¿Hablemos sobre inversiones?

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Sobre la reforma de la Constitución se ha hablado hasta decir basta, al menos a nivel político y periodístico, pues quizá falte que la doctrina afronte el tema desde una perspectiva realmente crítica y sin privilegiar pasiones. Sea como fuere, los detractores han esgrimido muchas razones -muy válidas, por cierto- para evitar el cambio constitucional o, al menos, la reforma de la Carta Magna. Una de las principales es que podrían surgir problemas con las inversiones, puesto que para que éstas se desarrollen se requiere estabilidad, una estabilidad que sólo lo puede dar la no modificación del capítulo económico de la Constitución (al parece, todo se centra en este punto).

Al fin y al cabo, es totalmente válido que cualquier persona exprese sus opiniones. Todos estamos en el derecho de dar conocer qué es lo que pensamos sobre esta inocultable voluntad del Gobierno por tener una nueva Constitución. Sin embargo, hay ciertas personas que, por su cargo o la función que desempeñan, no deberían hablar de estos temas. Una de ellas, en mi opinión, sería el presidente del órgano constitucional que se encarga de hacer cumplir la Constitución. Por desgracia, el presidente del Tribunal Constitucional patrio no lo entiende así y dijo que le parece inoportuno hacer cambios en la Constitución porque los cambios pueden afectar las inversiones en el país (El Comercio web: http://elcomercio.pe/politica/1314755/noticia-tc-inoportuno-hacer-cambios-constitucion).

Al leer esta noticia, inmediatamente quedé pasmado: ¿Es que Carlos Mesía, por la alta función que desempeña, puede opinar sobre cambios constitucionales que legítimamente se están discutiendo en el Congreso? ¿Es que es políticamente correcto, alturado, que este señor  ande expresando lo que piensa sobre las inversiones? ¿Qué eso no le corresponde a las autoridades del Ejecutivo o del Congreso? Personalmente me parece inaceptable que quien, por su cargo, está sometido a la Constitución y debe hacerla cumplir diga, alegremente, que “le parece inoportuno” que aquella sea cambiada.

Pero, ¿realmente está preocupado por las inversiones? ¿No querrá acaso evitar que una nueva Constitución limite los poderes del TC (como sería deseable, desde mi punto de vista)? Lo cierto es que existe, por decirlo de alguna manera, un “conflicto de intereses” entre lo que él hace y lo que ha dicho, menos aún cuando él, como presidente del TC, no tiene por qué interferir en la discusión que se viene llevando sobre la reforma constitucional. Es más, me atrevería a decir que él la última persona que debería hablar del tema, y lo que ha hecho es cometer una falta gravísima desde una perspectiva de la ética en la función pública. Pero claro, si ni por sus sentencias ha sido castigado, menos aún lo será por sus destinadas declaraciones.

Habrá que desentrañar qué es lo que exactamente pretende conseguir o qué o a quién quiere influenciar (pues un hombre como él no dice las cosas por decirlas); eso se lo dejamos a quienes tienen habilidad para ello. Por nuestra parte, como ciudadanos, debemos repudiar esta conducta y poner en su sitio a este señor, cuyo mandato como juez constitucional ya venció y debe irse de una vez.

 

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