Una “aclaración” que confunde

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Cuando la demanda de amparo presentada por el Poder Ejecutivo contra la famosa sentencia “Fujistein” parecía que era la novedad que daría lugar a alimentar las discusiones, la Sala Suprema (concretamente tres jueces) dieron una sorpresa aún mayor: decidieron, según los medios, “retirar sus firmas” de la sentencia y dijeron, en una resolución aclaratoria, que discordaban de diversos fundamentos de dicha sentencia, entre ellos, aquel que dice que el crimen perpetrado por el grupo Colina no califica como lesa humanidad. Es claro que ello responde a una presión mediática enorme; no obstante, aún cuando algunos entusiastas han saludado esa iniciativa, pienso que se ha generado quizá un escenario muchísimo más grave que el anterior.

¿Qué fue lo que pasó?

Para que exista sentencia a nivel de Salas Supremas, se requiere cuatro votos, según el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La sentencia Colina tenía cinco, por lo que hubo resolución y, por tanto, cosa juzgada. No obstante, existen fundamentos adicionales de los jueces Salas Arenas, Miranda Molina y Morales Parraguez, en donde se precisan algunos puntos relativos a la acusación, a la lesa humanidad y a las sentencias de la Corte IDH y del TC, pero no se discrepa de ningún fundamento de la sentencia. Para la LOPJ, si uno o más jueces quieren agregar más fundamentos o discrepa de ellos pero no de su sentido (como ocurrió con dichos fundamentos adicionales), estamos ante un voto singular. Es claro que ese voto singular puede tener entre uno y tres votos, de lo contrario sería resolución. Igualmente, si uno o más jueces no estuvieron de acuerdo con el voto en mayoría, entonces se elabora un voto en discordia. Al igual que el voto singular, el voto en discordia puede tener entre uno y tres votos, de lo contrario sería resolución.

Nótese la gran importancia de todo esto, pues si dos o tres jueces firman un voto en discordia, teniendo en cuenta que una Sala Suprema se compone de cinco miembros, se tiene que llamar a otro juez supremo para que dirima el asunto. La idea es que una u otra posición lleguen a tener los cuatro votos. La posición que pierda constituirá el voto en discordia.

La resolución aclaratoria firmada por los tres jueces que constituyeron su voto singular (los fundamentos adicionales) busca aclarar precisamente los tres puntos mencionados en dicho voto: acusación, lesa humanidad y sentencias de la Corte IDH y del TC, pero en el caso de la lesa humanidad, textualmente dicen: “No compartimos los criterios que en la ponencia se establece en los acápites 142 a 156, 158 a 163, 165 y 195; así como los que se refieran a negar la condición de lesa humanidad en los hechos objeto de este proceso (…)”. Sin embargo, ¿será que mediante una “aclaración de un voto singular” se puede discrepar?

En mi opinión, esa “aclaración” tendría, en realidad, calidad de voto en discordia porque no soluciona ninguna ambigüedad u oscuridad (art. 406 del Código Procesal Civil), sino realmente modifica. ¿Qué modifica? Los fundamentos adicionales de esos tres jueces que, al no ser otra cosa que un voto singular, no discrepan de la resolución. El problema es precisamente que la “aclaración” (cuyo uso es perfectamente válido, por cierto) no lo es tal, sino la modificación de ese voto singular; en otras palabras, ese voto singular lo han convertido en un voto en discordia, pues se discrepa del voto en mayoría en el extremo de la calificación del delito de lesa humanidad. Evidentemente, siendo un voto en discordia,  la “aclaración” es extemporánea pues la oportunidad del debate para conformar la resolución ya se acabó. Inclusive estamos ante una grave violación de la cosa juzgada, pues, en el fondo, se pretende modificar algo que ya se había decidido.

