MVLL, Accomarca y la necesidad de hacer justicia

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I. La lógica del terror

A partir de la obtención del premio Nobel en 2010, nuestro egregio novelista Mario Vargas Llosa ha estado en boca de todos mucho más que nunca: se ha hablado de su vida, obra, ha aparecido en portadas, sus libros se han vendido como pan caliente, etc., todo con justa razón, por cierto, pues MVLL es una persona digna de admiración.

No obstante, quisiera desempolvar del baúl de los recuerdos un ensayo suyo que data de 1980, titulado “La lógica del terror” (publicado hace poco en Sables y Utopías.Visiones de América Latina, Lima: Aguilar, 2008, pp. 123-126). En este trabajo, escrito con motivo de los primeros atentados de Sendero Luminoso no bien el Perú retornó al camino de la democracia, MVLL hizo varias reflexiones en torno al terrorismo.

En principio, se preguntaba cuál es el propósito de un terrorista al cometer sus actos. No lo es -según él- un acto irreflexivo o producto de la insania; por el contrario, obedece a una rigurosa lógica y una estricta preparación intelectual. Asimismo, el terrorista hace uso de la violencia porque “es el único instrumento capaz de pulverizar las apariencias engañosas creadas por las clases dominantes para hacer creer a los explotados que las injusticias sociales pueden ser remediadas por métodos pacíficos y legales y obligarlas a desenmascararse, es decir, a mostrar su naturaleza represora y brutal”. Entonces, “para la lógica del terror ‘vivir en demoracia y en libertad’ es un espejismo, una mentira, una maquiavélica conspiración de los explotadores para mantener resignado a los explotados”.

"Den Xiaoping hijo de perra". Así es como Sendero Luminoso comenzó a manifestarse en el escenario político-social

Así, el terrorista quiere mostrar la violencia perpetrada por los poderosos y ricos, violencia contenida en el hambre, el analfabetismo, los sueldos irrisorios, etc. Y para revelar esta violencia, se vale, a su vez, de la violencia. ¿Y por qué esto ocurrió con Sendero Luminoso cuando afloraba la democracia después de 12 años, y no cuando imperaba la dictadura? Porque la dictadura, de acuerdo al terrorista, refleja lo que la realidad social es: persecuciones, asesinatos, secuestros. La democracia, al contrario, amortigua la voluntad de las masas de rebelarse y desactía la rebeldía.

MVLL concluye en gran forma: “El mayor peligro para una democracia no son los atentados, por dolorosos y onerosos que resulten; es aceptar las reglas de juego que el terror pretende implantar. Dos son los riesgos para un gobierno democrático ante el terror: intimidarse o excederse. La pasividad frente a los atentados es suicida. Permitir que cunda la inestabilidad, la psicosis, el terror colectivo, es contribuir a crear un clima que favorece el golpe de Estado militar. El gobierno democrático tiene la obligación de defenderse (…). Al mismo tiempo, no debe olvidar un segundo que toda su fuerza depende de su legitimidad, que en ningún caso debe ir más allá de lo que las leyes y esas ‘formas’ -que son también la esencia de la democracia- le permiten. Si se excede y a su vez comete abusos, se salta las leyes a la torera en razón de la eficacia, se vale de atropellos, puede ser que derrote al terrorista. Pero este habrá ganado, demostrando una montruosidad: que la justicia puede pasar necesariamente por la injusticia, que el camino hacia la libertad es la dictadura”.

II. Accomarca: una desgarradora historia

Hasta aquí las palabras -casi proféticas- de MVLL, palabras que fueron pronunciadas antes de Putis, Accomarca y Cantuta y Barrios Altos. Quizá él no se imaginó la barbarie que Sendero Luminoso habría de cometer, ni mucho menos, en su deseo que el Estado peruano ni se exceda ni se amedrente ante los actos terroristas, los trágicos sucesos perpetrados por las Fuerzas Armadas.

Accomarca es un hito en la triste historia de la guerra interna del Perú librada por Sendero Luminoso. Esta comunidad venía siendo castigada por Sendero desde inicios de los 80′ por no prestar su plena adhesión a las reglas impuestas por la subversión. Con el correr de los años, las acciones se volvieron más violentas, resultando en torturas y asesinatos contra todo aquel que se oponía o cuestionaba su proceder.

