusiones, Ud. sabe que su sistema de justicia estatal tiene que funcionar bien para que, a su vez, muchas otras cosas puedan funcionar bien. Cosas de las más simples como recibir una indemnización por aquel auto chocado sin que haya sido su culpa, que ese deudor escurridizo cumpla con el préstamo impago, que el inquilino aprovechado se vaya de su casa. Pero otras cosas más complejas, como la correcta interpretación de unos testamentos que involucran bienes valorizados en millones de dólares y también, por qué no, oscuros intereses, o la paralización de la construcción de un megaproyecto minero porque se violan los derechos fundamentales que el Estado se comprometió a respetar.

Pero bueno –Ud. preguntará–, ¿cómo lo solucionamos? Probablemente las respuestas sean varias, y cada una de ellas más compleja que la otra. Desde hace mucho tiempo grandes hombres se han dedicado a lo largo de toda su vida a escribir, debatir y trabajar para mejorar el funcionamiento de la justicia. Aún hay muchos que lo siguen haciendo. Al respecto, hay cosas ciertamente curiosas, como por ejemplo que un país como Italia que ha parido a varios de los mejores procesalistas (así se les llama a los estudiosos del derecho procesal) tenga uno de los sistemas de justicia que peor funcionan en el mundo. Sus procesos, al menos en ámbito civil, duran más del doble que los nuestros. Imagínese.

Ud. insiste: ¿cómo solucionamos esto? Yo le aseguro que no lo haremos aumentando el sueldo a los jueces, dándoles más secretarios y asistentes, controlando su producción, fiscalizándolos como en tiempos de la Inquisición o ratificándolos cada 7 años. Así no solucionaremos nada, o casi nada. Tampoco tendremos resultados si cambiamos cada dos años al Presidente del Poder Judicial –así sucede en el Perú– y que cada discurso de apertura del año judicial se prometa la “modernización del sistema de justicia”, “celeridad procesal” o “capacitación de jueces”. Los presidentes del Poder Judicial son elegidos, participan en protocolos, expiden varias resoluciones, se involucran en un par de escándalos, hacen una que otra mejora administrativa y dos años después vuelven a sus funciones jurisdiccionales, sin pena ni gloria. La “reforma de la justicia” ha pasado a ser una broma o una dulce ilusión.

Quizá piense que estoy evadiendo sus preguntas, pero ahora sí le diré al menos por dónde pienso que debemos comenzar para obtener soluciones inmediatas, al menos en lo que concierne a la justicia civil, es decir, en aquellos litigios vinculados a contratos, familia, propiedad, responsabilidad civil, etc.

Si Ud. ha intuido que deben cambiarse leyes, está en lo cierto. Pero no cualquier ley. Nuestra atención debe dirigirse al Código Procesal Civil (CPC), por la simple razón que es la ley que regula las reglas del procedimiento mediante el cual Ud. cobrará su deuda impaga, recuperará su propiedad, peleará por su herencia. Y si ese procedimiento está mal hecho, Ud. podría no llegar a gozar de su acreencia, propiedad o herencia. Mejorar ese procedimiento, por tanto, es importantísimo.

Por ahí se dice que es mejor tener buenos jueces que malas leyes, pero ¿cómo pueden trabajar los primeros si su instrumento –las leyes– son malos? No. Tener buenas leyes es vital, y principalmente ese bendito texto legal que regula los procedimientos civiles tiene que ser bueno. Si lo es, y por tanto se consigue un aumento en la percepción de eficiencia del Judicial, será un hecho que la percepción sobre la corrupción disminuirá. He ahí el meollo del asunto.

Pero no deseo incurrir en la insensatez de decir que sólo reformando íntegramente nuestro CPC lograremos una justicia eficiente. Eso equivale a no decir nada. Pienso que con algunas pocas modificaciones muy puntuales al CPC pueden obtenerse soluciones inmediatas, muchas de ellas prácticamente automáticas, pero soluciones no para los jueces ni para los abogados, sino para los justiciables, que son los que sufren con un sistema de justicia ineficiente.

