Todavía sobre tutela cautelar, tutela satisfactiva anticipada y técnica anticipatoria

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Uno de los aspectos que ha sido oscurecido por el CPC de 1993 (siguiendo una fuerte tradición doctrinal y legislativa) es la diferenciación entre tutela cautelar o aseguratoria y tutela satisfactiva. Mediante la primera únicamente se puede obtener seguridad para una futura y eventual satisfacción del derecho. Se trata, en otras palabras, de una forma de tutela del derecho que, en vez de realizarlo, apenas lo reviste de una protección especial para garantizar su idoneidad en caso que sea reconocido por el juez. Cautelar algo implica apenas asegurar y nada más que asegurar.

Por su parte, “tutela satisfactiva” hace alusión a la realización del derecho, o sea, su concreción en el mundo fáctico. Poco importa si dicha realización se produce de forma anticipada o no, o si se otorga mediante un proveimiento provisorio o no. “Satisfacción” implica que quien pide tutela del derecho obtenga exactamente lo que desea, aquello que se encuentra plasmado en el pedido mediato, es decir, el pedido de tutela de derecho. Esta satisfacción, evidentemente, no está condicionada a un juicio de certeza revestido por la cosa juzgada. Por tanto, satisfactividad no se equipara a definitividad ni tampoco se contrapone a provisoriedad, sino, en realidad, a cautela, es decir, a no-satisfactividad. Eso quiere decir que una medida que sea capaz de otorgar satisfacción anticipada no puede ser de ningún modo confundida con una medida cautelar.

Esta nítida diferencia fue empañada por el CPC al regular las llamadas medidas temporales sobre el fondo (artículos 674 y ss., de la cual, por ejemplo, la llamada “asignación anticipada” es una especie), las cuales no son otra cosa que auténticos proveimientos capaces de otorgar satisfacción anticipada del derecho reclamado. Por lo tanto, la tutela satisfactiva anticipada se diferencia de la tutela cautelar porque el proveimiento anticipatorio se relaciona directamente con el mérito del proceso, es decir, con la res in iudicium deducta [1].

En el caso de la “asignación anticipada” es innegable que con la efectivización de la pensión alimenticia se satisface inmediatamente el derecho de crédito del demandante. Lo que él (o ella) quiere es un dinero mensual, y el juez le otorga exactamente ese dinero. Poco importa que el proveimiento anticipatorio sea provisorio o que pueda ser revocado por una sentencia con cognición plena y completa: ésta no elimina la efectiva satisfacción que ya existió en la esfera jurídica del demandante; así como no elimina el proveimiento anticipatorio como si éste nunca hubiera existido.

De esta manera, estando clara la diferencia entre tutela satisfactiva anticipada y tutela cautelar, se verifica que la técnica procesal (medio) mediante la cual es posible adelantar cronológicamente la tutela jurisdiccional que sería prestada en la sentencia (fin) es precisamente la técnica anticipatoria [2]. La concesión de ella, mediando el cumplimiento de los requisitos colocados en la legislación, da lugar a un proveimiento anticipatorio que efectivizará la tutela satisfactiva anticipada [3].

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[1] Vale la pena indicar que mérito no es un concepto limitado a la cuestión principal: también se habla de mérito en cuestiones incidentales o en diversos procedimientos al interior del principal, es decir, donde se discute sobre lo pedido por el demandante en su demanda. Para graficarlo mejor, por ejemplo, el mérito en el procedimiento de casación no equivale al mérito del proceso principal.

[2] Una exposición bastante clara sobre el tema se encuentra en Daniel Mitidiero. Antecipação da tutela – Da tutela cautelar à técnica antecipatória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, y próximamente en traducción al castellano: Anticipación de tutela – De la tutela cautelar a la técnica anticipatoria, trad. Renzo Cavani. Madrid: Marcial Pons, 2013.

[3] Dejo constancia que también existe la posibilidad de anticipar la tutela cautelar o de seguridad, pero esclarecer este punto presupondría una explicación mucho más detallada (la cual se encuentra en el libro arriba mencionado).

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“Demokratización” del Poder Judicial… con “K” de Kirchner

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Cristina Fernández

Cristina y un nuevo intento por maniatar al PJ argentino.