Y para desgracia de los humildes comuneros, el Ejército peruano hizo su aparición. En su total ignorancia respecto del enemigo que enfrentaban, el plan de la lucha antisubversiva diseñado era la eliminación sistemática de los miembros que confesaban ser parte de Sendero, e inclusive los sospechosos, a través de ejecuciones sumarias y extrajudiciales. Para ello, ante el poder total que el gobierno civil le otorgó (la gran mancha en el régimen belaundista), el Ejército desarrolló técnicas no menos brutales y sanguinarias que el enemigo al que creían enfrentar, y contra la población a la que se supone tenían que proteger. Así, Accomarca se encontraba entre Escila y Caribdis, sin ningún camino para evitar la muerte.

Accomarca, así como, Lucanamarca, entre otras masacres perpetradas por Sendero, fueron la demostración de que los únicos inocentes fueron humildes campesinos quechuahablantes, que de la noche a la mañana no vieron más a sus padres, hermanos, hijos, o que fueron desarraigados a la fuerza de su pueblo. Tal como la CVR es expresa en reconocer, el Estado peruano de ninguna manera enarboló la bandera de la justicia y la paz: los militares y civiles que participaron en las matanzas son tan execrables como los más sanguinarios senderistas. Ahora que está en marcha toda una campaña de desacreditación del Movadef, y que a la fuerza las instituciones sociales están promoviendo el recuerdo de todo lo que le ocasionó Sendero al país, tampoco puede olvidarse ni soslayarse todo el horror que nuestros defensores de la patria también ocasionaron, como el sanguinario Telmo Hurtado y todos aquellos que le dieron las órdenes.

Al fin y al cabo, si Sendero tuvo la responsabilidad de más del 50% de las 60 mil muertes que produjo su accionar terrorista, alrededor del 40%  de responsabilidad la tuvo el Estado peruano a través de la policía o las fuerzas armadas. Si se quiere justicia, entonces hay que ser justos: para una verdadera reconciliación, todos aquellos para quienes el Movadef alegremente pide una amnistía, deben pagar por sus crímenes.

 

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Pero, ¿qué sucedió exactamente en Accomarca? Aquí la fría -pero fiel- narración de los hechos en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación:

“A las 6:30 de la mañana aproximadamente del 14 de agosto, el SubTeniente Telmo Hurtado y los integrantes de su patrulla llegaron a la Quebrada de Huancayoc y Lloqllapampa, donde se levantaban algunas chozas precarias que se utilizaban para alojar a los campesinos durante la cosecha del maíz que se daba en esta  zona. La patrulla ingresó por varios frentes realizando disparos de arma de fuego con el supuesto  fin de evitar la fuga de los pobladores. Una vez que tomaron control del lugar, procedieron a buscar choza por choza a los pobladores con el fin de conducirlos hasta una pampa donde se llevaría a cabo una reunión.

Durante esta operación no se produjo ningún enfrentamiento, por lo que no hubo heridos ni muertos en las filas de las fuerzas del orden. Sin embargo, los efectivos militares actuaron violentamente contra las personas que encontraban. La CVR ha podido  determinar  que  tres efectivos militares ingresaron a la casa de Emilia Chuchón Teccsi, ubicada en  la Quebrada de Huancayoc, realizando disparos asesinando a su  padre  José Chuchón Janampa de 65 años de edad y a su madrastra María Baldeón Reza de  54 años de edad. Asimismo, miembros de la patrulla “Lince” 7 entraron en la choza de Clemente Baldeón Tecce, llevándose a su esposa Leandra Palacios Quispe y a su hijo de un mes de nacido. Igualmente, se llevaron a su vecina Bacilisa Pariona Baldeón que se encontraba embarazada y a sus tres menores hijos, incendiando su casa antes de retirarse.

A pesar de que el Ejército realizó una búsqueda exhaustiva de material subversivo, para lo cual utilizaron inclusive perros que habían  llevado  al  lugar, no se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso.

Luego de la búsqueda, todos los pobladores fueron reunidos en la zona conocida como Hatunpampa. En este lugar, los hombres y las mujeres fueron separados,  siendo  los  hombres sometidos a maltratos y golpeados con la culata de los fusiles. Seguidamente, las mujeres habrían  sido arrastradas hasta una chacra que los  testigos identifican porque había un árbol de molle, donde habrían sido violadas sexualmente.