Pero no sólo ello. Pienso que el tema es más grave aún. Tratándose de un voto en discordia, el voto en mayoría, el extremo de la lesa humanidad, deja de serlo al quedarse apenas con dos votos (Villa Stein y Pariona Pastrana)… ¡por lo que no habría resolución! Así, la bendita “aclaración” ha generado gravísimas distorsiones. Una de ellas es que todo el debate porque tendría que traerse a un juez dirimente. Ello implica que estaríamos ante el absurdo de que se dio válidamente una sentencia, pero que se desconsidera tras conseguirse reabrir la discusión. Otra es que la calificación de lesa humanidad tendría repercusiones en las penas y, en realidad, en la propia construcción de la sentencia No se trata, por tanto, de apenas un simple extremo de la sentencia. Por eso es que esos tres jueces merecen ser destituidos.

Finalmente, ¿tiene efectos dicha “aclaración”? Se trata de una pregunta pertinentísima. En mi opinión, claramente se viola la cosa juzgada, pero como no existe nulidad de pleno derecho en el marco del derecho público, la “resolución aclaratoria” está totalmente viciada y debería ser anulada por dichos jueces. La pregunta en este punto es la siguiente: ¿esa resolución aclaratoria tiene el poder de dejar sin efectos la sentencia con cosa juzgada ya adoptada? Pienso que no, pues sustentar lo contrario sería incurrir no sólo en cuestionables problemas teóricos, sino también en terribles problemas en la práctica.

Este remedio es muchísimo peor que la enfermedad, así es mejor no aplicarlo.

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Alfredo Bullard y el proceso civil

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Revisando algunos apuntes publicados en mi antiguo blog, me encontré con un pequeño artículo que escribí en 2010, criticando a otro escrito por un famoso abogado en septiembre de 2009. Lamentablemente mi crítica no tuvo la repercusión que quise (al menos eso creo) . Aunque hay algunos detalles que corregiría, sustancialmente sigo de acuerdo con lo que escribí, por eso lo republico sin ningún cambio. ¡Espero sus comentarios!

Breve crítica a la muerte anunciada del proceso civil

“Derecho procesal civil: QEPD. Al menos así ocurre con las controversias contractuales comerciales. Y es bueno que sea así. Al lado del ‘Que en Paz Descanse’, en su lápida puede figurar orgulloso el nombre de su homicida: se llama el arbitraje. Y el arma: el sentido común”. Estas fueron las primeras palabras de un breve artículo titulado “Fortalezas del arbitraje en el país”, cuyo autor es Alfredo Bullard, publicado hace un tiempo en El Peruano. La opinión se puede leer aquí.

Debo admitir que estas primeras palabras me produjeron cierta inquietud. ¿Tan lejos ha llegado el arbitraje que se ha convertido en el “homicida” del derecho procesal civil (aunque sea en materia contractual-comercial)? El autor justifica su aserto al advertir que las controversias empresariales vienen siendo ventiladas en mayor cantidad en procesos arbitrales que ante la jurisdicción, a pesar de los subsidios estatales para mantener el funcionamiento de ésta. Ello -dice Bullard- significa que “el arbitraje viene derrotando al proceso civil en temas comerciales”. Pero su auténtica posición no consiste tan sólo en un aparente triunfalismo o revanchismo del arbitraje que, por fin, se habría desprendido del yugo de la jurisdicción; según él no tiene sentido “distraer recursos” para solucionar aquellos temas que las partes pueden resolver a su propio costo y sin subsidios. Luego se compadece de la función jurisdiccional, al preguntarse: “¿Por qué sobrecargar a un ya abarrotado PJ?”.Son estas ideas las que me produjeron un incontenible deseo de escribir algo al respecto. Debo advertir que no pretendo iniciar aquí un debate ideológico sobre la función del Estado, pues sería una discusión sin fin. Por el contrario, sólo quiero abordar dos aspectos que se desprenden de las ideas extraidas de la lectura.

i) Sobre el “antagonismo” entre derecho procesal (civil) y arbitraje: A menos que Alfredo Bullard sea descuidado en el uso de la terminología al momento de escribir sobre Derecho, no cabe duda alguna que él ha situado al derecho procesal civil y al arbitraje en polos contrapuestos, al punto tal que figurativamente consagra a éste como “homicida” de aquel. Sin embargo, esta afirmación que podría pasar como obvio, entraña un gravísimo error teórico.