No se piense que mi intención es dar entender que dichas modificaciones son non plus ultra ni que son las únicas que deben ser realizadas. Inclusive, por poseer una gran complejidad a nivel técnico ni siquiera pueden ser referidas aquí. Hay muchísimo trabajo por hacer, pero estoy absolutamente convencido que debe comenzarse por ellas. Dicho sea de paso estas soluciones deben provenir directamente del trabajo que se hace en la doctrina. En mi opinión, ella es la responsable de suscitar la intranquilidad de cambiar el terrible status quo. El objetivo no es otro que los jueces puedan juzgar bien y que el ciudadano reciba lo que aquello y exactamente aquello a que tiene derecho a recibir, parafraseando a Giuseppe Chiovenda, uno de los más grandes hombres preocupados por la mejora de la justicia civil.

Sin diálogo crítico no hay futuro

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Ayer asistí a una defensa de disertación de maestría de mi gran amigo Paulo Mendes, y después de escuchar las fuertísimas y rigurosísimas críticas del jurado, la forma cómo Paulo las respondió a pesar de provenir de brillantes juristas (entre ellos el mayor de Brasil y uno de los más importantes a nivel mundial en Teoría del Derecho), de ver con alegría que le fue otorgado un merecido 10 después de una tensa deliberación, y cómo es que, terminada la sustentación, hubo solamente sonrisas, fotos, bromas y amistad, no pude evitar reflexionar sobre algunas de cosas:

Al menos en lo que respecta al proceso civil en el Perú, ¡qué lejos estamos de tener defensas de tesis de ese nivel, tanto por la calidad del candidato como por los examinadores! Y eso es consecuencia directa de la poca dedicación que existe a la investigación. Abundan abogados que escriben sobre proceso civil, pero escasean juristas comprometidos con llevar adelante la academia. Y eso se refleja en el poco entendimiento y la falta de valoración de las críticas inherentes al mundo académico. Pienso que en el Perú, en general, no hay diálogo sobre proceso civil, sino monólogos aislados, donde no interesa lo que el otro diga de la obra de uno: lo ignoramos y punto. Pero eso, la verdad, es gravísimo: si uno quiere ser realmente un jurista, además de romperse el lomo pensando, estudiando, leyendo y escribiendo, tiene que saber que será criticado y que -principalmente- debe estar comprometido y a la altura de responder esas críticas, no sólo para defender sus ideas, sino para contribuir con el progreso de nuestra disciplina.

Qué duda cabe que el hecho de haber venido a Brasil, más allá de ser una oportunidad para pensar el proceso civil de forma distinta y de sacrificar el desarrollo profesional por dos años para estudiar y hacer lo que pueda para mi país, me enseñó que sin un diálogo crítico, directo y sincero en la doctrina, sencillamente no hay forma de llegar a las reformas que el Perú necesita.

Elección de jueces del TC (II): del saber jurídico al interés partidario

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Artículo publicado el martes 9 de julio en Consulta Previa.

Fue la Constitución Federal brasileña de 1988 con la cual el gigante sudamericano entró, después de muchos años, en una nueva era democrática. Se trata de un texto muy extenso y meticuloso, propio de los documentos constitucionales que buscan impedir por cualquier motivo la aparición de una nueva dictadura.

Al tratar sobre el Supremo Tribunal Federal, órgano vértice del Poder Judicial brasileño, la Constitución señala que sus miembros –que llevan el título de “ministros”– son escogidos por el Presidente de la República, condicionada a la aprobación por mayoría absoluta del Senado Federal, al igual que ocurre en Estados Unidos para el caso de los justices de la Supreme Court.