Alrededor  de  las  once  de  la mañana todas las personas reunidas en Hatunpampa (50 personas aproximadamente)  fueron llevadas por los militares a la casa de César Gamboa de la Cruz, que se encontraba ubicado en el sector de Apuspata, a una distancia de 300 metros. En este lugar, un grupo de mujeres y niños  fueron  introducidos en la cocina -ambiente rústico cercado con piedras y techado con retama- y el grupo más grande de personas en una casa de adobe, que contaba con una puerta de madera y estaba techado con tejas. Una vez que todos los pobladores se encontraban en el interior de la casa, el SubTeniente Telmo Hurtado ordenó a su personal de tropa disparar contra ellas. El propio Telmo Hurtado, además de  dar  la orden de disparar, lanzó una granada provocando una explosión y el incendio de los  lugares  donde se encontraban las personas detenidas. Consumado el asesinato, y con el fin de impedir la identificación como responsables de los hechos y dar la apariencia que se trataba de un ataque de Sendero Luminoso, Telmo Hurtado ordenó a su personal que recogieran todos los elementos o sustancias utilizadas.  Después de estos hechos, los integrantes de la patrulla militar revisaron nuevamente las casas  y chozas de los pobladores, encontrando a  una persona de avanzada edad a quien asesinaron. Asimismo, encontraron a tres niñas, que eran hermanas, las metieron en la casa del señor Alejandro Quispe, donde les dispararon, para luego incendiar la casa.  Habiendo  culminado  con el operativo, los militares se trasladaron a la casa de Paulo Baldeón,  ubicada en el sector denominado Yanacocha, donde festejaron bebiendo, bailando, matando animales de los pobladores y gritando que habían matado terroristas”.

 

Ver los siguientes links:

Informe de la Comisión de la Verdad sobre Accomarca.

Desde el tercer piso.

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Yuyanapaq

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Nunca está de más recordar nuestra historia. ¡No puede volver a repetirse!

Parte 1

Parte 2

La historia no debe ser un mero recuerdo

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Acabo de ver una reciente adaptación al cine del diario de Ana Frank y la verdad es que son muchísimos los sentimientos que las líneas que una niña de 13 años pueden transmitir. Uno, la pugna por no morir aún a costa de tantos sacrificios, como privarse de la libertad y soñar con caminar por la calle; otro, el horror vivido entre racismo, muerte y bombardeos; otro, la fortaleza anímica para sobreponerse a todo eso y amar, crecer, ilusionarse, en una palabra, de vivir. Esas líneas, concebidas por alguien a quien le tocó padecer un auténtico infierno, sirvió como uno de los documentos más preciados que sirvieron de testimonio para que las posteriores generaciones comprendan lo que significó la opresión nazi y todo el sufrimiento que ocasionó. Y todo parece indicar, para bien o para mal, que la humanidad -o al menos parte de ella- sí lo entendió.

Pero hoy no quiero hablar de lo que ocurrió hace tantos años en Europa, sino lo que aconteció en el Perú las últimas dos décadas del siglo pasado. Así como el diario de Ana Frank también hubo impactantes testimonios -menos conocidos pero no menos importantes- de las atrocidades que se vivieron en tantos lugares del Ande peruano durante la época del accionar de Sendero Luminoso; sin embargo, a diferencia del texto de la valiente holandesa, tal parece que la  sangrienta historia sufrida y conocida por un gran porcentaje de los peruanos aún vivos, no ha sido una lección que se haya aprendido del todo.

Esto queda lamentablemente claro cuando un grupo de jóvenes crean un partido político, reúnen más de 300 mil firmas para inscribirlo, pero dicen tener como ideología el marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento gonzalo; aseguran que Lucanamarca o Tarata son hechos políticos y no actos terroristas; califican a Abimael Guzmán como un filósofo, un político, un hombre que es consecuente con sus principios; y piden amnistía para todos, absolutamente todos, los partícipes del conflicto armado que vivió el país por causa de movimientos como Sendero Luminoso, MRTA, y otros.

En efecto, sin lugar a dudas algo anda muy mal.