Me explico. Antes que hablar de derecho procesal civil, penal o laboral, se debe tener presente la noción de teoría general del proceso (o derecho procesal, a secas) como disciplina autónoma de la ciencia jurídica, que está integrada por todos aquellos principios, reglas y teorías que buscan describir aquel fenómeno denominado proceso, que hace referencia a uno de los planos del ordenamiento jurídico: el plano del derecho procesal. Se habla de una teoría general porque, en efecto, existen elementos comunes entre las diversas ramas que, a su vez, se diferencian entre sí por su adaptación al derecho material que tutelan (este es el otro plano del ordenamiento jurídico). De ahí no es difícil, por ejemplo, determinar porqué en el proceso penal es tan esencial el principio de presunción de inocencia: porque este proceso busca tutelar bienes jurídicos como la libertad del procesado. Pero la teoría general del proceso no proporciona únicamente principios o reglas para los procesos jurisdiccionales.Al pretender abarcar el fenómeno procesal en su integridad, la teoría general del proceso tiene plena incidencia en cualquier tipo de manifestación que pueda ser calificada como proceso. Así, los procesos que se tramitan ante la jurisdicción tienen rasgos particulares (como la posibilidad de concluir con decisiones definitivas e inmodificables), pero no son los únicos que existen a nivel estatal. Por el contrario, hayprocesos legislativos, como aquellos que sirven para la formación de las leyes o el antejuicio político, y auténticos procesos administrativos, mal llamados procedimientos administrativos sólo para distinguirlos de los procesos ante la jurisdicción. ¿Y cuál es la razón de esta denominación técnica? Muy sencillo: un proceso es un conjunto dialéctico de actos ordenados y sucesivos, tendientes hacia un fin. ¿Cuál es este fin? Depende de lo que sea objeto de tutela de cada proceso. Y si se piensa que el proceso se limita al Estado, pues se incurre en un nuevo error: también hay procesos no estatales, como aquellos presentes en sociedades y asociaciones y, asimismo, ante un tercero desprovisto de jurisdicción, legitimado por el ordenamiento jurídico, a quien las partes se someten para que solucione su controversia. Me refiero al arbitraje.

Esto que no es nada extraño, sí parece serlo para Alfredo Bullard, partiendo siempre que no puede haberse equivocado en el uso de términos técnicos. En efecto, si es que algo se puede inferir del términoproceso arbitral, es que el arbitraje como institución se lleva a cabo a través de un proceso. Pero aquí es donde los acérrimos partidarios del arbitraje han querido innovar y, por supuesto, no lo han logrado. El proceso arbitral que se desarrolla en cualquier parte del mundo está plenamente informado por las categorías y postulados de la teoría general del proceso. Esto no puede ser algo sorpresivo, si es que el Decreto Legislativo Nº 1071 -inspirado en la Ley de UNCITRAL y al que Alfredo Bullard le dirige un discurso panegírico- consagra normativamente categorías procesales como la ejecución, la reconvención, la medida cautelar, la rebeldía, etc., y ello sin contar las instituciones básicas sobre las que cualquier proceso se sostiene, como la legitimidad para obrar, la improcedencia, la nulidad procesal, y para qué seguir. Es más, el íntegro de los reglamentos arbitrales no escapan a esta conclusión. Por ello, las categorías que el proceso arbitral peruano toma prestadas del derecho procesal pueden ser encontradas y bien explicadas en un buen libro de esta última materia*.

Vale la pena, entonces, preguntarle a Alfredo Bullard qué quiso dar a entender cuando coloca al derecho procesal y al arbitraje en dos extremos, como si fueran técnica y conceptualmente distintos. Por el contrario, ambas disciplinas se encuentran tan cercanas que quien no sabe teoría del proceso no puede saber proceso arbitral. Entonces, una vez más, siempre y cuando se admita que Alfredo Bullard usó los términos con absoluta convicción, se equivocó clamorosamente. Es más, una afirmación como “Derecho procesal civil: QEPD” desconoce completamente los progresos de la ciencia del proceso en los últimos años en materia de acceso a la justicia y efectividad del proceso. ¿En qué se basa para afirmar que el derecho procesal, como disciplina jurídica, está muerta? Esto es sencillamente incomprensible.