Pero el presidente brasileño no tiene carta blanca para la elección de los ministros del STF. El artículo 101 dice ellos deben tener un “notable saber jurídico y reputación sin mancha”. La Constitución Federal quiere que los once jueces más importantes de país sean juristas y que sean probos. Y a pesar que se trata de una cláusula general, por tanto vaga, es claro que existe un parámetro objetivo para cuestionar las elecciones que el presidente realice, aunque parece no ser suficiente para evitar que primen intereses políticos.

En efecto, Luiz Inácio “Lula” da Silva, a pocos meses de terminar su mandato, eligió a José Antonio Dias Toffoli, uno de los fieles abogados del Partido dos Trabalhadores (PT), participante activos en tres campañas de Lula, envuelto en no pocos procesos judiciales y, a lo que parece, de una muy discutible aptitud académica. Asimismo, una vez que Dilma Rousseff llegó a la presidencia, para nadie es un secreto que la elección del primer ministro del STF que le correspondió (Luiz Fux) tuvo como principal motivación ganar un voto que contrarreste el conocido proceso del Mensalão, que terminó por aniquilar el prestigio del partido de gobierno… pero Fux acabó por colocarse en contra de los intereses del PT.

Y después de muchos meses de incertidumbre, hace algunas semanas Dilma escogió a Luís Roberto Barroso como nuevo miembro del STF. Aunque Barroso, a diferencia de Toffoli, es un jurista de renombre, qué duda cabe que pesó en su designación el hecho de su cercanía con el PT al punto de haber patrocinado a Cesare Battisti, el izquierdista radical italiano cuya extradición, a pesar de la existencia de un tratado con Italia, fue denegada por Lula, lo que generó un grave escándalo internacional.

La Constitución peruana de 1993 no tiene ninguna regla especial que exija a los congresistas de la República que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional se oriente según su notable saber jurídico y su probidad, como lo hace la Carta brasileña. El artículo 201 se remite al artículo 147 que establece los requisitos para ser juez supremo, el cual tampoco orienta el criterio de la elección. No obstante, para ser juez supremo en el Perú se debe pasar por un riguroso proceso de selección ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual evalúa el saber jurídico y las cualidades morales de los candidatos. Sin duda una regla como aquella, para elegir a los miembros del TC, sería de gran ayuda.

Cabe preguntarse, sin embargo, si la mencionada regla realmente debería existir para que nuestros congresistas decidan colocar en el TC a ciudadanos cuyos conocimientos jurídicos sean notorios y que su probidad sea a carta cabal, en vez de privilegiar intereses partidarios o amiguismos. En efecto, de los seis jueces que, al parecer, podrían ser los nuevos miembros del TC producto del “consenso político”, tres de ellos no llegarían precisamente por sus méritos académicos. Me refiero a Cayo Galindo, Víctor Mayorga y Rolando Sousa. Sin desmerecer su trayectoria como abogados y políticos, existen otros nombres que podrían aportar mucho más, precisamente porque su conocimiento jurídico es mayor y –quizá también– su reputación.

Pero mucho más preocupante es la vinculación que los dos primeros tienen con el Partido Nacionalista y el último con el fujimorismo. Insisto: no es que sea negativo que ciudadanos con experiencia política lleguen al TC. Eso podría ser inclusive beneficioso, principalmente para ponderar el impacto de las decisiones en la gobernabilidad del país. Sin embargo, el sólo hecho de pensar que sus criterios jurídicos se orientarían para proteger los intereses de su partido o, peor aún, desempeñar una lista de tareas encomendada por aquellos que los eligieron, haría que la ya mermada institucionalidad del TC se vea seriamente comprometida.

La elección de los jueces del TC parece estar llegando a su fin, y la suerte está echada para aquellos que hubiésemos querido ver otros nombres en el ruedo. Pero, a la misma vez, debe ser el comienzo de un serísimo debate político y académico sobre cómo mejorar los mecanismos de elección de un cargo tan importante para el adecuado funcionamiento del ordenamiento jurídico. Para nuestra mala suerte, ha quedado demostrado que el Congreso no está a la altura de las circunstancias. Y ello seguirá pasando factura si no es modificado en el futuro.