Muchos se preguntan cómo es que esto puede estar sucediendo nuevamente. ¿Cómo es que estos jóvenes no son capaces de aceptar que lo que hubo fue una barbarie? ¿Cómo es que califican como “excesos” a las matanzas y masacres? ¿Cómo es que pueden pregonar exactamente la misma ideología que sirvió para justificar crímenes tan atroces so pretexto de la lucha de clases y de la revolución armada? Las respuestas tan incoherentes y contradictorias que los dirigentes del Movadef dan a estas preguntas pueden llegar a desesperar, porque da la impresión que uno habla con gente que no es capaz de ver las cosas como son. Esto le ha ocurrido, por ejemplo, recientemente, a una incisiva periodista como Patricia Del Río, quien perdió los papeles al no convencerlos con sus razones y argumentos, y algo similar ocurrió con Beto Ortiz, quien expulsó de su set al abogado de Abimael Guzmán porque no toleró que éste siga defendiendo a un asesino. Curiosamente, Luz Salgado estaba también en el set pero a ella no la echaron.

Pero esta no es la manera de combatir esta amenaza para la democracia que significa el Movadef (pues un grupo de personas que pretende ingresar al escenario político pregonando el “pensamiento gonzalo” lo es). De nada sirve que se le pregunte a Melinda Aranda, dirigente de dicho partido, qué pensaría si su madre hubiera sido violada por terroristas, o que se vocifere que Abimael Guzmán es el más grande asesino de la historia del país. Es claro que esto no mella en lo absoluto la convicción que estos muchachos tienen en lo que les han enseñado. Es preciso cuestionarlos y desacreditarlos desde otra perspectiva: la ideológica. Es ingenuo tratar de sensibilizarlos porque alguien que cree que Lucanamarca es un hecho político ya está blindado contra eso. Ellos están plenamente convencidos de su discurso político, por más desfasado y absurdo que sea, pero la raíz de sus planteamientos y sus asertos contienen una base ideológica que es necesario atacar. Así, se requiere debatir con ellos sobre el concepto de guerra, terrorismo, comunismo, pensamiento gonzalo, marxismo, pero no gritando, sino dejándolos hablar, permitir que balbuceen, que se confundan, que se contradigan. Si hay una diferencia entre ellos y Guzmán, es que éste sí leía y sí entendió lo que leía (sólo que ilusamente creyó que lo podía aplicar en la realidad peruana), mientras que aquellos apenas conocen las obras vinculadas al pensamiento que dicen defender.

Hace algunos días apareció un reportaje en “Tribuna abierta” -programa conducido por Rosa María Palacios- que trató en buena medida de cuestionar los puntos antes mencionados. Quedó evidenciada la ignorancia de los jóvenes del Movadef cuando no supieron responder qué pensaba Mariátegui de Gonzáles Prada, o cuando rehuyeron conversar sobre “El capital” de Marx. Aquí el periodista dio en el clavo: los muchachos están en la calle, y no resistirían el menor cuestionamiento por alguien con un buen manejo de conceptos políticos y jurídicos vinculados al tema de Sendero. Y es precisamente aquí donde hay que atacarlos con intensidad y sin piedad, pero siempre con respeto y de forma alturada.

No quedan dudas que Ortiz, Del Río, Delta y Thondrike son buenos conductores de noticieros, pero adolecen de una argumentación sólida (al menos así lo han demostrado con sus entrevistas) para rebatir ideológicamente a los partidarios del Movadef. Sus preguntas lo único que hacen es darles protagonismo y, para colmo, quedan mal parados cuando se desesperan porque sus interlocutores no les dan la razón en nada de lo que dicen. Este tipo de debates no sirven para nada y deben evitarse. Estos periodistas deben traer a Gustavo Gorriti, a Martín Tanaka o a Julio Cotler para que sean ellos los que hagan los cuestionamientos, y con esto no se están rebajando; todo lo contrario: con su intelecto le harán un gran favor a su país.

Entonces, es la ideología del Movadef lo que debe ser destruido. A ello debe acompañarse, claro está, una intensiva educación en los colegios y universidades sobre lo que significó Sendero Luminoso y un arduo trabajo por parte de los partidos políticos, mediante el adoctrinamiento, a fin de desbaratar los numerosos comités del Movadef que se han conformado a lo largo del país. Es aquí donde éstos deberán demostrar que el afán electoral no es lo único que les importa. Todo ello servirá para que la historia no sea un mero recuerdo y que todos esos testimonios hablados, escritos e inmortalizados en una fotografía o en un vídeo, calen en la memoria de todos los peruanos, exactamente igual que el inmortal diario de Ana Frank.