No obstante, a lo mejor Alfredo Bullard no desvarió en forma tan clamorosa. A lo mejor él conoce todo lo que se ha dicho hasta ahora. En ese caso, no quedaría otra opción que “intepretarlo” y admitir que hubo un “pequeño” desliz terminológico de su parte; él no se quiso referir a derecho procesal civil, sino a jurisdicción. Y vaya qué diferente sería esto, al punto tal que este comentario hubiera sido mucho más corto porque ahorraría todas las ideas expuestas. Es más, sólo efectuando este reemplazo tendría pleno sentido la opinión del articulista, siempre desde la óptica de una rigurosidad técnica que nunca está de más. En efecto, aquí sí queda claro que Bullard habla de una preponderancia del arbitraje frente a la jurisdicción cuando se trata de controversias comerciales-empresariales. Primero habla de un “homicidio”, luego habla de una “derrota”. Esta idea motiva el segundo punto que paso a tratar a continuación.

ii) Pretendida supremacía del arbitraje sobre la jurisdicción: Alfredo Bullard no oculta su gozo cuando pretende dar a entender que el arbitraje habría derrotado a la jurisdicción, lo cual significaría, inequívocamente, que la justicia estatal no tiene sentido cuando las partes pueden resolver su propio conflicto sin promover subsidios del Estado a aquella. Sin embargo, yerra nuevamente, cantando una supuesta victoria cuando ni siquiera hay guerra.

Si el arbitraje ha sido reconocido por el ordenamiento jurídico no es para restarle importancia a la jurisdicción o, lo que es lo mismo, hacerla menos jurisdicción. Falso. La razón siempre fue otorgarle a las partes un mecanismo distinto para resolver sus problemas. Que éste se use poco o mucho dependerá, claro está, de que sea o no atractivo para los usuarios, y aquí el Estado, con el Decreto Legislativo Nº 1071, ha dado una respuesta concreta: quiere incentivar el uso del arbitraje y, para potenciarlo, ha reducido la “injerencia” de la jurisdicción casi al mínimo. Que esta opción sea buena o mala no la pondré en tela de juicio en esta oportunidad; lo que quiero resaltar es que el arbitraje es una alternativa a la jurisdicción, quien quiera transitar por aquella vía, con todas sus ventajas y desventajas, que lo haga. Pero de esta solución -que es perfectamente plausible- a rechazar la jurisdicción para aquellos que pueden costear un arbitraje es un argumento alarmante, producto únicamente de una visión neocorporativista de la justicia. El hecho que se recurra más al arbitraje que a la justicia estatal en determinadas materias significa la progresiva acogida que viene teniendo este mecanismo. Si los que pueden pagar un arbitraje recurren a éste porque ofrece una especialización de quienes decidirán el conflicto, celeridad, un formalismo más flexible y aceptado de común acuerdo por las partes, confianza o cualquier otra ventaja, entonces no queda más que felicitarlos. Nuestro ordenamiento jurídico así lo ha permitido, ofreciendo esta opción a quien más le convenga. Pero ello tampoco justifica en modo alguno que se invente una conflagración entre arbitraje y jurisdicción (y no derecho procesal civil, por favor) y que, encima, se declare el triunfo del primero. Ambos coexisten y forman parte del sistema de heterocomposición en nuestro país, señor Bullard.

De otro lado, el articulista no se explica cómo el Estado puede seguir subsidiando a la justicia estatal si hay sujetos que pueden asumir los costos de un arbitraje; pero tras esta protesta se encuentra una confianza ciega y perenne que todos nuestros males se pueden solucionar a través de la intervención de los privados. ¿Acaso no hay árbitros corruptos? ¿Es que no hay malos laudos? ¿Qué ocurre con aquellos que sí pueden costearse un arbitraje pero prefieren recurrir a la justicia del Estado? Y a su vez, a las afirmaciones de Bullard subyace su conocidísima ideología y sus dogmas: “el Estado es ineficiente porque dilapida recursos y todo lo que provenga de él es malo” / “los privados administran más eficientemente los recursos y es bueno que ellos controlen todo.” Esto lo lleva, ineludiblemente, a pensar en alguna privatización de la justicia; pero ésta, como servicio esencial del Estado, nunca pasará a manos privados, no debe hacerlo.