Para nadie es extraño que la piedra en el zapato de Cristina Fernández tiene un nombre: Clarín. Y claro, tener a la prensa comprada es clave para cualquier gobierno autoritario; de lo contrario, la manipulación del pueblo no tiene cómo funcionar. Infelizmente para Cristina, los diarios controlados por Clarín ejercen una fortísima oposición, mucho más de la que ella hubiera deseado.

Por eso es que ahora Cristina ha puesto en la mira a aquel ente que está posibilitando que Clarín siga haciéndole la vida imposible: el Poder Judicial argentino. Ello no sorprende: históricamente el Poder Judicial siempre ha desempeñado un papel de contendor del Ejecutivo. Los ejemplos abundan: desde el conocido caso del juez Coke en la Inglaterra del siglo XVIII, pasando por los rebeldes Parlémens franceses, hasta la Supreme Court estadounidense. Por eso es que un gobierno autoritario no quiere jueces con poder sino todo lo contrario: jueces sumisos, marionetas que se muevan a su antojo. Exactamente como lo que ocurre en Venezuela y su vergonzoso Tribunal Supremo.

Cristina habló de una democratización del Judicial, esto es, un proyecto en donde se busca, entre otras cosas, que el Consejo Nacional de la Magistratura argentino -órgano encargado de administrar el aparato judicial,  de nombrar jueces, fiscalizar la labor judicial, etc.- sea elegido por el pueblo; una reestructuración de las cámaras de apelación; y que se implemente el acesso a la consulta de causas vía internet.

No obstante, todo eso es una fachada: la auténtica “democratización” que busca Cristina -o al menos lo que ella entiende por esa palabra- se encuentra en la modificación a la Ley de Medidas Cautelares. ¿Qué es lo que se quiere cambiar? Apenas un “detalle”: prohibir que se dicten medidas cautelares sobre cuestiones patrimoniales en procesos contra el Estado, salvo -como consta en el proyecto- que exista riesgo contra la vida o daño irreparable. La intención es más que evidente: Cristina quiere que el Poder Judicial no siga interfiriendo en su deseo de acabar con Clarín. Se trata, por tanto, de una “democratización a lo Kirchner”, o sea, a la bruta, con prepotencia. Una demokratización con K.

La restricción de las medidas cautelares con contenido patrimonial contra el Estado es común en muchos ordenamientos. La razón reside en el tema del presupuesto público. Pero más allá de si ello es correcto o no (en mi opinión, el tema del presupuesto no puede ser argumento válido para justificar una negación de una tutela efectiva de los derechos), es claro que Cristina no está preocupada con ese tema, sino sencillamente blindar el accionar de su gobierno atando de manos a los jueces argentinos. Ella dice que las medidas cautelares han generado injusticia e inequidad, y que por tanto habría que proteger a la sociedad de los abusos de los jueces. Ese razonamiento es, cuando menos, curioso: al restringir las cautelares en los procesos contra el Estado lo que está haciendo es, en realidad, desproteger a los ciudadanos que reclamen con justicia una prestación económica por parte del Estado (al final, “cuestiones patrimoniales” es un término vaguísimo). Pero claro, en su discurso político esta simple y cristalina constatación estuvo muy bien ocultada.

Aquí no interesa si el Poder Judicial argentino concedió bien o mal esas medidas cautelares que inaplicaron la Ley de Medios en favor de Clarín. Esa es harina de otro costal. De lo que se trata aquí es de un típico e inveterado intento por maniatar a los jueces, los únicos funcionarios capaces de frenar las afrentas del gobierno contra los derechos de los ciudadanos. Atacar al Poder Judicial es atacar las necesidades de tutela de tus gobernados, Cristina.

Finalmente, no queda más que esperar que lo dicho por Ricardo Luis Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema argentina, se concrete a pesar de todo lo que Cristina haga: “La Corte debe proteger la libertad. Los argentinos tenemos el derecho a vivir conforme a nuestras decisiones personales si que exista nadie con el poder de dirigirnos. No hay que tener miedo a la libertad ni miedo a quienes quieren restringirla“. Si esa ley llegase a prosperar, ojalá que los jueces estén a la altura de decirle un rotundo “no” a Cristina y a su autoritarismo. La libertad de todos los argentinos estará, una vez más -y todas las veces que sea necesario- en sus manos.