De curadores procesales que representan mal y otras criolladas

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A nuestra infausta Corte Suprema no se le ocurrió mejor idea que legitimar el estratagema perfecto para dilatar el proceso: comparecer al proceso interponiendo un recurso de casación, alegando que el curador procesal “no lo representó” bien. Lo que este astutísimo recurrente pretendía lo consiguió, pues la Suprema anuló todo el proceso… ¡y ordenó que se le notifique nuevamente al demandado! A continuación la sentencia y una opinión mía al respecto.

Medios probatorios de oficio: ¿deber o facultad?

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El artículo 194 del CPC es uno de los que más polémicas ha despertado y, también, uno de los que nuestra jurisprudencia suprema, para nuestra mala suerte, peor ha entendido. Recuerdo haber leído muchísimas sentencias contradictorias y, en algún momento, se comenzó a avizorar una tendencia que reconocía que no se podía “obligar” al juez de primer o segundo grado a ejercitar su “facultad” de iniciativa probatoria de oficio (si es facultad, entonces no hay obligación). No obstante, una reciente sentencia tiró todo eso por la borda y le dio una nueva -e inverosímil- interpretación a este manoseado enunciado normativo contenido en el art. 194 CPC. No pude resistir hacer una pequeña opinión que fue publicada en la edición de septiembre del año pasado en la revista Diálogo con la Jurisprudencia. Comparto con Uds. la sentencia, mi opinión y el comentario elaborado en Gaceta Jurídica al respecto.

Breve coloquio sobre el doble grado y la nulidad procesal

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Hace algunos días leí un artículo en la publicación virtual “Enfoque Derecho” de la PUCP, en el cual se argumentaba a favor de la abolición del doble grado de jurisdicción en nuestro país, y por ahí también se habló sobre la nulidad procesal (http://enfoquederecho.com/de-la-efectividad-del-nunca-jamas-desacralicemos-la-doble-instancia/). Lo cierto es que no pude resistir dar alguna opinión al respecto y, aunque los editores de dicho sitio web tardaron varios días en publicar el comentario, felizmente ya lo hicieron y lo transcribo a continuación.

(Cabe acotar que las referencias que no tienen que ver con el tema de fondo se explican leyendo el artículo y los comentarios anteriores al mío).


Estimado Fabio:

Qué gusto saludarte. Es francamente lamentable que hayas reaccionado de esa manera, cuando lo único pertinente por hacer era admitir el lapsus (pues es claro que te equivocaste en el nombre del libro). Tampoco era necesario hacer una disertación sobre filosofía del Derecho tratando de demostrar que sabes más que la persona que te hizo ver tu error, ¡y ni siquiera se conocen! Aconsejo mayor tino para una próxima oportunidad.

Pero más allá de eso, he leído con atención tu artículo y los argumentos que expones para atacar la institución del doble grado (denominación más técnica que doble instancia, por cierto) son ya bastante conocidos. Al respecto, existen escritos de Mauro Cappelletti, Nestor Oreste de Souza Laspro y Luiz Guilherme Marinoni que buscan justificar que el doble grado bien puede perjudicar el debido proceso del demandante vencedor en primer grado, y muchas otras razones adicionales. Inclusive, este último autor hace una análisis de la Constitución Federal brasileña concluyendo que ésta no garantiza aquella institución. Te recomiendo leer dicho artículo, se trata de “El doble grado de jurisdicción”, publicado en la Revista Jurídica del Perú, N° 104, octubre 2009, cuya traducción fue hecha por quien escribe. Tras su lectura, quizá adquieras una mayor convicción respecto de tu postura, porque los argumentos de Marinoni son muy fuertes.

Para no extenderme demasiado, quisiera criticar apenas dos aspectos de tu artículo.

1. Tu principal preocupación puede resumirse en la afectación a la duración razonable del proceso y todo el tiempo que implica la necesaria existencia del pronunciamiento por parte de la Sala revisora. Cierto, es un problema grave que el expediente duerma cerca a 1 año en la oficina del juez revisor esperando a que éste sentencie (ciertamente las apelaciones de autos duran mucho menos). Qué duda cabe que se agravia el debido proceso, en su manifestación del derecho a la duración razonable del proceso, pero esto es únicamente una cara del problema.