La cuestión no pasa por evitar subsidios o hablar de la competencia, sino por hacer más justa a la justicia. Esto quiere decir mejorar la formación de profesionales del Derecho (ya se dio un primer paso), de promover normas de mejor calidad, de crear en los juzgadores un mayor compromiso con su sociedad, y no que, bajo gélidos argumentos eficientistas, el Estado abdique a la impartición de justicia y se la alquile a un privado que traerá igual o más injusticia que la que experimentamos ahora. La importancia de la función jurisdiccional está mucho más allá de lo que, al parecer, Alfredo Bullard concibe. No por nada grandes hombres que volcaron años de su vida a hacer proceso nunca perdieron las esperanzas en la justicia estatal.

Sobre Montero Aroca y otras irresponsabilidades

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Un entusiasta amigo mío que estudia Derecho dijo en su facebook que Juan Montero Aroca era el procesalista más leído del mundo. Intrigadísimo, le pregunté qué lo llevó a decir algo así. Me respondió que dos profesores se lo dijeron. Luego, después de reflexionar profundamente sobre el tema, concluí que la culpa no es de él, pues como todo alumno (yo lo fui hace pocos años) la ignorancia y el entusiasmo llevan, muchas veces, a pensar tal como los profesores piensan y decir lo que ellos dicen. Esto es normal: los alumnos son como una esponja y absorben no sólo lecciones, sino también este tipo de frases categóricas, seductoras, dado que mediante la repetición de estas frases se quiere evidenciar que ya se tiene algún conocimiento. A pesar que se les incentive la reflexión crítica, no tienen los medios ni el saber necesario para distinguir cuándo se trata de una afirmación brillante, o cuando se trata nada más que una vulgar mentira.

Que Montero sea el “procesalista más leído del mundo” es, precisamente, una vulgar mentira. En primer lugar, es imposible saber si alguien es más leído que otro, pues se trata de un dato inalcanzable. A lo sumo se puede decir que alguien publicó más obras, o que es el más citado (y esto último también es algo casi imposible de verificar), a partir de lo cual se podría inferir que es muy leído, sin ningún tipo de pretensión de rigurosidad.

En segundo lugar, ser el “procesalista más leído del mundo” implica, evidentemente, un juicio histórico, puesto que aquellos grandes procesalistas que ya murieron hasta hoy siguen siendo leídos, sólo que Montero los supera. Entonces, nos encontramos realmente ante la afirmación que Montero es el autor más leído en la actualidad frente a cualquier autor que ya escribió sobre proceso civil.

En tercer lugar, es evidente que para cualquier estudioso que realmente conozca la magnitud de la obra de algunos juristas, decir que Montero es el más leído sonaría a chiste. Hasta el propio Montero se reiría por compromiso. En efecto, no es posible negar que Montero es conocido en Iberoamérica, pero su presencia es nula o ignorada en países que han producido grandes procesalistas como Italia o Alemania, y en donde hasta ahora se debaten cosas importantes. Y ni qué decir de Estados Unidos e Inglaterra, en donde muy pocos procesalistas del civil law son realmente conocidos. Menos aún de Brasil, un país donde la materia sobre la cual más se escribe es, precisamente, derecho procesal civil, y Montero no es, ni por asomo, un autor al que se le cite. Más bien, sería muy raro verlo citado en la obra de algún procesalista brasileño.

Ya en lo concerniente a Iberoamérica, difícilmente pueda afirmarse algo así. ¿Será Montero más leído que, digamos, Chiovenda o Calamandrei? ¿Será que Derecho jurisdiccional tiene más acogida que las Istituzioni di diritto processuale civile? Nótese que no se está comparando el contenido de las obras (porque hablando de importancia para el derecho procesal civil sencillamente no hay punto de comparación), sino una simple inferencia a partir del nivel de recepción de ellas en la doctrina hispanohablante.