En efecto, la otra cara es lo que José Carlos Barbosa Moreira denomina “efectividad calificada del proceso”. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso no sólo debe procurar llegar a su término lo más pronto posible sino, y quizá mucho más importante que eso, es que la decisión sea justa. No estoy diciendo que esa sea la razón para que exista el doble grado, sencillamente pienso que no se puede sacralizar la duración razonable del proceso en desmedro de la calidad de la prestación jurisdiccional (lo cual es también una exigencia constitucional). En realidad, el proceso debe durar lo que tenga que durar, no hay que desesperarse, ni tampoco hay que tomar como premisa, por ejemplo, lo que los últimos presidentes del Poder Judicial suelen decir: lograr una mayor celeridad procesal. ¿De qué sirve la celeridad (entiéndase, que el proceso acabe rápido) si las decisiones de los jueces son pésimas? Así, lo que expones es solamente una parte del discurso, el cual no puede entenderse sin la otra. Y, es claro, sin la presencia de ésta, tu exposición está severamente incompleta.

Por otro lado, tu artículo comienza hablando de la relación entre Derecho y realidad. Curioso. Hay dos detalles en esta relación, al menos en lo que atañe a nuestro ordenamiento jurídico, que parece has pasado por alto. El primero es la preparación de los jueces (cosa que dejas de lado y yo no entiendo por qué), lo cual se ve reflejado en la calidad de sentencias que emiten. Así, con el nivel de jueces que tenemos, ¿en serio crees que el doble grado es un estorbo? El segundo detalle es la garantía de la pluralidad de instancias que expresamente reconoce nuestra Constitución. Si bien es muy criticable la forma en que se encuentra plasmado, hay que darle un contenido a esa disposición, como lo hizo el TC hace poco en el hábeas corpus de Fujimori. Pienso que si buscas criticar la figura del doble grado, mínimo debiste hacer referencia a esta norma constitucional y criticarla.

Finalmente, el gran problema de tu artículo sobre este tema es que buscas abolir el doble grado, ¡pero no das una propuesta concreta ni cómo podría implementarse en nuestro país! Sin esto, me temo que no cumples con tu objetivo de persuadir, como lo afirmas en alguna parte del texto.

2. Por cosas de la vida, he venido investigando el tema de las nulidades hace poco menos de 3 años. Al respecto, es correcto cuando afirmas que la nulidad es dialécticamente opuesta al proceso y cuando éste avanza, aquella retrocede. También es claro, por no decir obvio, que mientras más nulidades se interpongan, si el juez las declara fundada, el proceso no podrá avanzar. Sin embargo, me parece insostenible esta frase tuya: “No quiero abundar más para persuadirlos de que las impugnaciones interpuestas en los casos en que se adviertan errores in procedendo no tienen ninguna justificación”. Nuevamente ofreces la mitad del discurso. La nulidad es mala, debe ser evitada, retrasa la prestación jurisdiccional, pero no reflexionas por su razón de ser. Si es tan nociva, ¿por qué crees que ha sido un elemento consustancial a la idea de proceso desde Roma, cuando se identificaba la nulidad con la inexistencia? Muy sencillo: la nulidad es un mal necesario porque es el remedio idóneo para rehacer lo mal hecho, para reencaminar el procedimiento que no sigue su cauce normal. Así, si un acto procesal está defectuosamente construido y el vicio no puede sanarse, entonces éste debe anularse con todos los actos que de él dependan. Si se expide una sentencia tras un proceso con un representante falso de la parte demandada, entonces debe anularse. Por supuesto, no se puede abusar de la nulidad, porque es un remedio excepcional (por cierto, no hago uso de esa absurda clasificación entre recursos y remedios que plantea nuestro CPC), pero es absolutamente imprescindible para corregir lo mal hecho. Pero de ahí a afirmar que no tiene justificación es un gravísimo error. ¡Claro que la tiene! En realidad, las cosas no son tan simples como pareces creer. Que la nulidad sea mala no quiere decir que deba ser desterrada, exactamente igual que el doble grado. Otra cosa muy distinta es procurar fundamentar, mediante un riguroso análisis histórico, que ya no exista el reenvío en casos de pedidos de nulidad contenidos en impugnaciones recursales, como ocurría en algunos estatutos italianos del siglo XII. Pero esto es otra discusión que no es pertinente traerla a colación porque no la has mencionado.

Finalmente, creo que el primer comment a tu texto trae una recomendación que deberías seguir sí o sí: leer a Eugenia Ariano. El artículo de Priori del que extraes muchas de tus ideas (n. 8) tuvo su réplica en uno de Eugenia algún tiempo después, y por buena fuente sé que cuando ellos se encontraron, Priori admitió que su postura estaba equivocada.

Recibe un saludo cordial.