También vienen a la mente las siguientes dudas puntuales: ¿En México se lee más a Montero que a Niceto Alcalá-Zamora y Castillo? ¿En Argentina hay mayor predilección por Montero que por Peyrano o Alvarado Velloso?  ¿En Colombia se prefiere a Montero por sobre Hernando Devis Echandía o Jairo Parra? Ya en el Perú, ¿es Montero un autor más leído que Juan Monroy o que Eugenia Ariano? En mi opinión, pienso que no.

Sólo un ejemplo claro para desbaratar esta idea tan absurda de que Montero es el más leído: Michele Taruffo es un procesalista no sólo muy conocido e influente en Italia, en Brasil y en Iberoamérica en general, sino que también es muy leído en Estados Unidos, pues ha sido varias veces profesor visitante en diversas universidades americanas, tiene muchos artículos traducidos al inglés y hasta publicó un libro con Geoffrey Hazard Jr. (“American Civil Procedure“). Ergo,  decir que Montero es más leído que Taruffo sería inverosímil. Exactamente lo mismo se puede decir de Mauro Cappelletti y de muchos otros.

Finalmente, si no es culpa de mi amigo, es claro en quiénes recae la responsabilidad de decir algo tan infeliz y hasta de mal gusto. Evidentemente, la responsabilidad es de esos profesores que, con inusitado desparpajo, con inexplicables intenciones y con una ignorancia atrevidísima, imperdonable para alguien cuya función es contribuir decisivamente en la formación de futuros procesalistas, pueden lanzar afirmaciones que no hacen más que perjudicar a aquellos que, con gran entusiasmo, están dando sus primeros pasos en esa materia tan hermosa como es el proceso civil. Cada quien puede pensar como le plazca, esto es claro, pero de ahí a decir deliberamente una falsedad tan exagerada a los alumnos denota una falta de compromiso y seriedad en la función docente.

Pero lo que más me alarma es que esto haya sido dicho en la Universidad de Lima, mi querida alma máter. Una razón más para estudiar con mayor ahínco y luego hacer todo lo que esté a mi alcance para comenzar a enseñar allí y combatir contra tan nefastas influencias.

Compartiendo traducciones

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Amigos, les proporciono una lista actualizada de todas mis traducciones de artículos que han salido publicadas hasta el momento. Todos ellos pertenecen a autorizada doctrina brasileña (salvo un caso, que se trata de una autora portuguesa) de derecho procesal civil que realmente vale la pena leer. Cualquier defecto en la comprensión de dichos artículos se debe exclusivamente a algún error mío.

Los artículos están ordenados según su fecha de publicación, del más reciente hasta el más antiguo.

1. ALVARO DE OLIVEIRA. “La semejanza en la discordancia jurisprudencial a efectos del recurso especial y de los embargos de divergencia y la lógica” (A semelhança no dissídio jurisprudencial para efeitos de recurso especial e embargos de divergência e a lógica). En: Cavani Brain, Renzo (coord.). Estudios sobre los medios impugnatorios. Lima: Gaceta Jurídica, 2012, pp. 109-127.

2. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. “Súmula vinculante: ¿figura del common law?” (Súmula vinculante: figura do common law?). En: Cavani Brain, Renzo (coord.). Estudios sobre los medios impugnatórios. Lima: Gaceta Jurídica, 2012, pp. 57-79.

3. MITIDIERO, Daniel. “Tendencias en materia de tutela sumaria: de la tutela cautelar a la técnica anticipatoria” (Tendências em matéria de tutela sumária: da tutela cautelar à técnica antecipatória). En: Revista Jurídica del Perú,  N° 127, Lima: Normas Legales, septiembre 2011, pp. 261-287.

4. ZANETI Jr., Hermes. “De la ley a la Constitución: la positivización de los derechos difusos y colectivos en la Constituciónbrasileña” (Da Lei à Constituição: A Positivação dos Direitos Difusos e Coletivos na Constituição Brasileira). En: Revista Jurídica del Perú, N° 126, Lima: Gaceta Jurídica, agosto 2011, pp. 65-82.

5. SILVA, Paula Costa e. “Las garantías del ejecutado” (As garantias do executado). En: Revista Jurídica del Perú, N° 123, Lima: Normas Legales, mayo 2011, pp. 235-251.

6. ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. “El proceso civil en la perspectiva de los derechos fundamentales” (O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais). En: Revista Jurídica del Perú, N° 119, Lima: Normas Legales, enero 2011, pp. 297-307.

7. GRINOVER, Ada Pellegrini. “La tutela anticipada de las libertades en Brasil” (A tutela antecipada das liberdades no Brasil). En: Cavani Brain, Renzo (coord.), Estudios sobre las medidas cautelares. Tutela cautelar, anticipatoria y urgente. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 223–238.

8. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. “Estabilización de la tutela anticipada” (Estabilização da tutela antecipada). En: Cavani Brain, Renzo (coord.), Estudios sobre las medidas cautelares. Tutela cautelar, anticipatoria y urgente. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 239–274.

9. ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. “Notas sobre la tutela de urgencia” (Notas sobre a tutela de urgência). En: Cavani Brain, Renzo (coord.), Estudios sobre las medidas cautelares. Tutela cautelar, anticipatoria y urgente. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 275–300.

10. MARINONI, Luiz Guilherme. “De la tutela cautelar a la tutela anticipatoria” (Da tutela cautelar à tutela antecipatória). En: Cavani Brain, Renzo (coord.), Estudios sobre las medidas cautelares. Tutela cautelar, anticipatoria y urgente. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 300–330.

11. DIDIER Jr., Fredie y otros. “Todavía sobre la distinción entre tutela anticipada y tutela cautelar” (Ainda sobre a distinção entre tutela antecipada e tutela cautelar). En: Cavani Brain, Renzo (coord.), Estudios sobre las medidas cautelares. Tutela cautelar, anticipatoria y urgente. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 331–348 (con Christian Delgado Suárez).

12. MITIDIERO, Daniel, “Tutela anticipatoria y defensa inconsistente” (Tutela antecipatória e defesa inconsistente). En: Cavani Brain, Renzo (coord.), Estudios sobre las medidas cautelares. Tutela cautelar, anticipatoria y urgente. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 349–356.

13. RIBEIRO, Darci Guimarães. “La garantía constitucional del contradictorio y las presunciones contenidas en el § 6, del artículo 273 del CPC” (A garantia constitucional do contraditório e as presunções contidas no § 6, do art. 273 do CPC). En: Cavani Brain, Renzo (coord.), Estudios sobre las medidas cautelares. Tutela cautelar, anticipatoria y urgente. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 357–378.

14. FLACH, Daisson. “Estabilidad y control en las decisiones fundadas en verosimilitud” (Estabilidade e control nas decisões fundadas em verossimilhança). En: Cavani Brain, Renzo (coord.), Estudios sobre las medidas cautelares. Tutela cautelar, anticipatoria y urgente. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 379–396.

15. COSTA, Guilherme Recena. “Entre función y estructura: Pasado, presente y futuro de la tutela de urgencia en Brasil” (Entre função e estrutura: Passado, presente e futuro da tutela de urgência no Brasil). En: Cavani Brain, Renzo (coord.), Estudios sobre las medidas cautelares. Tutela cautelar, anticipatoria y urgente. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 397–422.

16. CARPES, Artur Thompsen. “Derecho fundamental al proceso justo y modelos de constatación en las decisiones liminares”. En: Cavani Brain, Renzo (coord.), Estudios sobre las medidas cautelares. Tutela cautelar, anticipatoria y urgente. Lima: Gaceta Jurídica, 2011, pp. 423–437 (traducción de Yolanda Soledad Tito Puca, edición de Renzo Cavani Brain).

17. ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. “El formalismo-valorativo frente al formalismo excesivo” (O formalismo valorativo em confronto com o formalismo excessivo). En: Revista Jurídica del Peru, N° 113. Lima: Normas Legales, julio 2010, pp. 291-310 (publicado también en la Revista Peruana de Derecho Procesal, N° 16. Lima: Communitas, 2011, pp. 103-132).

18. DIDIER Jr., Fredie. “Cláusulas generales procesales” (Cláusulas gerais processuais). En: Revista Jurídica del Peru, N° 112. Lima: Normas Legales, junio 2010, pp. 253-261 (publicado también en la Revista Peruana de Derecho Procesal, N° 16. Lima: Communitas, 2011, pp. 247-260).

19. TESHEINER, José María R. “Acciones colectivas en Brasil – Actualidad y tendencias” (Ações coletivas no Brasil- Atualidade e tendências). En: Revista Peruana de Derecho Procesal, N° 15. Lima: Communitas, 2010, pp. 273-286.

20. MARINONI, Luiz Guilherme. “Prueba ilícita” (Prova ilícita). En: Revista Jurídica del Perú, N° 109. Lima: Normas Legales, marzo 2010, pp. 299–314.

21. MITIDIERO, Daniel F. “El problema de la invalidez de los actos procesales en el derecho procesal civil brasileño contemporáneo” (O problema da invalidade dos atos processuais no direito processual civil brasileiro contemporâneo). En: Cavani Brain, Renzo (coord.). Estudios sobre la nulidad procesal. Lima: Gaceta Jurídica, 2010, pp. 415–436.

22. DIDIER Jr., Fredie. “La invalidación de los actos procesales en el proceso brasileño” (A invalidação dos atos processuais no processo civil brasileiro). En: Cavani Brain, Renzo (coord.), Estudios sobre la nulidad procesal, Lima: Gaceta Jurídica, 2010, pp. 437–472.

23. JARDIM, Augusto Tanger. “De las nulidades procesales” (Das nulidades processuais). En: Cavani Brain, Renzo (coord.). Estudios sobre la nulidad procesal. Lima: Gaceta Jurídica, 2010, pp. 473–496 (traducción de Yolanda Tito Puca, revisión de Renzo Cavani Brain).

24. SCARPARO, Eduardo. “Principios e invalidez procesal” (Princípios e invalidade processual). En: Cavani Brain, Renzo (coord.). Estudios sobre la nulidad procesal. Lima: Gaceta Jurídica, 2010, pp. 497–526.

25. ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. “Efectividad y proceso de conocimiento” (Efetividade e processo de conhecimento). En: Revista Jurídica del Perú, N° 105. Lima, Normas Legales, noviembre 2009, pp. 277–288.

26. MARINONI, Luiz Guilherme. “El doble grado de jurisdicción” (O duplo grau de jurisdição). En: Revista Jurídica del Perú, N° 104. Lima, Normas Legales, octubre 2009, pp. 295-306.

27. SALDANHA, Jânia Maria Lopes y otros. “Acción condenatoria, pretensión material y la efectividad del proceso” (Ação condenatória, pretensão material e a efetividade do processo). En: Revista Peruana de Derecho Procesal, N° 14, ano XIII, Lima: Communitas, 2009, pp. 497–533.

28. DIDIER Jr., Fredie. “Situaciones jurídicas colectivas pasivas” (Situações jurídicas coletivas passivas). En: Revista Jurídica del Perú, N° 102. Lima: Normas Legales, agosto 2009, pp. 263-270.

29. ALVIM, José Eduardo Carreira. “Prescripción y caducidad en el proceso civil. Verdadero fundamento” (Prescrição e decadência no processo civil. Verdadeiro fundamento). En: Revista Jurídica del Perú, N° 99, Lima: Normas Legales, mayo 2009, pp. 267-280.

30. ALVIM, José Eduardo Carreira. “Neutralidad del juez y activismo judicial” (Neutralidade do juiz e ativismo judicial). En: Revista Jurídica del Perú, N° 97. Lima: Normas Legales, marzo 2009, pp. 305-308.

Polémica entre un procesalista y un abogado

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Interesante polémica sobre derecho procesal la que apareció en El Comercio desde la última semana, aunque conociendo a uno de los interlocutores, quizá haya una respuesta más. Saquen Uds. sus conclusiones.

El Comercio, 26 de junio de 2012:

http://derechoyproceso.blogspot.com.br/2012/06/la-puc-el-tc-y-el-arzobispado-un.html

El Comercio, 27 de junio de 2012:

El Comercio, 2 de julio de 2012: